Alfonso Gumucio-Dagron

A lo largo de más de 50 años los medios alternativos, independientes y ciudadanos han tratado de resolver el rompecabezas de la sostenibilidad.

No hay una sola experiencia de radio comunitaria, de teatro popular, de televisión local, de video participativo o de prensa alternativa que no haya pasado por etapas en las que la carencia de recursos parecía asfixiarla.

La trayectoria de supervivencia y desarrollo de los medios comunitarios se parece mucho a la de los artistas del circo que caminan en delicado equilibrio sobre una cuerda floja. A veces caen sobre la red y vuelven a subir para comenzar de nuevo. La diferencia es que en los medios comunitarios la mayoría de las veces no hay una red que amortigüe la caída, por ello muchos proyectos quedaron frustrados al poco tiempo de iniciarse, y no lograron establecerse en el seno de la comunidad.

Son pocas las experiencias que han sobrevivido sin apoyo externo. Casi todas tienen el respaldo económico de instituciones de la sociedad civil, de iglesias progresistas o de la cooperación internacional. Esto lo pude constatar cuando realizaba la investigación para mi libro Haciendo olas: Comunicación participativa para el cambio social¹: una mayoría de las 50 experiencias retratadas en el libro dependía en menor o mayor grado de aportes externos.

Muchas surgieron y se mantuvieron a lo largo de años como componentes de programas de desarrollo con financiamiento de organismos internacionales. Es el caso de grandes proyectos de producción y difusión de video documental y educativo para el desarrollo rural, como PRODERITH, CESPAC y CESPA que la FAO apoyó en México, en Perú y en Malí, respectivamente. Otra agencia de Naciones Unidas, Unesco, hizo posible el desarrollo de experiencias de radio comunitaria en Haití, Indonesia, Sri Lanka, Mozambique y otros países del Tercer Mundo y en años recientes ha comprometido su apoyo a telecentros comunitarios,² en colaboración con el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (CIID)³ de Canadá, una de las organizaciones más activas en el campo de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Unicef apoyó el Teatro Popular en Nigeria, los altavoces comunitarios en Filipinas,⁴ entre otros.

No habría ninguna emisora comunitaria en Madagascar, por ejemplo, si la cooperación suiza no hubiera apoyado la creación de Radio Mampita en Fianarantsoa, en la zona montañosa de la isla, y Radio Magneva en Morondava, en la costa occidental.

Aunque pueda parecer paradójico, incluso algunos gobiernos han dado su apoyo a la creación y mantenimiento de medios comunitarios. En México la red de radioemisoras indígenas surgió de una iniciativa del Instituto Nacional Indigenista (INI). Radio Kothmale, en Sri Lanka ­que suele ser citada como un ejemplo de convergencia entre radio y nuevas tecnologías­ tiene también el apoyo del gobierno, así como lo tiene la Televisión Serrana en Cuba y Radio Kiritimati en la isla nación de Kiribati, en el Pacífico.

La Iglesia católica progresista ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de las radios comunitarias, particularmente en América Latina. Desde los años 50, varios centenares de emisoras de radio comunitarias, urbanas y rurales, funcionan con el apoyo institucional de la Iglesia. Uno de los ejemplos interesantes es Radio Pío XII, en la región minera de Bolivia, creada inicialmente para "combatir el alcoholismo y el comunismo"; sin embargo, muy pronto se puso del lado de los trabajadores. Radio Kwizera, que sirve a los refugiados que llegan a Tanzania huyendo de la guerra entre tutsis y hutus, es un proyecto del Servicio Jesuita para los Refugiados.⁵ Algunas de las experiencias ejemplares de radio comunitaria en América Latina, como Radio Enriquillo (República Dominicana), Radio Huayacocotla (México), Radio Quillabamba (Perú), o la primera de todas, Radio Sutatenza (Colombia), surgieron como iniciativas de curas católicos. El Teatro La Fragua (Honduras), es otro ejemplo de iniciativa liderada por la Iglesia católica progresista.

El desarrollo de experiencias locales de comunicación participativa también ha sido posible por la iniciativa de instituciones no gubernamentales nacionales e internacionales, mediante alianzas solidarias con organizaciones de la sociedad civil. Así nació el proyecto Video SEWA (India), con el apoyo brindado a la organización de mujeres autoempleadas⁶ por Martha Stuart Communications (Nueva York). Esta misma organización apoyó años más tarde iniciativas de video participativo en Nigeria (Action Health) y en Egipto (Video & Sueños Comunitarios).⁷ El grupo de teatro Wan Smolbag, en Vanuatu, y el grupo de video independiente Maneno Mengi, en Tanzania, constituyen ejemplos de este orden.

