Ernesto Villanueva
En poco más de cuatro años México ha dado un giro vertiginoso en materia de apertura informativa. La aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental por unanimidad en el Congreso de la Unión el 30 de abril de 2002 y la aprobación de 28 leyes estatales constituyen el mejor ejemplo de esta afirmación. Es una de las reformas estructurales más importantes del país, cuyos efectos poco a poco se están viendo en políticas públicas, toma de decisiones personales e institucionales, combate a la corrupción y fomento de un periodismo de investigación. En cuatro años hay un conjunto de lecciones aprendidas significativas. Veamos.
Primero. La lucha por el acceso a la información en México tuvo el sentido de la oportunidad y la pertinencia. A partir de 2000,
académicos, organizaciones sociales con el acompañamiento de los principales medios de comunicación pusieron en la agenda del debate nacional el tema. No sólo eso. En lo que se denominó el Grupo Oaxaca se pasó de ideas genéricas a una estrategia puntual que supuso la redacción de un proyecto de ley y un mecanismo de socialización así como el cabildeo legislativo sobre la ley. En este punto hubo que vencer resistencias de todo tipo. Desde aquellas formadas en el desconocimiento de la trascendencia del tema hasta aquellas preocupadas precisamente por la importancia política, económica y social de la apertura. Hubo al final del día sólo dos iniciativas a debate (una tercera presentada por el diputado Luis Miguel Barbosa, del PRD, fue retomada por el documento inspirado en el Grupo Oaxaca), la de todos los partidos de oposición y la presentada por el partido en el gobierno, Acción Nacional. En un hecho histórico de compromiso con el país, la Cámara de Diputados permitió la participación directa de los expertos del gobierno y del Grupo Oaxaca para discutir artículo por artículo. Se llegó así a una redacción de consenso y se aprobó la mejor ley en la materia que las circunstancias políticas de ese momento permitieron.
Segundo. La renuncia voluntaria de los miembros del Grupo Oaxaca a formar parte del órgano regulador independiente, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, para evitar suspicacias de todo tipo, encareció los costos para que el gobierno federal designara a cualquier persona. Se pudo integrar en esa oportunidad un pleno del IFAI con una apreciable autonomía en sus decisiones y una voluntad significativa por la apertura. Acaso precisamente por eso hace poco hubo un intento fallido de un grupo de senadores del PAN por llevar a cabo una reforma legal que acotara la definitividad de las resoluciones del IFAI para los sujetos obligados a informar, quizá una de las conquistas más importantes de nuestra ley.
Tercero. En estos años paradójicamente se pudo constatar cómo en México el proceso de apertura informativa ha tenido una etapa
de crecimiento, mientras en Estados Unidos (que nos sirvió de modelo inicial) ha existido una regresión a raíz de los lamentables hechos del 11 de septiembre de 2001. En América Latina parece haber buenos deseos y una coincidencia en la importancia del tema. La realidad, empero, no va por el mismo camino que las expresiones públicas. Si bien existen iniciativas de ley en todos los países de la región, no se han construido, sin embargo, los consensos necesarios para su aprobación correspondiente, salvo en Panamá, Perú y República Dominicana. En Chile y Colombia las normas de procedimientos administrativos contienen dosis importantes de transparencia de la gestión pública. En Argentina, finalmente, un decreto presidencial se ha convertido en un primer paso en el ámbito nacional de ese país sudamericano.
Cuarto. No todo en México es miel sobre hojuelas, a pesar del saldo favorable en términos generales. El diseño institucional y las
políticas públicas de implementación de las 28 leyes aprobadas registran diferencias contrastantes. En algunos casos, la ley es simplemente un fetiche y cumple un cometido formal. En otros, los esfuerzos porque la ley se cumpla avanzan lentamente, pero avanzan al fin y al cabo. Y sólo excepcionalmente hay una dosis razonable de cumplimiento. únicamente en cuatro estados de la República se ha creado hasta ahora un muro infranqueable para la transparencia como derecho: Chiapas, Hidalgo, Oaxaca y Tabasco.
A pesar de todo, lentamente se ha formado una comunidad de transparencia que en sus diferencias coincide en este común denominador. Y esa unidad explica que la distancia que separa la prédica de la práctica cada día sea menos grande.
Enero 2009
