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Disputa salvaje

En los medios de comunicación masiva se desarrolla (y en buena parte de esa esfera se determina también) la disputa pública en las democracias modernas; no es novedad. En nuestro país, sin embargo, los planteamientos políticos no buscan acuerdos; determinados en el ámbito mediático, los unos y los otros, en el ámbito de la polarización, buscan la aceptación de las audiencias y urden o entretejen una trama espectacular que, al cierre del telón, dirima al próximo Presidente de la República aunque posponga las multidichas reformas que necesita el país y paralice a las instituciones encargadas de llevarlas a cabo.

Pero los medios no sólo son el ámbito de acción de la lucha por el poder sino que también conforman una compleja estructura de interacción provista de sus propios intereses políticos y financieros y que, para promoverlos, también intervienen en la disputa política. En ese campo lúgubre de nuestra democracia incipiente, los medios, sobre todo los electrónicos, usan ese espacio formidable de influencia que son para someter a no pocos profesionales de la política.

Con ese poder fáctico que constituyen, los medios masivos no sólo han evitado que se apruebe una nueva ley que regule su funcionamiento sino que, frente a la actual polarización política, amagan, presionan, amenazan y aprovechan un bien público que les ha sido concesionado para abrir paso a sus intereses. El caso reciente es la insistencia de Televisa por operar juegos de casino en la pantalla a pesar de que la ley lo impida, pero, sobre todo, el ejemplo más destacado de esto lo da, y de una manera indignante, TV Azteca.

La empresa de Ricardo Salinas Pliego, en aras de evadir la ley, montó una campaña infame a la que ha pretendido revestir con el manto de la libertad de expresión y de periodismo independiente -repentino crítico del tema Fobaproa- cuando, en realidad, presiona para obtener impunidad en relación con las operaciones irregulares en las que incurrió según Hacienda. El patrón de conducta de esa televisora no es nuevo, lo empleó antes, cuando el asesinato de Francisco Stanley o hace poco más de dos años, cuando personeros de la empresa se apropiaron ilegalmente de las instalaciones de transmisión de CNI Canal 40, esa vez, con la complacencia del gobierno federal.

Hay espacios y momentos de colusión entre los poderes institucionales y los fácticos y uno de esos momentos ocurrió el 27 de abril, cuando TV Azteca logró aprovechar el discurso de Andrés Manuel López Obrador, en relación con las conocidas críticas del político al Fobaproa y a la venta de Banamex a Citigroup, y se montó en los dictados de las encuestas que ahora reflejan que el tabasqueño está en la delantera de la sucesión presidencial para lucrar con su imagen, con la complacencia del propio López Obrador, y así presionar al gobierno federal. Ese fue el sentido de los moños que se colocaron los integrantes de la barra informativa de Azteca con el objeto de mostrar, repentinamente, su desacuerdo con la entonces probable suspensión de los derechos políticos del jefe de gobierno del Distrito Federal.

Los políticos ya no buscan a la plaza pública tradicional sino a los medios, particularmente a los electrónicos, mientras que los medios buscan a los políticos para servirse de ellos y atacar a otros, en un entramado sistema de intereses que descompone cada vez más a la vida pública mexicana porque a la larga, en el estruendo sin propuestas y el escándalo sin ley que pueda aplicarse, hay un riesgo mucho peor al estancamiento de la empresa democratizadora mexicana: su involución autoritaria.

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