etcétera

Para reencauzar el debate

José Carreño Carlón y Raúl Trejo Delarbre

Reencauzar un debate sólo es posible cuando hay hombres inteligentes y de buena voluntad, como lo muestra este intercambio de ideas sobre el dictamen de ley de medios electrónicos y la estrategia política que para promoverlo han impulsado varios senadores de la República. No cabe duda de la solidez intelectual de este contrastante panorama expuesto por dos puntos de vista que, sin embargo, discurren a partir de la convicción fundamental de que el cambio de régimen de los medios electrónicos no sólo es un imperativo de la democracia sino que, además, ahora es posible.

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Falló la estrategia

José Carreño Carlón

Me atrae la propuesta de Marco Levario de contribuir a los esfuerzos para reencauzar el debate sobre una nueva Ley Federal de Radio y Televisión, a través entre otros elementos de un diálogo entre Raúl Trejo Delarbre y yo.

Abordo el tratamiento de las preguntas iniciales planteadas:"¿Está usted de acuerdo con la iniciativa de Ley Federal de Radio y Televisión?" y "¿Por qué?" con la siguiente enumeración:

1) Estoy de acuerdo con el esfuerzo que condujo a contar con un predictamen de nueva ley de radio y televisión.

2) Estoy de acuerdo con la mayor parte de los grandes propósitos recogidos. Entre ellos privilegiaría: acabar con la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones para usufructuar el manejo de medios electrónicos; acotar la concentración en muy pocas manos de estos medios, con miras a ampliar las condiciones para una mayor pluralidad en la comunicación pública del país; acabar con la precariedad jurídica que el actual régimen de concesiones genera a las empresas de comunicación; impulsar medios auténticamente públicos; garantizar los derechos de los particulares a contar con información de calidad y en cantidad suficiente, así como los derechos de las personas físicas y morales, públicas o privadas afectadas por los procesos informativos; moderar y yo iría al extremo de cancelar la publicidad pagada de los partidos (y agregaría la de los poderes del Estado: del federal y de las entidades) y fomentar el desarrollo tecnológico permanente en estos campos.

3) Estoy de acuerdo en la búsqueda abierta al aprovechamiento de experiencias internacionales y a la adecuación a las realidades nacionales de las más indicadas fórmulas jurídicas, institucionales y de participación social para alcanzar los objetivos mencionados.

4) ¿Y por qué mi opinión favorable en los puntos anteriores? Porque la estructura normativa e institucional de la radio y la televisión en México no corresponde a los cambios operados en el país en todos los órdenes. Porque el esfuerzo realizado en estos dos años ha llegado hasta ahora más lejos que lo que lograron los esfuerzos de más de dos décadas en el pasado. Y porque los grados de acuerdo alcanzados apuntan a nuevos avances en el esclarecimiento del problema y el análisis y el debate de las fórmulas para enfrentarlo.

Por otra parte,

No estoy de acuerdo con la estrategia seguida en las últimas semanas de 2004 por sus patrocinadores de dentro y de fuera del Senado. ¿Por qué?

1) Porque se generó la percepción de que se presentaba un anteproyecto de dictamen legislativo por definición sujeto al escrutinio, al análisis, al debate y a su modificación en busca de mejoramiento y acuerdo entre escrutadores, analistas y deliberantes como un texto sólo susceptible de ser suscrito al calce y votado a favor.

2) Porque esa estrategia se revirtió ante la realidad política, la discusión jurídica y la dinámica parlamentaria: las firmas recogidas entre los miembros de las comisiones senatoriales que supuestamente convertirían el predictamen en dictamen respaldaban un documento inicial muy diferente al que se llevó a la discusión de las comisiones unidas el 13 de diciembre de 2004. Y quienes seguíamos ese debate a través del Canal de Congreso pudimos observar intervenciones que de pronto parecían defender versiones anteriores sobre un punto central en el debate: la constitucionalidad del órgano regulador propuesto, lo que a su vez generaba la percepción de que las comisiones no estaban ante una propuesta madura para el análisis y el dictamen legislativo.

3) Porque poner una fecha límite para la aprobación de un dictamen como apuesta a ganar todo o a perderlo todo reconociendo además la pertinencia de seguirle incorporando observaciones que se agolpaban hasta la media noche de la fecha fatal generó una percepción de derrota de una causa que no ha sido ni debemos permitir que sea derrotada.

4) Porque tras más de dos décadas de bloqueo de este debate por la arrogancia del sistema de colusión del poder público y el poder de los medios, por primera vez se presentaron mayores márgenes de apertura a la deliberación, pero, por primera vez, también, lamentablemente, aparecieron signos de intransigencia y arrogancia del lado reformador. Y toda crítica, resistencia u oposición al anteproyecto y a su estrategia de promoción fue considerada producto de la ignorancia, mala fe, rendición ante la presión enemiga o la contratación o la compra de voluntades y opiniones por los concesionarios.

