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El consejo, la mejor vía
Raúl Trejo Delarbre
De acuerdo: no hay que confundir a los instrumentos con el meollo del debate y no me refiero a
este intercambio sino a los desencuentros que presenciamos y en parte protagonizamos en las semanas
anteriores a propósito de la iniciativa legal para la radiodifusión. El método no es más que eso y no deja de
tener importancia por ser herramienta para exponer, discutir y eventualmente precisar coincidencias. Me
alegra advertir que, para José Carreño Carlón, considerar que alguna de las partes en este intercambio
pudiera haber considerado que su modelo de discusión era insuperable no pasa de ser una caricatura. Nadie
ha sugerido eso, hasta donde recuerdo.
Pero las que sí caricaturizaron fueron las apreciaciones difundidas en distintos medios para empañar
la discusión de la propuesta de ley. Esa instrumentalización que con tino señala Carreño ha llevado a
no pocos locutores, columnistas y concesionarios a identificar mecánicamente a la iniciativa con el
esfuerzo de un solo senador y a descalificarla con imputaciones
a priori que no han sido demostradas. Llamarle
la "ley Corral" para a continuación decir que amordazaría a los medios han sido fórmulas para
deslegitimar a un proyecto que no depende del empeño de una sola persona, por muy relevante y meritorio que
haya sido el impulso que le ha suministrado ese senador por Chihuahua.
La simplificación mediática también incluyó la especie de que los promotores del proyecto
querían imponerlo sin tomar en cuenta sugerencias o intereses que se expresaban acerca de él. Y, aquí sí,
el método ha sido parte del meollo. Hubiera sido inaceptable que una propuesta de ley que busca atajar
o al menos acotar el autoritarismo en las relaciones entre medios, Estado y sociedad, fuera promovida
sin discusión, reflexión ni interlocuciones. Por eso, uno con otra, método e iniciativa han resultado parte
de un mismo proyecto. El primero, ha sido congruente y sencillo: escuchar, discutir, redactar y volver
a escuchar. Posiblemente los senadores que proponen esa iniciativa no construyeron o no hallaron
todos los espacios deseables para ese intercambio. Pero también ha sido posible advertir reticencias
intencionales, recelos preestablecidos y desde luego interferencias interesadas entre los obstáculos que ha
encontrado ese debate.
No se ha tratado simplemente de un enfrentamiento entre buenos y malos sino entre intereses
de diversa índole. La disposición e identidad de esas fuerzas han sido patentes.
De una parte, se encuentran los consorcios mediáticos que prefieren mantener la relación
discrecional y en la que dominan cada vez más respecto del poder político, con toda la cauda de privilegios que
ha implicado.
En el otro flanco están quienes se oponen a la concentración, los abusos y las prerrogativas de esos consorcios. En ese terreno coinciden legisladores de diversas adscripciones y contradictorias
trayectorias, empresarios mediáticos confiados en ampliar la cobertura de sus consorcios, grupos sociales militantemente comprometidos con la ampliación de la oferta mediática, asociaciones e
instituciones que han practicado experiencias de comunicación no comercial y ciudadanos diversos entre ellos académicos y periodistas que consideran que en este asunto se dirime uno de los
temas fundamentales para la transición mexicana.
Se trata, sí, de una configuración de fuerzas polarizada y cuya sola descripción parece maniquea.
Pero de esa polarización no han sido causantes los promotores de la iniciativa de ley sino sus
antagonistas principales. Los grupos mediáticos contrarios a la modernización de la ley quisieron apoyarse en
los dictámenes, por definición parciales y repletos de fallas y falsedades, de especialistas a los que
contrataron para darle apariencia de seriedad a su descalificación del proyecto senatorial.
A comienzos de diciembre dije que lamentaba que entre esos documentos se encontrara el que
elaboró un grupo del área de Derecho a la Información de la Universidad Iberoamericana. Entonces escribí y
tengo la impresión de que esa frase fue mal y parcialmente leída que me inquietaba que desde esa
institución se les estuviera haciendo el trabajo sucio a los concesionarios de la televisión. Esa frase,
claramente referida al mencionado documento, fue confirmada por las comparecencias de sus autores y de
otros consultores de firmas mediáticas cuyos argumentos fueron idénticos que no han resistido la prueba
de la confrontación cuando se les requieren pruebas de las acusaciones que sostienen contra el proyecto.
En las semanas recientes he discutido por correo electrónico, en persona, en textos impresos,
en televisión con algunos de esos consultores. En ningún caso han podido sustentar las descalificaciones
que con tanta ligereza enderezaron contra el proyecto de los senadores, por ejemplo cuando dicen
que atentaría contra la libertad de expresión.
Por eso me da gusto, sinceramente, intercambiar opiniones en este espacio y en otros términos con José Carreño Carlón. Él recuerda que el Consejo de Radiodifusión ha enfrentado
resistencias y se pregunta si es la única vía para normar a los medios electrónicos. A mí me parece que no hay una
que resulte mejor, a juzgar por la experiencia internacional.
