Luego, en un artículo publicado en Reforma, Carmen Aristegui señala que “la brutalidad del silenciamiento ha detonado una cadena de reacciones y manifestaciones que debe ser valorada y entendida a cabalidad”. Constata que “el tema se ha convertido en un detonador de reflexiones múltiples sobre el papel y tarea de los medios de comunicación en una sociedad que pretende una vida democrática”. Enseguida dice que esto conduce a la obligación legislativa “de dotar al país de un marco legal que permita, garantice y estimule la competencia, la pluralidad y los derechos de las audiencias y de los profesionales, entre muchas otras cosas. Se trata de poner por delante el derecho de todos frente al de las grandes corporaciones”. (18/I/08)

En contraste, este ensayista no encuentra “la brutalidad del silenciamiento” al que alude Aristegui, nota, en cambio, una acusación terrible contra el periodista Daniel Moreno de la que difícilmente se librará en el entorno de los simpatizantes de la conductora. Tampoco coincide con que en México no haya “vida democrática” y menos comprende por qué sobrecargar de virtudes a las reformas a las leyes de telecomunicaciones y radiodifusión para atender las diferencias contractuales entre una empresa y un periodista. Coincide sí, en que se delimiten los derechos de los periodistas (la cláusula de conciencia, por ejemplo) y del público (que debiera estar enterado de las decisiones de las empresas mediáticas como parte de la función social a la que éstas se deben).

Los hechos y los dichos

Desde el 4 de enero, la falta de precisión de Aristegui suscitó especulaciones a las que luego ella se sumó y alentó. Pero si nos atenemos estrictamente a lo que dijo al informar su salida, e incluso al comunicado de Prisa, podríamos comprender que es natural que una empresa y un comunicador refrenden, modifiquen y continúen o interrumpan sus acuerdos de trabajo.

Con razón a Carmen Aristegui se le echó de menos de inmediato en el dial, aunque no durante mucho tiempo pues una profesional como ella encontrará espacio pronto (si es que la estridencia desatada no opera en su contra a la hora de negociar con otra empresa). Pero poco favor se le hace al señalarla como víctima de la censura cuando en realidad las empresas tienen el derecho de renovar o no su contrato y el de cualquier otro periodista, sobre la base de cálculos financieros y políticos. Por supuesto que un medio de radiodifusión no es cualquier empresa sino cierta organización que usufructúa un bien público que le es concesionado, pero de ningún modo la ley obliga a que la XEW contrate o no al periodista que sea. Incluso si nos atenemos al formato legal –como anotó Fernando Mejía Barquera en Milenio Diario (19/I/08)– el concesionario “es responsable del contenido de la programación y de la publicidad que trasmita”.

La lentitud de Prisa

Si la salida de Aristegui fue una decisión política de la empresa, como creo que lo fue, la periodista tampoco podría dejar de comprender que hace cinco años su incorporación en la XEW también obedeció a eso dada su afinidad con un candidato presidencial. (Recordemos a Aristegui en Telemundo: “Hoy la incertidumbre democrática, el no saber quién va a ganar las elecciones, hace que se comporten diferente los medios”. Una de las diferencias con el viejo régimen es que ahora los medios son protagonistas políticos al decidir su oferta sobre la base de un amplio abanico editorial.)

Ilustración: RockMySox

Pero el déficit de explicación no es atribuible sólo a la periodista. En aquel comunicado del 4 de enero, Televisa Radio dijo que la decisión “se enmarca dentro de un proceso de renovación, actualización y expansión en el que está inmersa la XEW, que se refleja también en otros cambios en la parrilla, que hemos realizado en los últimos meses”. Al concluir este artículo Prisa no había hecho precisiones sobre aquel proceso que está a su cargo según el acuerdo que tiene con Televisa y que, todo parece indicar, está fuera de la ley. De cualquier modo, difícilmente alguien podría quedarse con esa explicación.

Prisa está en su derecho de desmantelar su proyecto informativo sin dar explicación, sin embargo, valdría la pena conocer el trayecto y los objetivos que planea. En cambio, al principio de este episodio y hasta el 20 de enero, desde sus oficinas fueron propaladas versiones diversas que, hechas al amparo del off the record y de la petición de no citar a la fuente como estrategia informativa, flaco favor le hacían a la comprensión del asunto. Independientemente de que no esté de acuerdo con quienes denuncian que Aristegui fue censurada, ellos han presentado la cara.

¿Hacia dónde va la XEW? ¿Cómo constará la función social a la que por ley se debe? ¿Nos podemos quedar sólo con el derecho que le asiste de contratar o no refrendar contratos con los periodistas? ¿éstos sólo pueden ser piezas de una maquinaria desde la que son perjudicados o beneficiados según el interés de ocasión? Pero sobre todo: ¿el público seguirá siendo desestimado frente a la operación de las empresas mediáticas?

Prisa informó su versión hasta el 21 de enero, luego de que el 18 del mismo mes lo hiciera Televisa mediante un comunicado. En éste, la empresa se deslinda de su socio español y sostiene que “las decisiones editoriales en Televisa Radio se han acogido a los códigos y los lineamientos del consorcio español”. “Por lo anterior, carece de sustento la versión, atribuida a la propia Carmen Aristegui, de que su conducción del noticiario mencionado finalizó como consecuencia de una suerte de confabulación de intereses económicos, políticos, militares y eclesiásticos, que de alguna manera habrían influido sobre el Grupo Televisa quien, a su vez, habría influido sobre Grupo Prisa”.