Para evitar el dispendio

Está en manos del Legislativo la reducción de los gastos de los partidos en las campañas. Habrá resistencias, sin duda, pues los principales beneficiarios de esto tienen destacados simpatizantes en la Cámara de Diputados e incluso un ex alto funcionario de la CIRT, Javier Orozco Gómez, ahora es el presidente de la Comisión de Radio y Televisión donde también participan José Julián Sacramento Garza ­concesionario de televisión por cable­ y Manuel Gómez Morín ex titular de RTC, quien se caracterizó por su aquiescencia con todo lo que dijera la CIRT.

Fórmulas

Más de 50% de los gastos de los partidos en las elecciones de 1997, 2000 y 2003 se destinó a la radio y la televisión. Con esa premisa, y a ocho días de que dejaran el cargo, los consejeros electorales del IFE, con excepción de Jaime Cárdenas, hicieron una propuesta para modificar la norma (en el contexto de una serie de adecuaciones en tres apartados: 1) el costo y las condiciones de la competencia; 2) las facultades de la autoridad, y 3) la mejor organización de los procedimientos electorales).

Los consejeros afirman que entre las fórmulas que otros países han utilizado destaca el uso exclusivo de tiempos oficiales: tiempos de Estado y tiempos fiscales, en franjas de mayor audiencia y no negociables, y distribuidos con criterios de equidad. "Esto significaría, obviamente, que ni los partidos ni los particulares podrían contratar tiempos de radio y televisión". Los consejeros aluden a una posición intermedia: "la mixtura entre los tiempos de Estado y la compra a través del IFE de tiempos adicionales en periodos de campaña, distribuidos con el mismo criterio de equidad".

Una tercera posibilidad es mantener el sistema que combina acceso a tiempos de Estado y compra de spots por parte del IFE con la contratación directa de espacios en medios por parte de los partidos, "siempre que se fijaran topes precisos para dicha compra". La ley establecería la obligación para que los concesionarios presenten sus pautas de programación durante las campañas a fin de que la autoridad verifique el cumplimiento de los topes.