La democracia de los medios

Hace cuatro años, Emilio Azcárraga Jean dijo creer en la democracia porque ésta era un buen negocio. Para los medios electrónicos, y principalmente para Televisa, lo es sin duda, y formidable, aunque por encima de la ley favorezcan o perjudiquen a los partidos según la filia política y la óptica comercial de los concesionarios, en dispendio del erario y contra la equidad en las contiendas electorales. Esta vez lo documentó Proceso mediante una sólida investigación difundida el 4 de julio que, sin embargo, no tuvo el eco que debiera en la esfera pública mexicana tan descompuesta por el estruendo y el intercambio banal y tan sometida a los dictados de los grandes consorcios de la comunicación.

Al sustentarse en la Ley de Transparencia, María Scherer Ibarra recibió del IFE más de mil 600 documentos, entre ellos copias de contratos, facturas y pautas de transmisión relativas a las elecciones de 2003. La reportera demuestra cómo "los medios electrónicos aplican tarifas diferenciadas sin más criterio que su voluntad" y cita, entre otros ejemplos, el de TV Azteca. El 14 de junio de ese año, durante la final de balompié entre Monarcas Morelia y Rayados de Monterrey, esa empresa le cobró al PRD 500 mil pesos por un anuncio de 30 segundos, mientras que al PRI, en idénticas circunstancias le cobró 25 mil 375.01 pesos, es decir, casi 5% de lo que le facturó al PRD. Según las tarifas de esa empresa, el anuncio debió costarle a ambos partidos 150 mil pesos.

En 2003 los partidos destinaron alrededor de cinco mil millones de pesos para desplegar sus campañas electorales a través de los medios electrónicos, a Televisa le correspondió 60% de esa cantidad. El dispendio es enorme y la sumisión de los partidos para negociar las tarifas es a costa del erario, es decir, de los recursos fiscales que provienen de los ciudadanos. El asunto es todavía más preocupante cuando, como demuestra Proceso, hay medios electrónicos que cobran y partidos que pagan por las entrevistas que se les hacen a sus candidatos. A propósito, en la edición de octubre de 2003, etcétera reprodujo estos dichos del periodista José Cárdenas sobre Emilio González Martínez, expuestos en su programa de Radio Fórmula el 4 de septiembre de ese año:

"Yo me acuerdo de un programa de televisión de TV Azteca, un día hicimos un debate con los líderes de los partidos políticos, hablo del PRI, del PAN, del PRD, pues éste fue y se impuso, porque pagó su asiento, compró su boleto y estuvo ahí sentado, y lo barrieron, por supuesto lo barrieron y digo, no lo pelaban, pero en fin... él estuvo ahí a fuerza, bueno pues que entre. Yo qué voy a decir si yo recibo órdenes y las cumplo" (subrayado nuestro).

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A la virtud periodística de Proceso habría que agregar que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales fija un tope máximo de pago por anuncio de los partidos y que éste fue rebasado por aquellas empresas mediáticas, lo que para la fiscalización de la autoridad electoral debiera ser una irregularidad en la que incurren los partidos. Además habría que pormenorizar en que la Ley Federal de Radio y Televisión obliga a la SCT a establecer los montos mínimos de pago por ese concepto y que, al incumplir con esa responsabilidad, la autoridad alienta el libre arbitrio de los concesionarios, en perjuicio del erario y de la equidad en la contienda electoral porque, en efecto, como documenta el semanario, en reiteradas veces los medios electrónicos dan más espacio informativo a "los clientes" que pagan más y mejor. Al reportaje habría que incluirle las resistencias de los concesionarios por dedicar el tiempo oficial que marca la ley a las campañas electorales.

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El 27 de noviembre de 2002, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Nacionales del IFE presentó un informe sobre los promocionales de los partidos políticos y las coaliciones transmitidos en medios electrónicos durante la campaña electoral de 2000. Esto en virtud de que en la edición de ese mes etcétera había inferido, mediante una frágil metodología y sin tener la información completa, que no hubo equidad en la contienda por el trato favorable que las empresas de medios dieron al PRI.

En aquella ocasión, esa instancia fiscalizadora dijo que no tenía "elementos fundados, ciertos y precisos" del trato que dieron las televisoras a los partidos en aquel proceso electoral, es decir, que no sabía lo que había pasado al respecto, aun cuando en 2000 el titular de esa comisión, Alonso Lujambio, había felicitado a las televisoras por su aporte a la democracia en aquellos comicios. Casi dos años después y como resultado del empleo eficiente de la ley de transparencia que entró en vigor en junio de 2003, la investigación de Proceso sustenta que, al menos en la contienda de 2003, sí hubo tarifas diferentes.

En aquella publicación de etcétera y en ésta a la que aludimos de Proceso hay sólidos razonamientos para reformar la ley y obligar a los medios electrónicos a respetarla. También hay una crítica a la sumisión de los actores políticos frente a las empresas mediáticas, como la expuesta por Raúl Trejo Delarbre en Proceso:

"El poder político formal se ha allanado a la potestad de los medios. El gobierno, en especial durante la administración del presidente Fox, ha querido encontrar tantas complicidades con las empresas de radiodifusión que ha terminado admitiendo, como propios, sus intereses y prioridades. Los legisladores se han resistido a actualizar el marco jurídico de la televisión y la radio por temor a desatar el disgusto de los propietarios de tales medios, que se benefician con el atraso de ese régimen legal. Los partidos políticos temen exigir rectificaciones cuando se tergiversa la información acerca de sus actividades y dirigentes."

etcétera