El gobierno apuesta y México pierde

En México las estructuras de poder formal ceden cada vez más al poder fáctico de los medios, sobre todo al de los grandes consorcios. Por eso a menudo el interés de esas empresas es el guión del discurso y las decisiones políticas del gobierno federal y los partidos, lo mismo para no acotar el gasto en las campañas electorales que para archivar la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, detener la Ley del Mercado de Valores u otorgar prebendas, como los permisos de operación de centros de juegos y apuestas concedidos por la Secretaría de Gobernación a Televisa apenas seis días antes de que renunciara al cargo Santiago Creel.

La apuesta de Santiago

En la disputa por el voto los medios son centrales por ser el espacio de difusión de las ofertas y, como éste lo determinan según sus intereses, lo aprovechan para someter a la política. En consecuencia, comprender, develar y denunciar esa situación así como los riesgos que implica para la democracia es, según los editores de etcétera, un imperativo ético y profesional.

Desde finales del año pasado hasta ahora hemos documentado aquí las resistencias de los principales concesionarios del ramo para que el Senado no resolviera un nuevo marco jurídico para regular a los medios electrónicos y dimos cuenta de la serie de amenazas, chantajes y presiones que emplearon, sobre todo Televisa, para doblegar a esa instancia de representación con la complicidad de varios legisladores que, al final de cuentas y de una forma vergonzante, congelaron la iniciativa.

Con la bandera de la democracia esa misma urdimbre operó igual para que no se limitara el gasto en los medios electrónicos durante los procesos electorales. Nada o poco importa que, como denunció el senador Javier Corral a finales de junio, Televisa y TV Azteca reciban cinco millones de pesos diarios en la etapa postrimera de los comicios y, menos aún, que esas empresas establezcan de manera discrecional el precio de los anuncios.

Todo el poder a los medios

Ni el gobierno ni los demás actores políticos quieren poner diques al formidable poder de los medios. Al contrario, buscan congraciarse con ellos y obtener sus favores o al menos evadir la furia que cancele sus expectativas en las urnas. En ese lúgubre panorama, y en una decisión que contó con la anuencia presidencial, Santiago Creel apostó a Televisa y le dio elpermiso de operación de casas de apuestas. Luego obtuvo el respaldo de su partido y el de su sucesor en la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, las argucias legales y la retórica del precandidato del PAN a la Presidencia no son suficientes para inhibir los cuestionamientos. Han sido tan frágiles esos recursos que, con la mira puesta en la necesidad de revocar los permisos, es razonable esperar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una resolución favorable a la suspensión del reglamento de juegos promovido por el gobierno federal y aprobado en septiembre de 2004. Esto, además de los resultados que arroje la investigación de la Secretaría de la Función Pública y los de la comisión de la Cámara de Diputados creada también para eso.

Aquel reglamento, promovido por el ex funcionario de Bucareli con el pretexto de regularizar la operación de casas de apuestas rebasa con mucho las líneas que marca la ley en la materia. Pero, sobre todo, carece del resguardo legal para que Televisa promueva juegos de apuesta en sus pantallas que es, a final de cuentas, su principal expectativa (aunque meses atrás la empresa hubiera lanzado dicterios de todo tipo en contra de las casas de apuestas y de quienes juegan en esos circuitos).

El permiso sustenta esa posibilidad, aseguró el secretario de Gobierno, Felipe González. Habrá que ver. Por lo pronto, el funcionario pasó por alto que, al elaborar el permiso, Gobernación no fijó mecanismo alguno de regulación de contenidos y horarios o si esto sería a través de la televisión abierta o de cable, por citar algunos ejemplos. Esas funciones, como se sabe, le competen a RTC. Por cierto, en un documento reciente, esa dependencia establece que la empresa de Emilio Azcárraga no tiene una orientación en contenidos que observe los principios rectores que establece la ley.

La filtración

El 9 de junio en la noche, a varias mesas de redacción llegó la fotocopia del ya dicho permiso de Gobernación a Televisa. Estuvo acompañado de un juicio anónimo que denuncia la falta de compromiso democrático de Santiago Creel. Eso dio pie a la defensa del ex funcionario así como a varios e inconsistentes argumentos, algunos incluso provinieron de periodistas, en contra del "medio deleznable" que es como consideraron a esa filtración.

Páginas más adelante, el profesor de ética Hugo Aznar se ocupa de cómo el estándar de la información no siempre es alcanzable, si a éste lo consideramos como el ejercicio por medio del cual se verifican las noticias y se identifican con claridad a las fuentes que participaron en su confirmación. Es evidente que no siempre ocurre así, que hay líneas transmisoras a las que les interesa que sea difundida determinada información y que para ello recurren al anonimato. La responsabilidad del periodista es citar esa condición que le es impuesta por las circunstancias -el anonimato- o que previamente acordó con la fuente -la confidencialidad-. Entre una y otra posibilidad, el eje central desde donde hay que decidir está en preguntarse sobre la utilidad pública de la información (y, naturalmente, en establecer los respectivos mecanismos de verificación).

