La descomposición
Esta revista especializada en el análisis de los medios de comunicación no puede hacer abstracción del deterioro de la esfera pública mexicana debido a las consecuencias que ya tiene y que podrían ser aún más delicadas, como lo hemos advertido en varias ocasiones durante este año.
etcétera cuestiona la participación que en esto han tenido todos los actores políticos e incluso los medios mismos, sin embargo, afirma que por las dimensiones de su cargo y por los errores en que ha incurrido durante su ejercicio, el Presidente es el principal responsable de la descomposición política y que de él depende atenuarla o profundizarla.
El Presidente es responsable, entre otras razones, porque en cuatro años no ha definido el proyecto de país que promovió en la contienda electoral en la que resultó elegido y porque con esa ausencia programática no coordina al gabinete ni impulsa la relación que debiera en la esfera pública y en los canales de representación, con sus adversarios y con los militantes de su propio partido quienes, aun sosteniendo intereses distintos, también han sido partícipes de tales omisiones.
Vicente Fox tiene otro diagnóstico y al menos hasta la primera quincena de julio dijo creer que lo antedicho es sólo un invento mediático. Aunque no empleó la palabra conjura, tan vigente como forma de encarar al adversario y evadir las responsabilidades propias, ello supondría que al tener esa facultad los medios estarían actuando juntos con el fin de lesionar la administración presidencial.
Sucesión, signo de la crisis
En 2000 Vicente Fox obtuvo en las urnas la más vigorosa legitimidad que mandatario alguno haya logrado en la historia moderna, entre otras causas porque supo capitalizar el deterioro del viejo sistema. Legitimidad, vale decir, la aceptación institucional del régimen y de las atribuciones de gobierno junto con amplias expectativas ciudadanas en su favor. Así, la alternancia planteó no sólo el compromiso de afianzar las reglas y los valores de la competencia política sino que también comprendió el reto de hacer eficiente a la democracia mexicana.
El gobierno federal y los partidos han incumplido con esas funciones básicas, pero el mayor costo político lo tiene el Presidente porque en él se concentró el favorable estado de ánimo ciudadano que generó la alternancia y porque el presidencialismo mexicano sigue siendo el vértice central de (casi) todas las decisiones importantes.
Un signo de la pérdida de legitimidad del Presidente es lo que ha dado en llamarse como sucesión presidencial adelantada. El fenómeno político expresa, sobre todo, que los partidos y el gobierno han puesto en segundo término, sino es que cancelaron, la ruta reformadora que requiere el país en el marco de este sexenio, incluso a pesar de que ya se ven en la economía los costos de tales omisiones y que éstas tendrán que ser enfrentadas por el Ejecutivo siguiente. El asunto es aún más complicado cuando el propio primer mandatario ha sido partícipe de la contienda política al consentir y en algunos momentos impulsar la candidatura de su esposa hasta que la presión política obligó a la señora Marta Sahagún a cancelar su objetivo aunque sin dejar claro que tampoco buscará algún cargo de elección popular en el futuro inmediato.
Descalificaciones
No sabe el Presidente de dónde proviene tanta imaginación en los medios y en los analistas políticos para afirmar todo esto. Incluso desconoce por qué se le ha dado tanta relevancia a los juicios que el 5 de julio, para documentar su renuncia, expresó quien fuera su secretario particular, vocero y director de Comunicación Social. Más aún, frente al golpe político más fuerte que ha recibido, el Ejecutivo incurrió en la desproporción de equiparar la salida de Alfonso Durazo Montaño con la traición de uno de los apóstoles de Cristo, lo que más allá de la descalificación sitúa al Presidente en el carácter mesiánico que él se ha querido construir.
Las opiniones del hasta entonces funcionario del primer círculo en Los Pinos no fueron extrañas a lo que desde antes se ha afirmado en los medios, más aún, son prueba de que éstos no inventan asuntos de tal envergadura. Ni más ni menos, Durazo afirmó que el Presidente no ejerce el poder público en el paradigma de la ética y que, en cambio, en el molde de la vieja cultura política participa en la conducción del proceso de sucesión presidencial para decidir quién sí y quién no puede acceder a tal responsabilidad.
El relieve que los medios le dieron al tema fue proporcional al tamaño de las aseveraciones del ahora ex funcionario del Presidente e incluso fueron el espacio donde pudieron analizarse las ideas expuestas en la renuncia (y la denuncia). Aunque varios magnificaron el ya de por sí delicado asunto y otros descalificaron sin más al ex vocero cuando no elaboraron hipótesis tales como que, en realidad, la dimisión fue para favorecer al jefe de gobierno del Distrito Federal.
Aunque no debieran ser el espacio más relevante para exponer las definiciones y las resoluciones políticas, los medios tienen la virtud de constatar la pobreza del debate público incluso cuando estos mismos enseñan posturas tan precarias como las mencionadas líneas arriba y que muestran otra vez que los medios no pueden inventar aunque lo pretendan.
Lo más importante de todo esto es que una situación de deterioro político no se desvanece en el imaginario de la voluntad presidencial que señala el deambular tranquilo de los mexicanos en las calles como prueba de que el país marcha bien. La crisis política se define en cualquier país democrático cuando hay ausencia de liderazgo en el gobierno y desprendimientos dentro de su esfera como los que hemos visto en los últimos meses, cuando no hay una ruta de compromisos reformadores y los adversarios no lo reconocen como interlocutor confiable y cuando se distorsionan los valores de la competencia política, más aún cuando, a pesar de todo ello, el Presidente dice que nada pasa.
etcétera
