Lidia Camacho
Lo grave de los errores históricos es que sus repercusiones no se presentan con total claridad y con toda su
fuerza sino cuando ya es imposible remediarlos. Tienen muchas caras y algunos hasta podrían pasar por acciones
movidas en beneficio de la sociedad. Sin embargo, si esos errores afectan a una nación entera y provienen del cálculo
egoísta y dañan radicalmente el bien común, se llaman simple y llanamente traiciones.
Escribo lo anterior porque creo firmemente que la votación llevada a cabo el jueves 30 de marzo en la Cámara
de Senadores en favor del dictamen de reforma a las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones es
una traición a la sociedad mexicana, a nuestra historia y a nuestro deseo de vivir en verdad en un país moderno,
incluyente, equitativo, democrático.
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Foto: Senado de la República |
Ciertamente, nuestra legislación sobre medios de comunicación estaba por cumplir el medio siglo y en su
anunciada renovación todos los que desde siempre hemos trabajado en y por los medios públicos veíamos la posibilidad de
que el horizonte se abriera a nuevas propuestas y que, en medio de un México que ya ha cambiado, se diera la
oportunidad a todos los sectores de disfrutar de más y mejores opciones en cuanto a lo que se puede ver y oír por radio y
por televisión.
Esa esperanza se fortaleció cuando, en 2002, se hizo una propuesta de ley que tomando en cuenta a la
sociedad plural en que vivimos permitía el crecimiento de opciones diversas en favor del bien social y del crecimiento
intelectual de la sociedad mexicana a través de mejores medios de comunicación.
Esa ley procuraba no sólo el mejoramiento de los contenidos, sino que también preveía la necesidad de
crecimiento interno de las instituciones y sobre todo la necesidad de ofrecer a los auditorios una radio y una televisión de
mejor calidad, acordes con los nuevos tiempos y con la posibilidad de beneficiarse con lo mejor de las nuevas
tecnologías. Por desgracia, tal propuesta no fructificó y fue sustituida con una ley muy bien pensada, calibrada con
magnífica precisión, para concentrar los beneficios de las comunicaciones del siglo XXI en unos cuantos, unos pocos,
como siempre.
Muchas son las repercusiones que se prevén con la aprobación de esta minuta. En primer término la
multiplicación por diversos canales de la pobre oferta de contenidos que hoy campea por los cuadrantes de radio y televisión.
La posibilidad de una mayor diversidad en contenidos se ha esfumado; en cambio, veremos, poco a poco y acaso de
un golpe, la proliferación de la vulgaridad, el lugar común y la falta de imaginación por todo el espacio radioeléctrico.
Otra consecuencia es que si bien es cierto que, desde el punto de vista jurídico, la radio y la televisión
educativa y cultural no desaparecen, sí se les condena a quedar arrinconadas frente a la proliferación de canales de radio
y televisión que traerá consigo la transmisión digital o a morir de asfixia por falta de recursos para poder realizar su reconversión tecnológica. Una tercera consecuencia es que con la nueva ley, prácticamente los así llamados
medios públicos no podremos tener acceso a los servicios adicionales inherentes a la tecnología digital.
Con la aprobación de esta ley, México ha perdido la oportunidad histórica de contar con una legislación
sobre radio y televisión moderna, incluyente, equitativa. Es seguro que hoy, los senadores y diputados cuya
propuesta triunfó estén de plácemes. Queden los nombres inscritos de todos aquellos que por perversidad,
conveniencia, irresponsabilidad, desidia o pereza mental aprobaron una ley que nos daña a todos, incluso a ellos mismos y a
sus hijos y a sus nietos. Porque dañar el bien común es, en términos históricos, un suicidio.
Enero 2009