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Omisiones y errores del dictamen
José Carreño Carlón
Bien que hayamos reencauzado el intercambio entre nosotros. A mí también me alegra. Dentro
del propósito de contribuir a reencauzar asimismo el debate entre los protagonistas (que finalmente para
eso nos invitaron) concluyo planteando dos condiciones que considero indispensables:
1) determinar, con la mayor precisión, sin vanaglorias ni autoengaños de las partes, dónde dejaron
la discusión en diciembre y adónde quieren llegar, y
2) determinar qué falta por precisar respecto del listado de observaciones, críticas y sugerencias
al predictamen.
1. Dónde están, a dónde
van. Probablemente en la estrategia de precipitar la aprobación de un
dictamen antes del receso legislativo, el penúltimo día del periodo de sesiones se le incorporaron al
anteproyecto al menos 40 cambios, que días después no se había hecho circular. En cambio ya habíamos recibido
una serie de mensajes con interpretaciones triunfalistas del elenco prodictamen, que se apartaban del
verdadero estado de la discusión y de los alcances de lo acordado en términos del procedimiento legislativo,
que ya habrá oportunidad de seguir discutiendo.
Es necesario precisar si aquellos cambios marcan el nuevo punto de partida del debate, porque en
ese caso ya no tendría sentido seguir discutiendo los temas de contenidos de los medios, ya que aquella
noche se eliminaron todos los artículos relacionados con ellos. Pero en este caso tampoco tendría sentido
seguir hablando de una reforma modernizadora en ese campo, porque simplemente sería omisa al respecto.
Y se habría perdido la oportunidad de actualizar el debate mexicano en la materia.
¿Esto supone suprimir el tema o puede reencauzarse? ¿Será posible actualizar los conceptos que
trascienden la figura de "censura previa" para incorporar la de "condicionamientos previos", que la
normatividad internacional aplica a aquellas leyes que imponen a la información requisitos tales como veracidad,
oportunidad o imparcialidad, considerados incompatibles con el derecho a la libertad de expresión
reconocido en los instrumentos internacionales? Porque lo cierto es que la función de "informar de manera
objetiva, clara, completa, veraz, plural y oportuna", que en versiones anteriores le asignaba con un "debe"
el anteproyecto a discusión a los medios mexicanos, incurría con otros "debes" de esa índole en
esa incompatibilidad con la normatividad internacional y no parecía ocioso ni alevoso señalarla. No es que
los valores enumerados en esos "condicionamientos previos" sean deleznables, sino que sostienen los
instrumentos internacionales conllevan el riesgo de poner en manos de alguien, quien sea, el poder
de determinar qué información reúne los requisitos listados y, a partir de esa determinación que
siempre será subjetiva, discrecional decidir autorizaciones o sanciones a los medios.
Este ejemplo conduce al tema cuya discusión será más difícil de reencauzar: el del consejo previsto
en el predictamen cuyos integrantes tomarían las decisiones anteriores, además de prácticamente todas
las decisiones en materia de radio y televisión. La eliminación de la discrecionalidad tendría que ser, en
efecto, el principio a materializar al determinar la autoridad regulatoria, junto con el imperativo de evitar
confusiones y duplicidades.
2. El temario de
enfrente. Han faltado respuestas de los promotores de la nueva legislación a una
serie de observaciones. Reencauzar el debate exigirá despersonalizar los argumentos si provienen de uno o
de otro sector, de uno o de otro interés y proceder a responderlos.
Por ejemplo, en materia de convergencia tecnológica, no queda claro si la propuesta propicia ir
adelante y no en sentido contrario en la tendencia internacional a la incorporación gradual de todas las redes
de transmisión, telecomunicaciones y radiodifusión, a un mismo régimen regulatorio. En ese sentido,
parecería atendible la crítica a la pretensión del predictamen de regular las redes de
telecomunicaciones (televisión y audio restringido e Internet) en una ley de medios convencionales, cuando son éstos los
que tendrían que irse transformando e incorporando al régimen regulatorio del sector más avanzado.
En particular, no me parece descartable la propuesta de avanzar a la homologación del régimen fiscal de
los radiodifusores a la de los operadores de telecomunicaciones, eliminando otras formas de
compensación, incluso los tiempos de Estado, lo cual podría contribuir al financiamiento más transparente de un
sistema de medios públicos.
Y ante la necesidad de esclarecer el régimen concesionario y el permisionario, parecería atendible
la propuesta de simplificar un verdadero mecanismo de licitación pública, teniendo como criterio de
asignación el de una propuesta económica, y precisar un régimen de medios públicos, con bases claras
para su creación, financiamiento y desarrollo.
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En dónde están las resistencias
Raúl Trejo Delarbre
Me parece que hay que reconocer a la elaboración del proyecto de ley como un proceso en donde
han existido propuestas y réplicas, confusiones y aclaraciones, ensayos y errores. Las encendidas
susceptibilidades que remueve el tema de la reforma para los medios electrónicos han llevado la discusión de
los planteamientos sumamente cuidadosos a las formulaciones ríspidas y encontradas. De parte de los
adversarios del proyecto, singularmente entre los dueños de las televisoras, ha campeado una intolerancia
que fue reconocida, a su vez, con posiciones severas del otro lado. En la edición de diciembre de
etcétera Marco Levario Turcott reveló las presiones de los directivos de las dos televisoras más influyentes para
que el gobierno destituyera a la directora del Imer y al director de Canal Once. La supuesta falta de
esos funcionarios era haber participado en la organización de un encuentro para discutir la función de
los medios públicos.