Reencauzar el debate supone, a mi juicio, revisar actitudes y estrategias, dejar la retórica de héroes y villanos, de víctimas y verdugos. Antes de que el debate se vuelva a desviar, ahora a las actividades y la trayectoria de unos o de otros, pues en las dos partes hay tela de donde cortar.

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El método, ejemplar

Raúl Trejo Delarbre

Claro que estoy de acuerdo. Me parece que se trata de un proyecto meditado, cuidadoso y realista y que ha sido consecuencia de un demasiado largo proceso de acercamientos y propuestas entre los interesados en la reforma jurídica para los medios electrónicos. En las consultas y deliberaciones suscitadas por los senadores que han impulsado ese proyecto, participaron todos los que quisieron. No sólo hubo convocatorias frecuentes, abiertas e insistentes. Además los contenidos de ese documento, conforme avanzaba su elaboración, eran conocidos en distintos medios. Una revisión hemerográfica medianamente atenta mostraría centenares de notas aparecidas, sobre ese recorrido deliberativo, en los dos años recientes.

Por su método, desde luego siempre perfectible, la propuesta de los senadores de la subcomisión encargada de esa reforma legal podría considerarse ejemplar. No recuerdo otro proyecto de ley ni siquiera en temas en su momento más estridentes como le legislación para los indios que involucrara tantas consultas, durante tanto tiempo y con la participación de tanta gente.

Pero desde luego no es sólo por el método que la iniciativa, cuya discusión proseguirá durante las primeras semanas de 2005, me parece reivindicable. Creo que su aprobación sería un avance en el proceso político mexicano por motivos como, entre otros, los tres siguientes:

a) Por el tránsito que implica, de la discrecionalidad autoritaria, a la deliberación responsable de las decisiones fundamentales para la televisión y la radio. La creación de un consejo con autonomía funcional, financiera y decisiones propias representaría un muy significativo salto de calidad respecto de las complicidades, parcialidades y oscuridades que ha significado la atribución gubernamental para decidir, sin reglas ni compromiso de transparencia algunos, la asignación y supervisión del régimen de concesiones y permisos que hemos tenido hasta ahora. Un consejo integrado por cinco ciudadanos, cuyas calificaciones tendrán que ser avaladas por el Senado y que serían designados por el Presidente de la República, tendría márgenes más claros y sobre todo un explícito contexto de responsabilidades y exigencias para tomar esas decisiones.

b) Por el establecimiento de límites a la concentración de muchos medios en pocas manos. A algunos nos gustaría que esta disposición fuera retroactiva pero implicaría una operación jurídica y política superior, que ni los legisladores están dispuestos ni el país parece interesado en emprender. Pero el señalamiento del 35% como límite para la posesión de concesiones en una misma plaza y por parte de una misma empresa parece pertinente no por sus efectos en la concentración actual sino por la diversificación que, a futuro, puede significar en el mercado audiovisual mexicano. Los autores de la propuesta han explicado con toda claridad que Televisa y TV Azteca, para referirnos solamente a la televisión, mantendrían las concesiones que tienen actualmente. Pero la posibilidad de abrir nuevas señales que difundan otros contenidos respondería, aunque sea en parte, al derecho de la sociedad a contar con una oferta mediática menos chata que la que hasta ahora abruma al dial televisivo.

c) Por la creación de reglas y espacios para los medios del Estado y los de carácter no comercial. Amalgamados ahora bajo la equívoca condición de permisionados, los medios de instituciones estatales contarían con formas de organización, incluyendo modalidades de participación social, que les darían una estabilidad funcional y administrativa de la que ahora carecen. Y los grupos sociales, entre ellos los de carácter comunitario e indígena, con intención y vocación para tener sus propias emisoras, dispondrían de facilidades atendiendo no sólo a la realidad del país sino a la creciente tendencia internacional que reconoce la existencia de radiodifusoras y televisoras de esa índole.

Allí me quedo en esta breve exposición de motivos para respaldar el proyecto de la subcomisión senatorial. Añado un breve comentario a los desacuerdos de José Carreño Carlón. La "percepción" que advirtió sobre las opciones cerradas, para rechazar o admitir sin reservas el proyecto senatorial, no ha sido compartida por muchos otros interesados en el tema. No sé quién le dijo que la propuesta era simplemente para ser aplaudida pero la incorporación casi cotidiana de enmiendas por parte de la subcomisión indica que los senadores que la promovieron, lejos de reclamar adhesiones acríticas, estuvieron muy atentos a numerosas sugerencias. La "retórica de héroes y villanos" como la llama aparece en los cuestionamientos a esa propuesta mucho más y mucho antes que en los argumentos de quienes la han respaldado. Decir que "toda crítica, resistencia u oposición" al proyecto y su promoción han sido descalificadas abunda en esa visión maniquea que no tiene sustento en el debate reciente y la cual, por cierto, no fueron los simpatizantes de la reforma legal quienes promovieron.

