La marcha después de la marcha
La protesta social más vigorosa en la historia de México recordó el presente, el aquí y ahora de la
inseguridad pública, y cimbró el quehacer político dedicado a temas baladíes con la mira puesta en la sucesión
presidencial adelantada.
El 27 de junio cientos de miles de personas salieron a las calles del Distrito Federal y de otras ciudades del
país a exigir lo más elemental de la convivencia que ahora está convertida en miedo y dolor por la delincuencia y
la impunidad. Se trató de un reclamo hecho desde la indignación y el rencor, que con el "¡Ya basta!" subrayó
la incompetencia de las autoridades. Por eso la manifestación fue, sustancialmente, un acto político.
Nadie inventó la desesperación resuelta a impedir el detritus silencioso de la inseguridad; no desfiló una
masa movida por los hilos de la manipulación de la derecha, el oportunismo del gobierno federal y el amarillismo de
los medios de comunicación, como quiso hacer creer Andrés Manuel López Obrador quien, con el yunque en la
cabeza de sus obsesiones presidenciales, se puso el saco de una demanda hecha a todos los niveles de gobierno y de
paso insultó al libre albedrío ciudadano.
La dimensión y el efecto de la marcha no pueden explicarse sin el concurso de los medios, pero éstos no
crearon el hartazgo ni la movilización sino que registraron y alentaron su importancia. Ese día simplemente concurrió
una amplísima y representativa franja de la sociedad plural que comprende diversas y contrastantes visiones políticas
e ideológicas. El hecho también dice que la "sociedad civil" ya no es el "concepto" de las epopeyas provenientes
sólo de la izquierda y que, incluso, tiende a diluirse como el paraguas retórico que ha sido para el "análisis" y
para buscarle patente a casi cualquier cosa.
El mensaje social es claro, aunque por su naturaleza emotiva las proclamas ahí dichas entre otras, la
instauración de la pena de muerte no pueden ser un mandato. El reclamo político ha de tener respuestas en ese orden y,
por eso, en los tres niveles de gobierno está la responsabilidad de traducirlo en acciones inmediatas con las leyes
que tenemos (y proyectar los cambios que al respecto se requieran). Además, los partidos tienen la obligación
de emprender una reforma integral de la procuración de justicia.
Al concluir la manifestación, Vicente Fox actuó con el perfil de cuando era candidato y se dijo solidario con
su demanda, como si el Presidente no tuviera responsabilidad. Luego corrigió, el lunes 28 hizo una autocrítica a
su gobierno y recordó que en el Congreso hay, entre otras, una iniciativa de ley que él presentó para hacer frente
a la inseguridad. La marcha que más conviene al país es la que se dirija a las enmiendas legales y a los
recursos económicos que se requieren para abatir la delincuencia y, en ese sentido, los legisladores tienen la palabra.
Durante los días posteriores a esa manifestación hubo quienes exigieron, en el nombre de la "sociedad civil",
que ésta no fuera capitalizada políticamente. En realidad, esa manifestación no hubiera sido posible sin interlocutor
a quien demandar es decir, sin resortes políticos y, en consecuencia, sin el ánimo de encontrar una respuesta
en la esfera pública, o sea, política. Y de eso debiera tratarse precisamente, de que los políticos trabajen, hagan
política y de que capitalicen y encaucen la energía social, presenten sus propuestas y sean capaces de ponerse de
acuerdo porque, en sí misma o por sí sola, la sociedad no puede ni debe actuar al respecto.
El reclamo popular no es etéreo ni puede quedarse en el marco emotivo y para atenderlo están los políticos
que tenemos y los mecanismos institucionales con los que contamos. Asumir esto es fundamental porque de ahí
parte la pregunta de lo que sucedería si no hay respuesta dentro del actual sistema político y si por ello esa
manifestación podría llegar a ser un punto de quiebre histórico rumbo a otros métodos, los que algunas pancartas y algunas
voces señalaban como vías de protesta y que podrían sintetizarse en buscar justicia por mano propia.
etcétera
