El país atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos años. La incapacidad del gobierno para combatir al crimen organizado nos ha puesto en un escenario nunca antes visto: un par de granadas explotaron durante las fiestas patrias en Michoacán, dejando a su paso varios muertos y decenas de heridos. Y mientras comienza a circular esta edición quien sabe qué más pudiera ocurrir.

No aventuramos hipótesis a la ligera respecto de lo que sucedió esa noche, pero tampoco se puede minimizar este hecho que fue precedido por el impactante hallazgo masivo de cuerpos decapitados y con visibles muestras de tortura (tanto en Mérida como en La Marquesa) y la aparición simultánea de una serie de narcomantas, en diferentes ciudades del país, en la cuales se acusó en más de una ocasión a Felipe Calderón de ser protector del Cártel de Sinaloa. Además del asesinato cobarde del locutor Alejandro Fonseca, cuando colocaba una manta de protesta contra la delincuencia.

El momento es inédito: en México no se conocían –aun cuando el problema lleva años entre nosotros– los niveles de violencia de los que hemos sido testigos a últimas fechas, que incluso ha tenido como objetivo a civiles.

No le falta razón al Presidente cuando dice que en el conflicto contra el narcotráfico también hay un frente que es mediático. Y en este terreno, la pelea también se está perdiendo. El hecho de que haya sido Michoacán, el estado natal de Calderón, la plaza escogida para el ataque terrorista no es algo menor. El horror, siempre espectacular, de las acciones que ha emprendido la delincuencia organizada ha tenido éxito al alcanzar su meta: enviar mensajes efectivos que han conseguido atemorizar a la sociedad y hacer cada vez más evidente la ineptitud del gobierno para afrontar el problema.

Ante tal panorama, las autoridades han reaccionado con torpeza, mientras que los medios se han dejado llevar por la inercia de una vorágine informativa que se ha mostrado como una espiral ascendente de brutalidad y violencia. No ha habido muchos espacios de reflexión dentro de los propios medios para revisar los retos y responsabilidades que implica informar en un contexto como el que ahora vivimos.

Hacen falta definiciones editoriales precisas sobre el compromiso que tienen los medios frente a la violencia; un primer paso ideal sería dotar de herramientas concretas a los reporteros, como los códigos de ética que ofrezcan elementos para abordar hechos como los ocurridos en Morelia. También es deseable la existencia de mecanismos de revisión para el cumplimiento de esos códigos, para evitar excesos como en los que ha incurrido El Universal, que aun cuando en su código de ética contempla que reconoce “en los tribunales jurisdiccionales a la única autoridad para juzgar conductas delictivas, por lo que evitará el uso de lenguaje que suponga la condena anticipada de personas”, ha publicado información que señala como culpable a personas que todavía se encuentran bajo el proceso de una investigación.

La creación de redes de protección de reporteros, para que éstos puedan realizar su trabajo, es otra necesidad imperante. Uno de los principales riesgos que corre el periodismo –y el país en general– es el de una prensa temerosa, callada, amordazada por las amenazas y acciones que el crimen organizado pueda cometer en su contra. Ante la falta de garantías por parte del Estado para asegurar un clima que permita a los informadores desarrollar su labor, los medios deben crear sus propios mecanismos de resguardo. No debemos permitir que prive una situación que se ha dado ya en el interior de la República, donde algunos medios han decidido suspender la información relacionada con el crimen organizado. En ese sentido el caso colombiano ofrece, como nos lo narra Ernesto López Portillo en entrevista, una experiencia aleccionadora.

Sin embargo, por más lamentables que sean las violaciones a la ética periodística, los medios no son responsables de la situación que vivimos, ni de eliminar “todo resquicio de esperanza de los mexicanos”, como lo ha reprochado el Presidente.

En esta edición, etcétera ofrece una revisión a lo que ha sido la cobertura mediática que ha tenido la violencia, con un material que es un primer acercamiento a las múltiples aristas y discusiones que demanda la situación actual.

Combos, desdén a permisionarias

Una vez más los medios permisionarios, tanto públicos como comunitarios, han sido desdeñados por el gobierno. Ni la iniciativa Beltrones ni el acuerdo del Ejecutivo les brindan apoyos concretos para que puedan aspirar a una emisora en FM. Al cierre, surgió la posibilidad de una tercera opción, que sería trabajada por el senador Manlio Fabio Beltrones, sin embargo no parece haber visos de que la consideración hacia los permisionarios cambie.

LIR