El cuento de nunca acabar

Eduardo Ruiz Vega

Me gustaría poder decir que el aplazamiento de la discusión y eventual aprobación en el Senado de la República de la iniciativa de reformas a la legislación federal en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión (radio y televisión de señal abierta), me sorprendió. No fue así.

Durante años, dos décadas para ser más precisos, se ha discutido en torno a la necesidad de reformar la Ley Federal de Radio y Televisión. Pocos han sido los acuerdos que se han logrado a partir de estos ejercicios, pues normalmente se ha privilegiado la demagogia por una parte, mientras que por la otra se anteponen los intereses de los poderosos grupos mediáticos. Al final, las discusiones serias ceden ante el protagonismo de reformadores y posibles reformados, condenando a la sociedad a permanecer como un mero espectador de esta comedia de vanidades e intereses. Es el cuento de nunca acabar.

En materia de telecomunicaciones, en mi opinión de forma irresponsable e irreflexiva, el Legislativo federal promovió el desahucio de una ley moderna que fue promulgada apenas a mediados de la década de los 90. A través de la Comisión Parlamentaria de las Telecomunicaciones o CPT, integrada por legisladores de los tres principales partidos políticos pertenecientes a ambas cámaras del Congreso de la Unión, se promovió al inicio del sexenio del cambio una ambiciosa e innecesaria reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones. El resultado fue nefasto: la ley que se pretendió reformar sigue vigente, pero no se aplica como debiera ante la expectativa, que ya parece broma, de que una nueva ley algún día entre en vigor. Como muchos otros esfuerzos reformistas emprendidos en años recientes, los trabajos de la CPT derivaron en la presentación de una multiplicidad de iniciativas "tapón" promovidas para bloquear la iniciativa adoptada por la conferencia. Una reforma integral a la legislación en materia de telecomunicaciones se advierte, como en el caso de la radiodifusión, como una historia sin fin.

En medio de esta realidad y de forma por demás inusitada, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una iniciativa para reformar quirúrgicamente las leyes en comento. Más allá de la celeridad con la cual fue aprobada esta iniciativa o de las sospechas que despierta en estos tiempos el voto unánime de los partidos representados en el Congreso de la Unión, considero que la iniciativa promovida por el diputado priista Lucero Palma es positiva y bien orientada.

Los temas que aborda la iniciativa de Lucero Palma no son nuevos, sino todo lo contrario. Casualmente, lo que hace la iniciativa es retomar temas consensuados, de la máxima importancia para el sector de las telecomunicaciones (entendido en sentido amplio para incluir a la radio y la televisión de señal abierta), a mi entender con un afán de avanzar. La iniciativa es perfectible, pero lo perfecto es enemigo de lo bueno. Subrayo: todas y cada una de las iniciativas o proyectos de éstas que han pretendido reformar integralmente el marco jurídico de las telecomunicaciones han fracasado. Esta iniciativa, aprobada por la Cámara de Diputados, tiene posibilidades reales de convertirse en derecho positivo.

Sin perjuicio de lo anterior y del valor que habría que concederle a cualquier avance, por modesto que fuera, para lograr actualizar una ley que empieza a parecer eterna, una vez más, se ha desatado el ominoso litigio mediático que busca a toda cosa frenar el proceso legislativo.

Es pertinente aclarar que el avance que se obtendría de la aprobación y posterior promulgación de las reformas no es modesto. El fortalecimiento del órgano regulador; la convergencia tecnológica y de servicios que permitiría la gradual integración de la radiodifusión al resto de las telecomunicaciones; la eliminación de la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones, con la intervención de la Comisión Federal de Competencia para impedir una mayor concentración de recursos esenciales en esta actividad económica, son temas de altura.

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No todo es cuento

Ricardo Raphael

Ilustración: Juan Miguel Pozo

Se dicen demasiadas mentiras alrededor de las reformas que la Cámara de Diputados dispuso para las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión. Lo más curioso de ellas no es su flagrancia sino su inmensa candidez. Quienes las propagan tienen la soberbia ingenuidad de asumir que sólo ellos conocen ese texto legislativo. El senador Emilio Gamboa Patrón, por ejemplo, ha insistido una y otra vez en que los cuestionamientos a las reformas aprobadas por los diputados se basan en la ignorancia de sus críticos (El Universal 21/XII/05). Afortunadamente en esta ocasión el cretinismo no tiene posibilidades de quedar impune.

Se ha afirmado enfáticamente que la iniciativa aprobada por la Cámara baja fortalece al órgano regulador, es decir, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). También se subraya que elimina la discrecionalidad del Poder Ejecutivo sobre el otorgamiento de las concesiones. Si algo sabemos los seres humanos desde que somos niños es que la envoltura del caramelo poco tiene que ver con el sabor del dulce. Es cierto que la iniciativa del antes desconocido, pero ahora controvertidísimo diputado Miguel Lucero Palma, ofrece graciosas garantías de autonomía técnica, operativa y de gestión a la Cofetel. No obstante la única autonomía que le es explícita y quirúrgicamente negada a esta comisión es la del otorgamiento y ratificación de los títulos de concesión. Esta facultad, de aprobarse la iniciativa, quedaría en manos exclusivas de la SCT. Seguiría siendo competencia privilegiada del Poder Ejecutivo. En cambio, la Cofetel sólo tendría facultades de órgano opinador dentro del procedimiento para otorgar los títulos. Alguien a quien se le consulta, a quien se le pide juicio, voz y consejo. Pero que no contaría con autoridad definitiva en el asunto.