Lo que sigue, es la ley
En ocasiones tres meses, como los últimos de 2004, concentran 30 años, como los que pasaron desde
que comenzó a impulsarse en México el cambio del marco legal en el que operan los medios electrónicos. El favorable corte preliminar de este proceso es que no hay quien, en la esfera pública, acuerde con la permanencia del régimen actual y ahora, junto a la idea hegemónica de cambiarlo, 2005 trae consigo el reto de traducir la aspiración en ley y diluir uno de los expedientes más connotados que impiden hablar en el país de la democracia consolidada.
El proyecto que para tal efecto fue presentado en el Senado, y que con varias modificaciones será
discutido el 16 de febrero, comprende, según creemos en
etcétera, principios, valores y normas lo suficientemente
sólidas y coherentes como para aprobarse sin reparo. El consejo de radiodifusión que concentra la polémica es, a
juzgar por la experiencia de otras latitudes, la fórmula más acabada para que se establezcan, entre otras cosas,
lineamientos claros y equitativos para la asignación de concesiones frente a la actual arbitrariedad con la que se otorgan.
Insistimos, podría aprobarse aquel proyecto sin reparos aunque ahora, a la distancia de la primera
quincena de febrero, también sin aplausos: todavía le faltan añadidos, correcciones y adiciones (y eso lo saben
quienes promueven la ley). De ahí el paquete de lectura de esta edición. Por lo que a nosotros toca, creemos que en
esa discusión al menos hay dos aspectos fundamentales: uno es mantener la idea que se quedó en algún tramo
de las modificaciones que el documento tuvo, de precisar la función social de los medios comerciales en relación
con los contenidos de su programación y otro es desarrollar más las consideraciones jurídicas para la operación
de las radios comunitarias.
Además, cualquier proceso legislativo eficaz ha de considerar que, sobre la base de democratizar y
modernizar el régimen de medios como la razón de Estado que es, la nueva ley debe expresar los intereses legítimos
de quienes buscan participar en el mercado de la comunicación del mismo modo en que también comprenda
los intereses de los actuales empresarios del ramo. Que el proyecto cristalice con estos últimos, no contra ellos,
es deseable y posible y no lo decimos como profesión de fe, expresión ingenua o ramplón pragmatismo, sino
porque ése es un principio central del derecho además de una definición elemental de la política -la búsqueda de acuerdos-, y también porque la naturaleza de esa ley comprende la cesión sustancial de parte de los
intereses de los beneficiarios del viejo régimen de medios como lo muestra, entre otros ejemplos, el cambio del
sistema de asignación de concesiones y la tendencia que esto supondría para evitar la concentración de medios en
unas cuantas manos.
Por eso desde el Senado esperamos algo más que la ruta de coalición regida en el rijoso expediente de
la acusación o el protagonismo de epopeya, incluso aunque sepamos que, en parte, eso responda a la
estrategia de distorsión informativa o de difamación que sobre la iniciativa y contra algunos de sus legisladores han
puesto en marcha los propietarios de los medios electrónicos más influyentes del país. Más aún, esperamos talento
y sobriedad desde la Cámara -y también en el gobierno federal- aunque los industriales del ramo
continúen recurriendo a métodos de coacción, amenaza y chantaje. (En medio de todo esto, un buen signo son las
pláticas informales que entre éstos hubo en los primeros días de la segunda quincena de diciembre.)
El respeto a las instancias de representación, y la expectativa de llevar a buen puerto la iniciativa que de
ahí surgió, significa que los promotores de la ley antepongan la mesura, el rigor en la exposición y la
creatividad política no para denunciar a los concesionarios que no quieren el diálogo (o no sólo) sino para hacer
que participen y concurran en éste. Junto con el esfuerzo ya de por sí formidable de concitar intereses, durante
enero en el Senado también ha de reflejarse sensibilidad para mejorar el proyecto de dictamen e inteligencia para
no decir que todo aquel que critique algún rasgo de la ley es ignorante, tiene malas intenciones o ha vendido
los principios. De denuncias a traidores de la patria están llenas las buenas causas malogradas.
No ignoramos las resistencias y las presiones que algunos concesionarios ejercen, sobre todo de Televisa,
TV Azteca y Radio Fórmula, para evitar la nueva ley, más aún,
etcétera es el único medio donde se han
documentado. Tampoco dejamos de registrar las impugnaciones huecas pero estridentes junto con los insultos que,
en sigilo o en público, han proferido sus empleados o quienes pretenden congraciarse con ellos. Sin
embargo, creemos que los errores que haya en el Senado serán de mayor magnitud precisamente porque los
promotores de la ley han dado un paso notable en el esfuerzo reformador y porque ahora ahí, en la llamada Cámara alta,
está la instancia de decisión. Si hace varias semanas la CIRT se equivocó de ventanilla, ahora la ventanilla
que corresponde no puede ni debe extraviarse.
etcétera
