Promovida por 47 senadores de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace justo un año, la acción de inconstitucionalidad contra la ley de telecomunicaciones y radiodifusión aprobada el 31 de marzo de 2006 en el Congreso de la Unión parece que no prosperará. Independientemente de las inconsistencias en los argumentos de aquel recurso ­en nuestra opinión son significativas pero no determinantes­, varios signos respaldan el pesimismo, entre otros la demora para resolver y los pretextos de los magistrados para no dar audiencias e incluso para asegurarse de que su sesión respectiva no sea pública.

Lo mejor que podría ocurrir es que la Corte resuelva ciertas modificaciones, por ejemplo, al artículo tercero de la ley que ahora permite a los empresarios de la radio y la televisión prestar cualquier servicio en la banda electromagnética sin que se sujeten a licitación. Otra observación sería el hecho de que la ley quitó facultades a la SCT, como la de autorizar y supervisar el funcionamiento de las estaciones y los servicios que presten. Entre éstas, las modificaciones tendrían que ser al artículo 28 por las múltiples razones que aquí hemos expuesto desde hace un año, sobre todo las que tienen que ver con hacer expresa la obligación de los concesionarios para entregar los canales espejo que forman parte del trayecto a la conversión digital.

Expuestos los argumentos desde diversas ópticas, circuitos sociales y parlamentarios, vale la pena dejar que la Suprema Corte resuelva sin más intención que ésa, la de que escuche ideas y señalamientos. No olvidemos que entre las principales distorsiones que hay en casos como éste se encuentra la presión que reciben los magistrados desde los medios o a través de las empresas mediáticas, y eso es ilegítimo más allá de los intereses que se sustenten.

A ese panorama ominoso ­el plan de negocios de Televisa convertido en ley y acatado por la Corte­ se agrega el incumplimiento de la oferta que, como candidato a la Presidencia, hizo Felipe Calderón para atender al ramo de la radiodifusión mediante una política que, en sus primeros 100 días de gobierno, identificara "las ciudades susceptibles de ser atendidas con nuevos servicios de radio y televisión, tanto comercial como cultural, educativa, comunitaria y oficial, a efecto de iniciar los procedimientos de licitación pública o permisionarios según se trate, durante el prime semestre del 2007". La intención crepita en el baúl del recuerdo de las campañas electorales y la Cofetel terminó por socavarla al advertir que esto será posible hasta 2008.

Los empresas mediáticas están al garete de la inercia y esa dinámica favorece la concentración que tienen en el ramo los sectores más poderosos. Más aún cuando los medios públicos no son contrapeso de oferta informativa, cultural y de entretenimiento en virtud de la ausencia de proyecto que les provea de ese carácter legal de medios públicos, les dote de contenidos y les respalde económicamente.

Transparencia, reforma de amplio alcance

Al cierre de este número se supo de la resolución de la Cámara de Senadores, en el mismo sentido a la que unas semanas antes había tomado la Cámara de Diputados, de reformar el artículo sexto constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública. Por su alcance y consecuencias, se trata de la medida más importante tomada por el Congreso en los meses recientes.

El proceso culminará una vez que cada congreso local respectivo convalide la reforma y eso significa que el gobierno federal y sus dependencias, el Ejecutivo de cada entidad de la República y, en general, todas las instituciones que reciban dinero público, deben garantizar el derecho de acceso a la información. Eso merece festejarse pues sus alcances, sin duda, fortalecen la democracia: la supervisión del ejercicio de gobierno será cosa de todos los días y, para eso, los medios de comunicación tendrán una herramienta todavía más útil en el desempeño de su trabajo.

Quienes han visto en esta medida una evasión a la reforma legal de los medios o, en el mejor de los casos, quienes dicen que no tiene que ver con éstos, se equivocan. Desde que la ley de transparencia fue aprobada se abrió paso como instrumento del ejercicio periodístico y ahora con las reformas se consolidará. Salvo casos de veras excepcionales y justificados, el empleo de fuentes anónimas tendrá un descrédito mayor al que de por sí ya tenía por su uso indiscriminado y por ser pretexto para la difusión de rumores.

Reconocemos sin ambages a quienes desde el IFAI promovieron la reforma y lo mismo hacemos con los legisladores que la aprobaron.

MLT