Luis Miguel Carriedo

Fue como si una voz dijera a San Lázaro, levántate y anda. Y es que los diputados se levantaron y anduvieron el camino que les marcó el consorcio.

Pero aquél no fue un milagro de 15 minutos, sino de cinco: la resolución es unánime pero afuera espejismo, en la realidad de un México diverso y plural que diluiría el consenso absoluto y reclamaría discusión, poner de relieve la función pública de los medios y, entonces, frenar la ley Televisa. De este modo lo hizo y no detallamos en las observaciones que también haría el IFE porque esta edición cerró el 1 de febrero, más o menos una semana antes de que se hiciera oficial el anuncio. Tampoco detallamos otras opiniones sotto voce, como los encuentros entre funcionarios del consorcio y Ramón Muñoz, o el que sostuvieron esos empresarios con el titular de SCT y el subsecretario del ramo, sólo las comentamos para subrayar el desorden que hay en el gobierno federal, que no tiene postura al respecto.

La ilusión viaja en consenso

La iniciativa fue elaborada y coordinada por el abogado de Televisa, Javier Tejado Dondé, desde mediados de 2005. El funcionario lo hizo con cálculos certeros porque nadie puede decir que la minuta avanzó sin rastro alguno. Por ejemplo, Tejado esperó hasta los últimos días de noviembre, una vez presentada la propuesta formal, para avisarle al presidente de la CIRT, Alejandro García Gamboa. Lo hizo en una nota que le entregó el viernes 25 en la tarde según el sello institucional de la agrupación: "En diputados, se presentó una iniciativa de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por un legislador del PRI. Hasta ahora no hay fecha de dictaminación", escribió el abogado. García Gamboa no transmitió el aviso a todos los afiliados antes del 1 de diciembre.

Fin de la unanimidad

El peor momento de Alejandro García es cuando se siente presidente de la CIRT, según dicen varios agremiados. En realidad, su cargo fue impuesto por Bernardo Gómez y por eso desde hace dos meses ha hecho equilibrios frente al enojo de muchos empresarios por la dichosa minuta. Así ha tenido que enfrentar la oposición de Rogerio Azcárraga y Roque Chávez y al mismo tiempo decir que la iniciativa es un avance. El 14 de diciembre fue severamente cuestionado en un desplegado firmado, entre otros empresarios, por los personajes arriba citados. Las palabras son contundentes:

"En relación con el desplegado publicado por la CIRT en que se asume una total representación de la industria de radio y televisión, los que suscribimos manifestamos nuestro pleno rechazo a su contenido ya que una vez más no fuimos consultados debidamente para su conocimiento y aprobación [...] De aprobarse la minuta enviada por la Cámara de Diputados, después de un proceso realizado con inusitada rapidez, podría ocasionarse un daño irreversible."

El 8 de diciembre, el presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, envió al presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado una opinión sobre la minuta diciendo que no evita fenómenos de concentración en la asignación del espectro, y que propicia el favoritismo hacia las empresas que ya tienen concesión. También protestan la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el relator especial para la Libertad de Expresión, Eduardo Bertoni, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, así como el subsecretario de la SCT, Jorge Álvarez Hoth, y los senadores que impulsaron hace tres años una iniciativa de reforma integral a la ley.

La prensa siguió el tema, particularmente El Universal que incluso promueve descalificaciones forzadas a quienes apoyan la iniciativa, como cuando el diario cuestionó al panista Héctor Osuna de tener conflicto de intereses al presidir la Comisión de Comunicaciones y Transportes y ser parte de una empresa de telecomunicaciones. En realidad Osuna busca el respaldo de Televisa en pos de la gubernatura de su estado. El director de ese diario, Juan Francisco Ealy Ortiz, cambió los discursos y publicaciones que usaba apenas en 1998 para descalificar al entonces diputado Javier Corral por sus propuestas de modernización al marco jurídico de los medios de comunicación, y ahora no sólo coincide con él, también crítica a las televisoras con las que otrora hubo coincidencia. Ahora hasta los retos que el legislador lanza para debatir merecen portada (como el que hizo a Javier Orozco).

En septiembre de 2005, Ealy le dijo a Gerardo Montes:

"Cualquier medio impreso que no tenga en sociedad un medio electrónico, a largo o corto tiempo, va a desaparecer [...] Es una situación de justicia que un medio impreso de 90 años tenga también sus medios electrónicos" (Zócalo, octubre de 2005). De ahí el viraje: es por justicia.

El 12 de diciembre un grupo de académicos, periodistas e incluso empleados de Televisa como Héctor Aguilar Camín, publicaron dos desplegados llamando al Senado a no aprobar tal cual la minuta. El dueño de grupo Pegaso y ex directivo de Televisa Alejandro Burillo pide "un estudio a fondo de las reformas aprobadas de manera apresurada: cualquier error jurídico que se pretenda cometer [...] afectando la equidad y los esquemas de competencia, repercutirá definitivamente en el futuro del país".

¿El fin justifica a los medios?

Es tal la animosidad con la que se expresan diversas voces contra la minuta que se notan excesos como la advertencia de una operación de Televisa, encabezada por Javier Tejado, para amarrar el consenso en el Senado a mediados de diciembre. En realidad, por esos días Tejado no estaba en el país, sino en Houston, atendiendo asuntos personales. Más aún, en esos días directivos de El Universal valoran la posibilidad de difundir llamadas telefónicas del funcionario de la empresa, lo cual es ilegal y no sería la primera vez que lo haría el periódico de la causa contra Televisa. Por su parte, en los informativos del consorcio se preocupan por primera vez del programa e-México. Lo hacen para golpear al subsecretario de la SCT por atreverse a estar contra ellos y por eso no reparan en las enormes inconsistencias de la información que proporcionan al respecto.