El interés tiene los pies al revés

Reformar la Ley Federal de Radio y Televisión supone, entre otros asuntos, establecer reglas claras en la asignación de concesiones, para acabar con la arbitrariedad de la que se han beneficiado unos cuantos en desdoro de la democracia y de la libre competencia que ésta sugiere. Por eso los propietarios de los más poderosos medios electrónicos se oponen a tal normatividad y, aliados del gobierno y de varios legisladores, intentarán cancelar cualquier posibilidad reformadora dentro de la LIX legislatura.

Como lo expresó hace unos días en Crónica Raúl Trejo, mantener las cosas como están implicaría, por ejemplo, que las cerca de cien concesiones que usufructúa Televisa en todo el país, y que vencerán en octubre de este año, se refrenden por el gobierno con la misma, proverbial, discrecionalidad, que es el manto donde se tejen compromisos que modulan al gobierno respecto de los medios electrónicos y al revés.*

Foto: Bernardo Moncada

Dejar las cosas así, significa dejar de atender la radio irregular y permitir que tengan fruto las presiones de la CIRT para que, concebidas esas frecuencias como radios piratas, clandestinas o guerrilleras, sean intervenidas por el Ejército. Por cierto, el riesgo de que eso ocurriera fue mayor durante las últimas semanas de julio, de ahí el paquete de lectura que más adelante ofrecemos. Los empresarios no están dispuestos a que se reconozca la función social de la radio comunitaria ­que existe justamente porque esos medios no siempre cumplen con tal responsabilidad­ ni tampoco coinciden con la libertad de empresa que cuestionaría la concentración de las frecuencias radiales en cuatro o cinco familias. Prefieren socavar aquellas opciones en lugar de normarlas dentro de un proceso en el que, en efecto, se penalicen aquellas que, más allá de su situación irregular, violen la ley.

A finales de julio, etcétera solicitó a SCT la relación completa de aquellas frecuencias. Por vía telefónica, el director de Sistemas de Radio y Televisión de la SCT, Jorge Rodríguez Castañeda, dijo que no tendríamos la información "porque divulgarla alertaría a los delincuentes". Esa es la forma como las autoridades conciben a la radio comunitaria. El asunto, por supuesto, está en manos del Instituto Federal de Acceso a la Información.

Por todo ese intrincado sistema de intereses, entre los que hemos puesto sólo dos ejemplos, se menosprecia a la ley y a las instituciones democráticas. Es muy probable que, otra vez pero en la próxima legislatura, no haya reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión. Más aún si echamos una mirada a quienes podrían formar parte de la comisión respectiva en la Cámara de Diputados: Javier Orozco Gómez (PRI, ex funcionario de la CIRT); Eduardo Sánchez Hernández (PVEM, ex funcionario de la CIRT y vicepresidente jurídico de MVS); José Julián Sacramento Garza (PAN, concesionario tamaulipeco de televisión por cable), y Manuel Gómez Morín (PAN, ex titular de RTC y en esa calidad siempre proclive a los planteamientos de la CIRT).

* La cantidad total de concesiones ya es del conocimiento público y la información está en la página Web de la SCT, dependencia que el 1 de julio respondió favorablemente a la petición de etcétera porque esos datos fueran divulgados.