Felícitas Martínez y Teresa Bautista

El pasado 7 de abril dos periodistas de una radio comunitaria del estado de Oaxaca fueron muertas a tiros. Esto ocurrió en el poblado de San Juan Copala, cuando Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, indígenas triquis comunicadoras de “La Voz que Rompe el Silencio”, se dirigían al Encuentro Estatal por la Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca. De inmediato diversas personalidades así como organismos nacionales e internacionales condenaron el hecho, pero esta vez no hizo lo mismo la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, que preside Javier Corral, ni con la prontitud ni con la contundencia que le ha caracterizado en otros temas relacionados.

Aquella penosa omisión contradice varios de los principales objetivos de la AMEDI, entre otros: 1) “Denunciar todo atentado a la seguridad de periodistas, señalando la amenaza, hostigamiento y restricción a su libertad de expresión en el ejercicio responsable de su profesión”; 2) “Promover el irrestricto respeto, por parte de las instituciones gubernamentales y los medios de comunicación, de los derechos relacionados con la obligación legal y ética de garantizar a los mexicanos información veraz y objetiva sobre los asuntos de interés público”; y, 3) “Evaluar y documentar, por sí o a través de los organismos a que se refiere el inciso anterior, las violaciones de los preceptos legales establecidos en el orden jurídico mexicano para garantizar el cumplimiento de las garantías relacionadas con el derecho a la información”.

La actitud de ese organismo social también es contradictoria no sólo porque, a pesar de que haya sido en épocas recientes, incorpora entre sus causas el reconocimiento legal a las radios comunitarias que se apegan a la normatividad que regula el ramo, sino que también lo es si tomamos como referencia a la postura que ha sostenido, por ejemplo, frente a la norenovación del contrato de la periodista Carmen Aristegui en la XEW –que la AMEDI consideró como un acto de censura– o en relación con la solidaridad que le ha expresado a Lydia Cacho en su periplo de sobra conocido.

Más aún, 14 días después del asesinato referido sucedió algo grave, en lo que incuso está involucrada una de sus integrantes, y ni así la AMEDI tomó cartas en el asunto. El 21 de abril, los delegados de varios organismos nacionales e internacionales que tienen entre sus fines garantizar el respeto irrestricto a la libertad de expresión y denunciar actos atentatorios contra ésta, se reunieron con Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad en la PGR. En aquel encuentro, el funcionario demostró enorme ignorancia en el tema pero, sobre todo, un alarmante autoritarismo y no sólo al poner en duda la condición de periodistas de aquellas mujeres muertas, sino cuando acusó a la vicepresidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) e integrante de la AMEDI, Aleida Calleja, de ser ni más ni menos que enemiga del Estado.

Aquí en etcétera, y en algunos otros medios como el noticiero de Carlos Puig en la XEW, Aleida Calleja ha relatado los pormenores de aquella reunión; en esta nota subrayamos el silencio de la AMEDI frente a las ignominiosas palabras del señor Castro Lozano expuestas, además, en contra de uno de sus integrantes. Vale la pena señalar, sin embargo, que a diferencia de la falta de un pronunciamiento oficial expuesto por ese organismo o por su presidente, Javier Corral, varios otros miembros de la AMEDI sí denunciaron lo que sucedió en aquel encuentro y también expresaron susolidaridad con la señora Calleja, entre otros, lo hicieron Miguel ángel Granados Chapa, Gabriel Sosa Plata y Raúl Trejo Delarbre, quien incluso consideró que la irresponsable actitud del subprocurador de la PGR ameritaba su renuncia.

26 de mayo

etcétera