Miguel Orozco Gómez / Aleida Calleja

Los piratas del espectro
Miguel Orozco Gómez

En el mundo de la radiodifusión existen diferentes problemáticas, que van desde las de tipo técnico, hasta las que tienen que ver con cuestiones comerciales. En esta ocasión, haré referencia al fenómeno de las "estaciones piratas", las cuales ­según sus promotores­ surgieron como alternativa a las legalmente establecidas. La mayoría transmite mensajes de carácter subversivo o música y comercializan algunos de sus espacios; y con el tiempo buscan a través de diversas organizaciones civiles convertirse en permisionadas.

Otra denominación que se les otorga es "radio ilegal"; es una de las más usadas, junto a "pirata", que en ambos casos se usa para referirse a las estaciones de radiodifusión que se establecen sin concesión o permiso de la autoridad.

Aunque los promotores de este tipo de estaciones argumentan que son una "nueva opción" o bien, carecen de espacios de expresión y del apoyo gubernamental, situación que según los obliga a la "clandestinidad". En nuestro país, una vez aparecidas las primeras emisoras de este tipo, comenzaron a circular varios términos, con los que se buscaba nombrarlas y definirlas. Encontramos así como sinónimos de radios piratas a las libres, educativas, insurreccionales, comunitarias, etcétera; sin embargo la mayoría de esas palabras surgieron en sitios muy exactos, en el contexto de situaciones coyunturales muy concretas y de acontecimientos políticos muy determinados, bajo la premisa de la "democratización de los medios", pues desde la ilegalidad pretenden hacer frente a un sistema de medios específico y legal.

En México, el fenómeno de las radios "piratas" o "ilegales" ha venido en aumento en los últimos seis años. Derivado de una influencia política proveniente de Centro y Sudamérica, se han introducido en el espectro radiofónico justificando su existencia como espacios de comunicación para pueblos indígenas, y que son una forma de "democratizar" a los medios de comunicación. Así la AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias) se ha establecido en México y ha presionado al gobierno federal para legalizar algunas estaciones de este tipo.

El hecho es que, en la actualidad, operan más de un centenar de estaciones "piratas", que se han establecido con la finalidad de obtener un permiso, y propagar su ideología. No hay que perder de vista situaciones como las ocurridas en algunas presidencias municipales, como la de Nacozari de García, en Sonora, donde existe "Radio Imagine", y el alcalde ha señalado que " ... mientras en el Distrito Federal se debate la solicitud del jefe de gobierno, Marcelo Ebrad, para tener su canal de televisión y estación de radio yo ya tengo mi medio...", o el caso de la televisora evangelista en Chiapas, que fue lanzada para promover su credo.

En los mensajes principales que se difunden a través de este tipo de estaciones, está pedir leyes específicas para limitar la propiedad privada de los medios; demandan revisar las asignaciones de frecuencias y acceso de los medios comunitarios a un tercio de todo el espectro: AM / FM / TV (VHF y UHF); exigen la legalización inmediata de las emisoras; pugnan por la promoción de una legislación de "propiedad comunitaria de los medios" y solicitan la realización de controles sobre publicidad comercial y contenidos, para no ser censurados por la Secretaría de Gobernación y pasar mensajes subversivos.

La justificación y sustento que han dado las estaciones ilegales para su operación radica en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, mismo que indica que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Norma jurídica que se pretende interpretar no sólo de forma ampliada, sino también equivocada. Asimismo los promotores de este tipo de estaciones aseguran que el espectro de frecuencias radioeléctricas debe gestionarse en favor del interés público y que los principios de libertad de prensa y libertad de información, así como los de la independencia, el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación, son esenciales para la sociedad de la información.

Sin embargo, aquellos que apoyan o promueven a las estaciones ilegales como medio de presión al Estado, deben recordar que para obtener un permiso, deben tener presente los artículos 25 y 28 de la Carta Magna, los que establecen, en esencia, la rectoría económica del Estado para garantizar el crecimiento económico del país, mediante diversas acciones en que éste alienta la producción, concede subsidios, otorga facilidades a empresas de nueva creación. Esto es, se permite el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege la propia Constitución, además de que impone al Estado la obligación de adoptar ciertas medidas y procedimientos para establecer requisitos de calidad y contenido para el funcionamiento de cualquier bien del que sea legítimo propietario, todo con el pretendido propósito de proteger la economía nacional. Interpretación que acaba de sostener la SCJN en la revisión de la LFRT y, en concreto, al hablar de la figura de "permisos" y "concesiones" para radiodifusión.

De lo anterior podemos concluir que la pretensión de operar estaciones al margen de la ley porque supuestamente no existen espacios de libertad de opinión o de expresión; o porque el espectro debe gestionarse en favor del interés público, carece de todo sustento, debido a que en nuestro país se permite el pleno ejercicio de la libertad; además de que el Estado establece los procedimientos y requisitos para la operación y uso del espectro, a través de las leyes de la materia, las cuales se deben cumplir. Lo anterior, no exime que promueva y entregue permisos de radiodifusión, de una forma más abierta y transparente de lo que hasta ahora lo ha hecho.

Para concluir mi primera colaboración en este espacio, quiero agradecer a etcétera y especialmente a su director, Marco Levario, por la oportunidad de ofrecer un punto de vista distinto sobre problemas que todos compartimos