Concesión a Televisa
Desde octubre de 2003 el gobierno federal busca otorgar cerca de 250 nuevas concesiones de radio y
televisión. En esa fecha fue cuando el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, anunció que la
dependencia haría estudios de factibilidad que convalidaría con la industria para luego iniciar el proceso.
Los resultados estuvieron listos en noviembre de 2004 y el Presidente los conoció de inmediato. Había
espectro disponible en algunas regiones del país, para abrir paso a "nuevos operadores" de radiodifusión, como había
dicho apenas un año antes el titular de la SCT. Sin embargo, por esos días el Senado discutía la ley de radiodifusión,
por lo que el gobierno resolvió esperar. Cuando fue claro que no habría nueva norma al respecto, Televisa se opuso a
la entrega de tales concesiones porque aseguró, y luego persuadió a muchos empresarios, que los criterios para
la asignación no eran claros. La CIRT tomó esa decisión el 9 de agosto pasado (en una contradicción enorme con
la propia historia de la Cámara, pues la actual nomenclatura de la industria es resultado de las decisiones arbitrarias
del gobierno. Naturalmente, en este caso, se oponen a una resolución de la autoridad que permita la incorporación en
el mercado de varios empresarios importantes del país).
La impericia política del gobierno para procesar una decisión como ésta es tan evidente como lamentable. En
dos años la SCT no pudo operar una asignación que diluyera la concentración con reglas transparentes, aprovechara
el espectro disponible y revirtiera el rezago de las estaciones de Amplitud Modulada. Ni qué decir cuando a
mediados del mes pasado se incorporaron al proceso funcionarios de Gobernación, particularmente de la Subsecretaría
de Normatividad de Medios, que no tienen ni la más remota idea de estos temas.
Pero también está la miopía de los legisladores de la Cámara alta que, mientras vivían la epopeya de su nueva
ley para la que no admitían réplica, ignoraron ese proceso (como lo hicieron también cuando desde aquí se advirtió
la entrega de permisos de operación de casas de juego a Televisa) y luego denuciaron, como lo hizo Manuel
Bartlett, una inminente nueva capitulación del Ejecutivo. No presentaron propuesta alternativa de criterios para el
otorgamiento de las concesiones; sólo una visión panfletaria podría regodearse en el hecho de que la no entrega de títulos es
una muestra más de la necesidad de una moderna ley de radio y televisión o de que no puede haber reglamento sin
una nueva norma, etcétera. El hecho es que ahora no hay ley pero puede (y nosotros creemos que debe) haber
nuevas concesiones sobre la base de un esquema de asignación eficiente y claro. Más aún, si no se hace algo al respecto,
es probable que el gobierno federal acuerde con los concesionarios una repartición que nos hace pensar más en un
botín o en una distribución de prebendas, que en un proceso transparente.
Dejar las cosas como están, en realidad, significa preservar el mercado publicitario, en televisión, en dos
grandes empresas, sobre todo en una que concentra 50% del total. Y en el ámbito de la radio, además de que
significa afianzar a no más de cuatro familias, quedan en una situación muy difícil las pequeñas estaciones de AM que, en
esta tendencia, podrían continuar siendo absorbidas por los grupos más poderosos.
Ahora Televisa afirma que hacen falta criterios claros para la expedición de los títulos de concesión y nadie en
sus cabales puede negarlo, aunque en realidad se opone a que otros participen en la industria. Vale la pena
entonces pensar en los mejores criterios y conminar a que la SCT los haga públicos para resolver con esa base porque,
además, como hemos dicho, las autoridades de esa secretaría y representantes del Ejecutivo continúan reuniéndose con
los empresarios de la industria para lograr "una distribución equitativa de títulos" pero sin establecer los famosos
criterios. Como un avance de esos acuerdos podría estar lista en septiembre la propuesta para la asignación de radios combo.
El partido único mediático
No hay proclama sino diagnóstico preciso, según
etcétera, al considerar que un monopolio de medios como el
que casi es Televisa representa un obstáculo para la democracia en el país. El fenómeno, naturalmente, no es privativo
de México y por ello estudiosos como Armand Mattelart conocen la forma en cómo esas empresas, cuya
responsabilidad social carece de una regulación pública, llegan a definir o a desdibujar la agenda según sus intereses mercantiles
(y a operar contra la democracia misma). En más de un sentido, como también ha dicho otro experto, Raúl Trejo Delarbre, la democracia termina donde empieza el
rating y ahí, en las audiencias, es donde está el circuito
del mercado financiero y político de las dos televisoras privadas del país, sobre todo Televisa, en desdoro de la
función social que le señala la ley. No hay proclama, insistimos, sino coincidencia en las palabras de este otro
reconocido analista, Luigi Ferrajoli (citado por Trejo Delarbre en su más reciente libro):
"La concentración de la propiedad de los medios de información no sólo equivale a un poder privado -el
poder del propietario- capaz de limitar la libertad de expresión (el derecho a la información en su primer
significado). También es un poder político, probablemente el poder político más penetrante e insidioso, que se utiliza para
promover intereses mediante la desinformación y la propaganda. Por otro lado, la televisión, antes que los periódicos
que llegan a los lectores, es cada vez más un lugar público, caracterizado por su capacidad de intromisión y de
invasión en la esfera privada... Así, la televisión se configura como el principal problema actual de la democracia."
A lo largo de los años desde aquí creemos haber documentado el riesgo de que los poderes salvajes se
sobrepongan a las instituciones y que, entre estos, Televisa concentre un poder aún mayor. Lo hemos hecho desde varias
ópticas, revisando sus inconsistencias informativas delimitadas por su interés financiero, recogiendo sus
planteamientos políticos como una forma de exhibir su resistencia a la creación de una nueva ley de medios y lo hemos
intentado, también, a través de la denuncia de lo que hace la empresa con los hombres de la política que no coinciden con
sus parámetros. Esto además de exhibir los enormes negocios que al amparo del gobierno y en varios casos fuera de
la ley, puede hacer la empresa de Chapultepec.
Televisa tiene un poder formidable y el registro más reciente de eso ocurrió la noche del 29 de agosto,
cuando reunió a los más destacados personajes de la esfera pública y los regañó por el deterioro del ambiente político.
La empresa ve la paja en la conducta ajena y preserva la cuestionable conducta propia; lo puede hacer
porque prácticamente ha sometido a la política y a los políticos.
Como expresión de uno de los problemas más formidables que hay en el mundo -el de los medios de
comunicación no regulados- seguiremos documentando esto. Advertimos eso sí, y lo hacemos acudiendo a Antonio Gramsci,
que el trabajo intelectual no sólo consiste en la elocuencia motora de los afectos y de las pasiones sino que sobre
todo busca ser constructor del discurso y las ideas que den sentido al Estado nación, y en México ese sentido es
la consolidación democrática. El mayor riesgo de las ideas, lo sabemos, es cuando devienen en consejas y en
sentencias, por eso, como siempre, estamos dispuestos al intercambio entre quienes piensan distinto, así formen parte de
la estructura intelectual que los grandes consorcios siempre se procuran.
MLT