Son relativamente pocas las experiencias que surgen en el seno de las comunidades, sin apoyo externo. El caso de las radios mineras de Bolivia es, en ese sentido, excepcional. Las radios sindicales de los trabajadores mineros, se financiaron durante muchos años con los aportes de los trabajadores, que destinaban un día de salario para el mantenimiento de las emisoras.

Las experiencias surgidas por iniciativa de las comunidades, tuvieron que acudir ­en diferentes etapas de su historia­ a apoyos solidarios externos para poder desarrollarse. Bush Radio (Sudáfrica), que nació clandestinamente al calor de la lucha contra el apartheid, cuenta hoy con el apoyo de la cooperación holandesa. Radio Izcanal (El Salvador), fundada por un grupo de refugiados retornados de Honduras, recibe el apoyo de la Fundación para la Asistencia a la Comunicación,⁸ también de Holanda.

Cada experiencia de comunicación comunitaria tiene una personalidad distinta y particular, de manera que este intento de agruparlas de acuerdo a su origen o a sus fuentes de financiamiento puede ser un ejercicio que no refleja con exactitud la naturaleza de los desafíos de la sostenibilidad.

Independencia y sostenibilidad

¿Significa que las experiencias de comunicación comunitaria, comunicación ciudadana, comunicación participativa, no son sostenibles por sí mismas? ¿Estamos frente a proyectos que son mantenidos artificialmente y que no pueden sobrevivir sin el apoyo externo? ¿Cómo han sobrevivido algunas experiencias a lo largo de varias décadas?

Por supuesto, hay varios ángulos posibles para analizar la sostenibilidad, y sería un gran error reducir este análisis únicamente a factores económicos. Que una experiencia sea sostenible en términos económicos, o incluso haya logrado su autofinanciamiento, no garantiza que cumpla las funciones de servicio a su audiencia y de fortalecimiento de las voces comunitarias.

La comunicación ciudadana, alternativa o comunitaria no puede existir si no es en función de la dinámica social en la que se desarrolla. Es en la relación que establece con su audiencia y en el proceso de participación comunitaria, que se justifica la razón de ser de una experiencia de comunicación comunitaria. En última instancia, no importa cómo haya surgido la iniciativa, mientras exista un proceso de apropiación comunitaria que garantice su autonomía y la independencia de su proyecto político y comunicacional.

La sostenibilidad económica, entonces, es apenas un factor entre varios que determinan la sostenibilidad de un proceso de comunicación comunitaria. Los otros factores importantes son la sostenibilidad social y la sostenibilidad institucional.

La sostenibilidad social está íntimamente relacionada con la participación de los actores sociales y con la apropiación del proceso comunicacional. Sin la participación comunitaria, la experiencia de comunicación se convierte en una isla en medio del universo humano en el que opera. La programación de la radio no puede sino reflejar las necesidades de ese universo humano y apoyar el proyecto político comunitario.

La sostenibilidad institucional es el marco que facilita los procesos participativos. Por una parte, tiene que ver con el marco legal, las regulaciones y políticas de Estado existentes, es decir con el ambiente propicio para que una experiencia pueda desarrollarse sin censura y sin presiones externas. Por otra parte, tiene que ver con los procedimientos y relaciones humanas y laborales en el interior de la experiencia, es decir, la democracia interna, los mecanismos de decisión y la transparencia de la gestión.

No existe una fórmula mágica para la sostenibilidad integral de los medios comunitarios, sin embargo, los tres componentes ­social, institucional y económico­ deberían tomarse en cuenta para lograr un equilibrio que permita no solamente la supervivencia sino el desarrollo de los procesos de comunicación participativa. En este texto pretendemos demostrar que sin un equilibrio entre los tres factores, la sostenibilidad a mediano y largo plazo es imposible.

Sostenibilidad institucional

La historia de los últimos 50 años nos muestra que nunca, en el contexto de los países del Tercer Mundo, se han presentado las condiciones ideales para que puedan desarrollarse experiencias de comunicación alternativa y participativa. Ello no ha impedido, sin embargo, que miles de experiencias se multipliquen en América Latina, en Europa, en Norteamérica, y más recientemente en áfrica y en Asia.

