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Al amparo de la libertad


Algo sucede en las relaciones sociales y en las estructuras institucionales de las sociedades modernas como para que el escándalo adquiera prominencia en las disputas políticas.

El escándalo es un fenómeno inherente de la incipiente democracia mexicana. Lo es porque ocurre al amparo (o con el pretexto) de la libertad de expresión y también porque en este tipo de sistemas el prestigio, la reputación y el respeto tienen relevancia y entonces llegan a captar la atención entre los adversarios para defenestrarse mutuamente sin que haya algún orden legal que tipifique claramente esas tropelías. En consecuencia, la democracia es al mismo tiempo la base común desde donde se les puede poner diques éticos y normativos.

Nos guste o no, hay escándalos que revelan transgresiones de diversa índole y que en ese sentido, al sustentarlas, abonan al fortalecimiento del Estado de derecho (son los casos de cuando, por ejemplo, se documentan quebrantos financieros, políticos o legales desde el ejercicio del poder). Sin embargo, hay otros escándalos que deterioran esa esfera pública al conformar un discurso infamante que, además, viola la vida privada y la intimidad. Por su naturaleza comercial que busca más lectores o mayores niveles de audiencia, y también por ser (o querer ser) protagonistas políticos, algunos medios de comunicación se prestan como vehículos para difundir ese tipo de escándalos lesivos de la convivencia civilizada. En esos casos no importa piso deontológico ni respeto a la ley ni vocación por el servicio público que, al menos en la atmósfera del deber ser, orienten al quehacer informativo. Importa sumarse a la espiral de cada escándalo que, al desvanecerse con el tiempo, genera el campo propicio para que surja otro y otro y otro.

La arenga difamatoria puede alcanzar éxito de ventas o dividendos políticos e incluso adhesiones insospechadas y lograr los efectos que persigue, pero eso no es periodismo aunque pretenda vestirse con ese ropaje (y que incluso, en plena desfachatez, reseña decisiones personalísimas de otros y las considera como "agregados de color"). Crónicas malditas es un libro despreciable -como también lo es la difusión de los alegatos íntimos, reservados para otro espacio pero no para hacerse del conocimiento público-. Desafortunadamente no son los únicos ejemplos de cómo el perjuicio a una o varias personas no sólo tiene efectos individuales sino sociales y políticos, al enrarecer aún más el clima de la discusión pública y al pretender otorgar carta cabal para la intromisión en la vida privada e íntima de los otros (el caso más reciente, al filo del cierre de esta edición, sucedió con la propalación de la pareja sentimental del jefe de gobierno del Distrito Federal). Incluso, del deterioro de la esfera pública da cuenta la insospechada afirmación que hace poco más de dos años hizo el propio Presidente cuando aseguró que en México se puede calumniar y luego asoció a esa práctica con el ejercicio libre del periodismo que se da, según él, gracias a su gobierno.

En etcétera miramos a los escándalos políticos sin prejuicio ni admoniciones, pero también sin complacencia; el fenómeno es parte de la democracia y en ese contexto el reto es sancionar distorsiones de la competencia en la esfera pública. Una de esas distorsiones se expresan a menudo con los escándalos mediáticos que remiten a los panfletos y libelos de los siglos XVI y XVII pero que, en su versión contemporánea, se despliegan ampliamente en el ámbito de la libertad que suponen las sociedades modernas y que, por ello, colocan a esas empresas mediáticas como instrumento de la política o como protagonista en sí mismo de la política, con la ventaja de que conforman un amplio territorio para la impunidad.

Los rumores no son noticia. La injuria es ilegal. También la intromisión en la vida privada e íntima de las personas sin que se justifique el interés y la incidencia pública de la información. Afirmar sin sustentarse en fuentes no es investigar. Más allá de la ausencia de ética que supone el empleo de esos recursos, eso no es periodismo. Además, quien difunde esa forma truculenta de comunicar no puede recurrir con solvencia intelectual a la coartada del deslinde desde el paraguas del respeto a la libre opinión.

etcétera invita formalmente a Proceso para que, entre sus directores, haya un intercambio de ideas en torno de lo antedicho aquí; ojalá acepte Rafael Rodríguez Castañeda porque ésta, nuestra crítica, la anima el sentimiento franco y sincero de contribuir, desde los medios, a desvanecer el ruido que hace de lo secundario algo importante y de lo importante siempre lo de menos.

etcétera




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