En principio, subrayé, porque al transferir el recurso de las decisiones políticas a los medios, los medios empiezan a actuar como agentes directos de poder, y los poderes públicos se van convirtiendo en poderes diluidos, para usar la terminología más reciente en esta materia.

La danza de las cifras (2)

En cuanto al dinero. Si tomamos la ecuación completa: "Política, medios y elecciones", tenemos que partir del hecho de que el gasto presupuestado en comunicación, sólo por el Ejecutivo federal, si sigue la tendencia de los últimos diez años, rebasará el año próximo los dos mil 500 millones de pesos, a los que hay que agregar los cerca de mil 200 millones de pesos que escribía Juan Manuel Martínez, que gastarán los partidos en este rubro, de los seis mil millones que recibirán de prerrogativas.

La derrama para la industria de la comunicación, dentro de esta ecuación -de política, más medios, más elecciones- rebasaría, así, en términos conservadores, en el año electoral, los cuatro mil millones de pesos. Y eso dejando fuera el gasto de los gobiernos locales, como el del DF y otras entidades federativas con alto gasto publicitario, oculto de las más diversas maneras.

Y hay todavía otras cifras, que Jesús Ramírez publicó el 16 de octubre en el suplemento Masiosare de La Jornada, que se completa con otro de Alonso Urrutia, con el título "México, el país de AL que más gasta en campañas presidenciales", y un balazo que explica que nuestro país "Supera diez veces lo invertido por Chile o Colombia, y por cinco a Argentina o Puerto Rico".

En el primero de esos textos se dice que las dos grandes empresas de la televisión mexicana "se adjudicarán el 70% del financiamiento a los partidos políticos el próximo año": "casi cinco mil millones de pesos", afirma el artículo, que atribuye la cifra a "cálculos del IFE". También dice que sólo las "precampañas" le han "proporcionado" a la principal de esas empresas "ingresos por unos 200 millones de pesos, más de un millón de pesos diarios, que no serán fiscalizados", continúa el mismo artículo.

"Política, medios, dinero y elecciones", sería entonces la ecuación a manejar ante este desproporcionado crecimiento del gasto de publicidad orientado, explícita o implícitamente, a la promoción de candidaturas, ya sea desde los puestos públicos, en las llamadas precampañas, o desde los comités de financiamiento en las campañas.

Ello marca una tendencia y anticipa una creciente dependencia de la política al poder del dinero. Episodios distorsionantes de la ecuación "Política, medios y dinero" tenemos muchos en el mundo, algunos cercanos, en España, Alemania, Estados Unidos, Latinoamérica. Pero volviendo a México, una de las demandas más sentidas del electorado de hoy es la que aboga por una disminución drástica del costo de las campañas, no bajando unos cuantos sueldos de consejeros y magistrados, como lo suele simplificar demagógicamente el candidato presidencial del PRD, para ganarse una entrada en los noticiarios o una cabeza en algún diario, pero sobre todo para ganarse el favor de los grandes medios con esta fórmula escapista del verdadero problema.

Lo que es preciso acordar ya son las nuevas modalidades que reduzcan efectivamente las transferencias masivas de recursos a esos medios, por parte de los partidos y los candidatos -y de los gobiernos y los gobernantes que aspiran a ser candidatos- sea desde el gabinete federal, del gobierno del DF o de otros regímenes locales.

Lo que tenemos para el año próximo es que un 30 o 40%, o un 60 o 70% de los miles de millones -cualquiera que sea la cifra real- erogados por los gobiernos, el federal y los estatales, y los partidos, todos, irán a las empresas de televisión, y el resto a radio y medios impresos, como parte, sólo como parte, de los recursos que transfiere la política a los medios, a cambio de los recursos que les proveen los medios a los políticos.

Más allá de la equidad entre partidos

Y esas cantidades -hay que insistir- sólo representan una parte de los recursos que le transfiere la política a los medios -a cambio de los recursos que le transfieren los medios a la políticos- porque la otra parte está constituida, como quedó anticipado, por los recursos en forma de decisiones estatales que los políticos les transfieren a los poderes que controlan los medios. Por ejemplo, la decisión de legislar o no legislar en los temas que involucran los intereses de esos poderes de control de los medios; o de las decisiones de otorgar o no otorgar concesiones, franquicias, contratos, igualas, etcétera, a las empresas de comunicación, o sus detentadores y operadores.

De manera que el problema rebasa con mucho la discusión para hacer más funcional, o más racional, o más justo, el papel de los medios en los procesos electorales.

En este plano, hay que registrar una perspectiva moderada, que propone simplemente limitar y controlar la disposición de los recursos de los políticos, desde su origen hasta su transferencia masiva a los medios, y una perspectiva más radical, que propone sacar, de plano, los procesos electorales del mercado de la publicidad, desde diferentes modalidades.

En todo caso, un debate en esos términos nos plantea decisiones que -aun en el remoto caso de que se llegara a un acuerdo- ya no se podrán adoptar, en términos de soluciones legislativas, para la elección que tenemos encima. Por eso parece recomendable limitarnos hoy a plantear el problema con el mayor realismo, a partir de los instrumentos que hoy nos otorgan las leyes, tanto a las autoridades y los órganos jurisdiccionales en materia electoral, como a la sociedad y sus espacios de debate, investigación, análisis y difusión. Particularmente, las instituciones de educación superior.

El observatorio social como derecho suave

En este punto fue que subrayé en el seminario mencionado una coincidencia amplia en el debate público, ante la cual el IFE ha sido altamente receptivo: la necesidad de promover interacciones con redes sociales de participación para respaldar a la autoridad electoral, mediante una nueva agenda de observación de los procesos y de acompañamiento ciudadano, en esta nueva etapa que, todo mundo dice desear, de consolidación de la democracia mexicana.

En otras palabras, si ya no fue posible contar con una actualización legislativa que enfrentara todos estos problemas asociados a la política, los medios, el dinero y las elecciones, si no contamos con un marco de derecho duro para poner orden en todos estas desmesuras, sí podemos contar con fórmulas de derecho suave, soft law, como llama la tradición angloamericana, para contener y encauzar, en parte, al menos esos desbordamientos.