De ese tamaño es la intolerancia de tales dueños y operadores mediáticos. Se consideran
propietarios de toda la televisión y todo el entramado comunicacional. Tanto así, que no soportan que haya
canales y estaciones con iniciativas distintas al interés meramente comercial.
El proyecto de ley de radio y televisión no terminaría con esas conductas pero contribuiría a
acotarlas. Por eso no es previsible que esos dueños y operadores mediáticos participen, y menos aun de buena
fe, en la discusión de una iniciativa que han rechazado, perseguido e infamado con gran insolencia.
Frente a esos abusos y engañifas, los errores de quienes promueven la reforma legal se relativizan
al menos un poco. El impulso a la iniciativa no ha estado exento de olvidos, ausencias y tropiezos. Uno
de ellos ha sido la dificultad para difundir el contenido de ese documento y los cambios que ha
experimentado. Ese proceso de ajustes tampoco ha sido explicado con claridad. De allí las peticiones que hace
José Carreño: que se defina en dónde vamos y se precise qué falta por resolver en la propuesta de ley.
Información al respecto, ha existido pero no siempre identificable o localizable de manera clara.
Las modificaciones al dictamen han sido difíciles de advertir. El 29 de octubre la subcomisión encargada
de elaborar ese documento dio a conocer un borrador muy avanzado y a partir del cual se ha formulado
la mayor parte de los cuestionamientos al proyecto de ley. A partir de los comentarios que recibió,
la subcomisión elaboró una nueva versión que se difundió el 7 de diciembre.
Ambas versiones del documento estuvieron disponibles en el sitio Web del senador Javier
Corral (www.senadorcorral.org). Lo más adecuado habría sido que la subcomisión contase con un sitio
propio, dentro del dominio en Internet del Senado de la República y que allí se diera cuenta, paso por paso y
punto por punto, de las propuestas, enmiendas y ampliaciones al proyecto de ley.
En ausencia de esa información detallada y aunque los documentos fundamentales han estado
localizables en el mencionado sitio de la red, es entendible que haya confusiones sobre ellos. La información de
El Universal publicada el martes 14 de diciembre a la que se refiere José Carreño en la segunda de
sus contribuciones en este intercambio, menciona algunos de los cambios que sus redactores hicieron
al proyecto de dictamen. Se trata de un texto de la reportera Lilia Saúl, titulado "Prevén quitar artículos
sobre los contenidos y reducir las sanciones". Allí se dice que hubo alrededor de 40 modificaciones, entre
ellas "todos los artículos relacionados con contenidos".
Esa información fue elaborada a partir del documento "Observaciones recibidas respecto al
dictamen de Ley Federal de Radio y Televisión" que la subcomisión dio a conocer el miércoles 8 de diciembre. A
partir de él, varios diarios informaron que el proyecto de dictamen estaba siendo corregido con las opiniones
de consultores, académicos y legisladores.
El Universal, por ejemplo, publicó el 9 de diciembre la nota
titulada "Depuran dictamen de radio y TV" de la misma reportera antes mencionada. Ésa y la información del
día 14 que menciona José Carreño son muy parecidas y tienen la misma fuente. Pero en el inventario
de cambios a la iniciativa, a diferencia de la afirmación de la reportera, no se dice que hayan sido
suprimidos los artículos relacionados con contenidos de la radio y la televisión.
Así que entre la confusión suscitada por sus adversarios manifiestos, la complejidad jurídica de
algunos de sus apartados y la dificultad para precisar cuánto ha cambiado y en qué, es entendible que José
Carreño y otros interesados en el tema no hayan sabido cuál proyecto se estaba discutiendo en cada momento.
El de los contenidos sigue siendo un tema pertinente y polémico. La autoridad que se propone para
la radio y la televisión no tiene atribución alguna para fiscalizar contenidos. Pero la enumeración de
principios cuya reivindicación en los medios es deseable, no debería estorbar sino contribuir a los
parámetros en los que se desarrollen la creatividad y la libertad en la televisión y la radio. La frase que cita José
Carreño sobre la aspiración para informar de manera objetiva, clara y veraz, entre otros fines, estaba en el
borrador del 29 de octubre pero ya no apareció en el del 7 de diciembre.
En cambio en ninguna de esas dos versiones se sugiere que la nueva ley de radio y televisión pudiera normar, además, algunos aspectos de la comunicación en la Internet. La convergencia tecnológica es una realidad pero su impulso no depende tanto del marco legal como del empuje de las empresas, el interés de los consumidores y la decisión del gobierno. No creo que pueda ser especialmente impulsada desde una legislación como la que nos ocupa. Los aspectos técnicos de la televisión y la radio, en cualquiera de sus modalidades, son regulados por la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Enero 2009
