Agosto concluyó entre trompicones legislativos que sólo avistaban la remoción de los consejeros electorales del IFE y daban cuenta de la estrechez de miras de los partidos políticos. Creímos entonces, y aún estamos convencidos de ello, que esa medida vulnera la autonomía de la autoridad electoral y que sienta un precedente fundamental sobre lo que podría ocurrir cuando los jugadores no estén de acuerdo con el árbitro.

Sin embargo, durante la primera quincena de septiembre se conoció un plan reformador de amplio alcance que, no sin errores como el antedicho u otros entre los que está la creación de una instancia de contraloría para el IFE y la no permisividad expresa para las candidaturas independientes, significa un cambio central en favor de la calidad democrática del país.

Aludimos a la supresión del gasto de publicidad de los partidos políticos en los medios de radiodifusión y a la cobertura de las campañas en los tiempos oficiales del Estado que serán acordados, distribuidos y supervisados por el instituto electoral, además, para evitar las llamadas campañas negativas. Ya veremos en los próximos días si, como nosotros creemos, se le sobrecargó de atribuciones al IFE y lo que esto implica en gasto y creación de infraestructura.

Al tomar como base los recursos gastados en publicidad de radio y televisión de los partidos en el proceso electoral pasado, eso significa un ahorro de dos mil 457 millones de pesos que deberán canalizarse a políticas públicas de salud y seguridad, por ejemplo. Por eso, entre otros cambios como la reducción de las campañas y la delimitación de las precampañas además de la prohibición de que terceros contraten publicidad en favor o contra algún partido, la reforma electoral es un avance decisivo en la consolidación democrática. Tal es la magnitud de lo que resolvió la Cámara de Senadores el 12 de septiembre y que fue convalidado por los diputados dos días después mediante el voto de las tres fuerzas políticas principales del país.

La comunicación política en la esfera mediática, desarrollada particularmente en la televisión, degradó el discurso de los partidos y lo sometió al imperio de los medios de radiodifusión que, como alguna vez dijo Emilio Azcárraga Jean, vieron en la democracia un estupendo negocio y no sólo financiero, hay que agregar, sino también político en virtud del enorme poder que adquirieron los emporios mediáticos.

La grotesca resistencia de las dos televisoras principales del país las registran como obstáculos de la democracia. Mediante artificios de diversa índole esos medios, que una vez más arrastraron a todos los integrantes de la industria, han querido mostrar a la reforma electoral como atentatoria de la libertad de expresión, entre otros embustes que no resisten el más mínimo análisis. La conocida exhibición que dieron en el Senado el 11 de septiembre expresa que la defensa de sus intereses está por encima de la democracia. Ya veremos el éxito que tendrán, esperamos que ninguno, con el empleo de las presiones, los chantajes y los incentivos que usarán para evitar que los congresos locales respalden las enmiendas constitucionales.

Pero una reforma no hace verano y a los partidos les falta aún respaldar la encomienda que tienen frente a los cambios que necesita México. Uno de ellos es la reforma al sistema de procuración de justicia, tema al que en esta edición dedicamos 42 páginas y del que en los números siguientes nos estaremos ocupando desde el crisol de los medios. Como siempre, nos anima mirar para adelante, a lo que sigue, sin dejar de tener en cuenta que, al menos en este año, el país tiene dos motivos de festejo y una esperanza: la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Televisa y la reforma electoral como dos motores de la reforma de los medios de comunicación. Mientras eso ocurre, brindamos por los pasos que se han dado en esos temas.

MLT