* La valía de denunciar un delito ante la autoridad correspondiente, así sea de manera anónima.
* Casos exitosos de denuncia ciudadana que hayan derivado en aprehensiones y sentencias.
* Canales institucionales y números telefónicos de atención de autoridades federales, estatales y locales ante los cuales la población denuncia la comisión de diversos delitos del orden federal y del orden común.
74. Se propone que cada medio de comunicación defina y publique estándares de actuación profesional en su cobertura informativa:
* Que evite hacer apología del delito y respete integralmente la dignidad de las víctimas.
* Que evite la difusión de información que ponga en riesgo la seguridad de los familiares y personas cercanas a las víctimas.
* Que establezca criterios que definan los casos en que la publicación de información se realice sin atribuirla a reporteros en lo particular, a fin de proteger su integridad.
75. Se propone que los medios nacionales, estatales y locales den seguimiento puntual a los acuerdos asumidos.

La propuesta de COFETEL

La COFETEL propuso la creación de un registro de usuarios de telefonía y la incorporación obligatoria de tecnología de ubicación geográfica (GPS)  en todos los aparatos receptores; y aunque aún no hay muchas certezas al respecto, existe la intención de que este sistema empiece a operar este mismo año.

En entrevista, el presidente de la COFETEL, Héctor Osuna, señaló que la propuesta surgió de “una consulta que hicieron algunos legisladores preocupados por el mal uso que se hace de los celulares, sobre todo desde el anonimato, que resulta ser un arma utilizable por la delincuencia”.

Cuestionado sobre la pertinencia de modificar la ley, a efecto de que los concesionarios de telecomunicaciones que hacen uso de numeración asignada por la propia comisión, tengan la obligación de recabar información mínima de sus usuarios, el funcionario respondió:

“Proponemos un plazo de seis meses para que quienes ya tienen un teléfono se registren, que vayan con su concesionario de telefonía y den sus datos”.

¿Y cómo obligar a que los ciudadanos lo hagan?

Muy fácil, si no lo hacen se les suspende el servicio.

¿Quién cubrirá el costo de esta propuesta y cómo funcionará?

Estamos buscando una solución que no sea muy costosa. Primero que sea el operador el que mantenga una base de datos. Y luego hay que buscar una manera de que la autoridad de seguridad pública o que maneje algún tipo de emergencia haga el contacto directo con el operador para obtener la información que necesitan para el esclarecimiento o la investigación de un delito.

Lo primero es tener una base de datos. Lo segundo es identificar el área desde dónde se hizo la llamada. Y usar los localizadores GPS para obtener la ubicación, encontrar una dirección, etcétera. En situaciones de emergencia se puede obtener cierta información con la triangulación de la red, y que en el futuro podamos tener la ubicación  de una persona. No es la fórmula secreta, es un auxiliar para ir acotándole el mal uso que le da la delincuencia a los teléfonos.

¿Existen candados para prevenir que la base de datos no caiga en manos delincuentes?

No hemos visto ese lado, será una responsabilidad de la autoridad que tenga que administrarla. Hay que buscar mecanismos para encontrar y sancionar a quien lo haga y tratar de desincentivar que busquen eso como un elemento delictivo.

¿Cuándo entrará en vigor?

Lo estamos planteando como un asunto básicamente legislativo. Y a partir de eso los diputados verán cuánto tiempo nos dan para que se implemente todo eso. Esto debe tener un fundamento legal. Yo calculo que si todo mundo toma las cosas como ameritan, esto deberá empezarse a operar a finales de este año.

¿Podría interpretarse como una intromisión a la privacidad?

Ése es un problema. Todavía hay que examinarlo mucho. Lo único que dimos a conocer es que existe la tecnología para hacerlo y hay que ver si lo podemos avanzar.