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Son instrumentos, no principios

José Carreño Carlón

La primera ronda desvaneció sustancialmente los aparentes desacuerdos que, insisto, son difíciles de identificar en el nivel de los grandes propósitos de la legislación que se promueve.

Los desacuerdos instrumentales suelen ser más abundantes y difíciles de procesar en toda discusión. Sobre todo cuando les damos categoría de valores a los instrumentos: a las fórmulas y herramientas pensadas para alcanzar los valores.

Es imposible eliminar las llamadas curvas de discrepancia, de la útil teoría del juicio social, cuando el debate enfrenta valores en conflicto, pero aún en ese caso es factible reducirlas a través del mayor intercambio de información deliberadamente orientada a ese fin. Y esa reducción de las cimas que separan a quienes se enfrentan por asuntos relacionados con valores permite dejar pasar el flujo de comunicación entre las partes y, eventualmente, la reducción de desavenencias para alcanzar acuerdos practicables sin deponer posiciones en el campo de los principios.

Para contribuir a reencauzar el debate sobre la legislación de medios, si el propósito es el de reducir esas curvas de discrepancia para alcanzar el acuerdo, quizá es necesario reiterar la necesidad de revisar actitudes y estrategias. Caricaturizo: insistir de un lado en que las posiciones propias y los métodos para hacerlas avanzar son modelos insuperables de creatividad y apertura en contraste con los del otro lado no sólo mantiene alta la curva de la discrepancia, sino que lo más seguro es que del otro lado la eleven más con su propia insistencia en que sus posiciones y métodos son los mejores. En términos parlamentarios, que es finalmente el espacio en el que se resolverá el debate, la apuesta a la polarización entre un lado de los buenos y otro de los malos sólo puede funcionar si se cuenta con capacidad para vencer al del otro lado, no si lo que se desea es convencerlo de intercambiar puntos en la negociación de posiciones.

Así, una vez establecidos los puntos en los que estamos de acuerdo cada uno, y nuestros respectivos porqués, quizá lo conducente sea pasar al análisis de los puntos bajo controversia. Por ejemplo, el acuerdo de contar con una ley que permita "pasar de la discrecionalidad autoritaria, a la deliberación responsable de las decisiones fundamentales para la televisión y la radio", se enfrenta al desacuerdo sobre si la única vía para lograrlo es la creación de un consejo como el planteado en el predictamen. Puede ser. Pero lo único cierto hasta ahora es que esa fórmula enfrenta resistencias que incluyen desde diferencias doctrinarias en el campo jurídico hasta impugnaciones relacionadas con la constitucionalidad de la vía para materializar esa figura mediante la legislación ordinaria. Para no hablar de quienes sostienen que la propuesta mantiene los mismos márgenes de discrecionalidad del presente, sólo que transferidos de unas a otras manos.

No considero que nuestro diálogo aquí pueda agregar algo esclarecedor a la controversia en este punto, pero sí creo que elevar la fórmula propuesta a una jerarquía de principio será la mejor receta para volver al estancamiento. Lo paradójico es que el debate de las pasadas semanas mostró entre los patrocinadores del predictamen apasionamientos sucesivos de tipo principista en favor de las diferentes figuras establecidas en también sucesivas versiones del documento: órgano desconcentrado u órgano descentralizado, con algunos agregados híbridos. Pero lo promisorio es que, con todo, estos cambios tenderían, para bien, a terminar de reducir este tema a su naturaleza instrumental no de principio para flexibilizar la búsqueda de una fórmula orgánica o institucional capaz de concitar el consenso sobre la herramienta para lograr la materialización del valor de poner fin a la discrecionalidad autoritaria.

Bien por la disposición del ejemplo anterior a incorporar observaciones, un mérito de los patrocinadores al que alude Raúl Trejo Delarbre en su párrafo final. No está mal que se mantenga, pero sería mucho más productiva una actitud de interlocución puntual, considerada, con los deliberantes del otro lado, en lugar de, primero, rechazar en público críticas y sugerencias y luego ceder ante ellas sin notificárselo ni a los críticos ni a los defensores. Otro ejemplo: mientras el debate subía de tono y se enrarecía, la noche del 13 de diciembre, entre impugnadores y defensores del capítulo de contenidos del predictamen, al día siguiente nos enterábamos en El Universal de que la versión no hecha pública, pero llevada desde la víspera a las comisiones unidas, ya había eliminado los artículos controvertidos, lo cual tampoco era lo más indicado ni era lo solicitado respecto al fondo: actualizar la regulación de contenidos conforme a las tendencias modernas, no simplemente suprimirla.