Sin embargo, al propalar los multicitados permisos, los medios no advirtieron al lector que la nota provino de una fuente anónima (sólo lo hizo la revista Proceso). Más aún, algunos diarios la difundieron como si hubiera resultado del esfuerzo propio de investigación.

Identificar la procedencia de la información -sea cual sea su carácter- no es un asunto menor porque al hacerlo queda claro que una fuente anónima quiere defenestrar o favorecer a cualquier personaje político. En ese contexto, al periodista le incumbe valorar la utilidad pública de esa información, dar cuenta de cómo la obtuvo y difundirla si es el caso, independientemente de que con ello se cuestione a quien sea. Así lo hicimos aquí hace cuatro meses, cuando advertidos por una fuente confidencial de Televisa, y previa verificación de sus dichos, denunciamos el pacto que habría entre el consorcio y el secretario de Gobernación.

Sin duda, y hay que decirlo sin ambages, Santiago Creel tiene razón al afirmar que la difusión de los permisos es parte de una campaña orquestada en su contra. Pero el ex funcionario le dio esa ventaja a "la fuente", primero, al no informar él mismo sobre los permisos otorgados y, segundo, al decidir favorecer a Televisa de manera irregular y darle el 30% de las casas de apuestas en el país, así como permitirle promoverlas sin regulación en los canales que la empresa usufructúa.

La casa gana

Durante esta gestión presidencial los medios electrónicos han sido favorecidos como nunca antes en la historia reciente (a pesar de, o tal vez gracias a los amagos, las afrentas y las acusaciones que desde ahí ha recibido, como cuando recientemente desde Televisa Víctor Trujillo afirmó que "en corrupción el gobierno del cambio cumple" 13/IV/05).

Han sido favorecidos sin límite, insistimos. Eso consta en la concentración del gasto de publicidad federal, donde los dos consorcios de televisión acaparan casi 85% de los recursos, incluso en desdoro de los medios públicos, que no concentran más de 6%.

También se documenta en el decreto del 10 de octubre del 2002 o en la actitud del gobierno frente al Canal 40 lo mismo cuando evadió su responsabilidad de intervenir al ser invadida la torre de transmisión del Chiquihuite, que ahora con la interrupción de la señal. Junto con los graves errores financieros (e incluso posibles transgresiones legales) de la administración de ese canal, el gobierno sin duda es responsable y en más de un sentido partícipe de la crisis de aquella concesión.

El Ejecutivo, y a través de éste la Secretaría de Gobernación y la SCT, apoyó a las grandes empresas de comunicación electrónica al no mover un dedo para la reforma a la ley respectiva y ni siquiera para modificar el ordenamiento que rige a los medios públicos. En cambio, renovó todas las concesiones de Televisa y TV Azteca hasta 2021 y ahora prepara la designación de otras tantas, así como la asignación de las llamadas radios combo. Además, es probable que otorgue la concesión para una tercera cadena de televisión en México.

Entre omisiones que incumplen razones de Estado y cesiones que afianzan el poder salvaje de las empresas mediáticas, al secretario de Gobernación le preocupó "democratizar" la distribución de las casas de juego (y ya vimos cómo).

¡Lotería!

Aun en ese panorama ominoso no puede dejar de señalarse que, entre las últimas semanas del año pasado y los primeros seis meses de 2005, diez estaciones de radio comunitaria obtuvieron el permiso de operación que solicitaron. Eso no había ocurrido en 40 años.

Sin duda, el logro se debe sobre todo a la persistencia de la representación en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, a la claridad de los argumentos y al apoyo que concitó tanto la naturaleza como los fines de esos medios, así como a la estrategia política que siempre ponderó la prudencia, incluso sobre el chantaje y las amenazas de los funcionarios de la SCT. Pero ello tampoco habría sido posible sin la sensibilidad y la actitud política de Ricardo García Cervantes, entonces subsecretario de Normatividad de Medios de Gobernación. Él supo desatar una corriente exitosa entre las varias tendencias que quisieron abrogarse la determinación oficial de no otorgar los permisos y, en cambio, seguir caracterizando a esas emisiones como clandestinas o guerrilleras para pugnar por su cierre definitivo.

Ahora el reto de las radios comunitarias es persuadir de la necesidad de que existan políticas públicas para que el Estado garantice su permanencia y fortalecimiento a partir de diversas formas de financiamiento. Sabemos, sin embargo, que eso no está dentro de las preocupaciones del actual gobierno porque, si acaso busca intentar algo novedoso en materia de medios -y como ya ha cedido casi todo a los grandes consorcios- mejor piensa en un canal de televisión para el Presidente, como si fuera un problema de comunicación el que tiene Vicente Fox y no esté viviendo lo que en realidad: el costo de no tener más programa de gobierno que el deseo de un país maravilloso. Y habrá que ver si tiene buen puerto esa pretensión del Ejecutivo ya que, por lo pronto, se ha pospuesto por los enormes costos económicos que tiene y, naturalmente, por las resistencias de los llamados cableros. Y es que en la repartición de canonjías ellos también quieren lo suyo. No más faltaba.

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