Los medios masivos de información en manos de empresas privadas nacionales y transnacionales no ven con buenos ojos el establecimiento de medios alternativos que pueden mermar su poder. Es un problema de orden económico, pero también político. Las vinculaciones entre los propietarios de medios masivos y los gobiernos de turno, democráticos o dictatoriales, han quedado ampliamente demostradas en varios estudios.⁹

El proceso de privatización y desregulación del espectro radioeléctrico, impulsado por organismos multilaterales de financiamiento, no ha hecho sino agravar una situación caracterizada por la concentración de medios en pocas manos y la expansión de redes y consorcios más allá de las fronteras nacionales. Los casos de Televisa y TV Azteca en México, así como el del Grupo Globo y el Grupo Abril en Brasil, son significativos, pero aun en países más pequeños puede observarse la misma tendencia. Cuatro canales de televisión y una red de radios de Guatemala pertenecen a una sola persona, ángel González González, un mexicano que reside en Miami, desde donde vigila otras inversiones en medios de comunicación en Nicaragua y Costa Rica.

Durante varias décadas, las radios comunitarias de América Latina lucharon por su reconocimiento por parte del Estado. Luego de haber sido víctimas de dictaduras militares y otros gobiernos autoritarios, libraron una larga lucha para lograr una legislación que reconociera su existencia y destacara su importancia como medios de expresión comunitaria que desarrollan programas sociales y culturales en favor de la población. En algunos países se logró que el Estado estableciera en la legislación una diferenciación entre las radios privadas comerciales y las radios comunitarias que no persiguen fines lucrativos, sino culturales y educativos.

Como resultado de ese esfuerzo sostenido durante muchos años, las radios comunitarias se multiplicaron particularmente en los países andinos, sobre todo en Bolivia, Perú y Ecuador, pero también en América Central. Un cálculo aproximado establecía que a fines de los años 90, más de cinco mil emisoras de radio comunitaria operaban en la región, cerca de dos mil en el territorio peruano.

La ola de privatizaciones de los años 90 ha afectado profundamente la situación de los medios comunitarios y en algunos países ha significado un retroceso. Durante las décadas de los 60 y 70 muchos gobiernos de América Latina toleraron el crecimiento de las radios comunitarias.

La situación ha cambiado abruptamente. Algunos países que reconocían y regulaban el funcionamiento de las radios comunitarias, hoy entregan las frecuencias radioeléctricas a empresas privadas o multinacionales mediante licitaciones públicas en las que el mejor postor obtiene las licencias. De ese modo, se favorece la acumulación de medios en pocas manos y se deja al margen de la ley miles de emisoras comunitarias que tenían anteriormente autorización para operar. El caso de Guatemala es particularmente dramático. Cerca de 70 radios locales, muchas de ellas operadas por comunidades de indígenas mayas, han sido declaradas ilegales. Recientemente, un spot publicitario de la asociación de empresarios de radios comerciales, hacía un llamado al gobierno guatemalteco para "encarcelar a los directores de las radios piratas, capturar sus equipos de transmisión y recuperar las frecuencias".

En países como Bolivia o Perú, donde las radios comunitarias se establecieron firmemente, los gobiernos no han podido aún silenciarlas, sin embargo las amenazas sobre ellas son permanentes. Por una parte la legislación ya no las ampara, o lo hace de manera ambigua, y por otra no existen políticas de Estado que estimulen su desarrollo. En El Salvador las radios comunitarias tuvieron que competir con las radios comerciales para comprar las frecuencias. Con el apoyo de ARPAS¹⁰ se obtuvieron dos frecuencias FM a través de las cuales transmiten una veintena de radios comunitarias, mediante una distribución cuidadosa de su cobertura geográfica.

Estos factores de orden "macro" tienen sin duda una enorme influencia en el desarrollo de los medios comunitarios. En áfrica, donde el desarrollo de las radios comunitarias es relativamente reciente, el panorama de la legislación es muy variado. Hay países como Sudáfrica y Benin cuya legislación ampara a las radios comunitarias, y otros donde la legislación no establece una diferencia entre radios privadas y radios comunitarias. En pocos años, esta falta de distinción puede llevar a la concentración de emisoras en redes privadas, y a la subasta de frecuencias.