Quién escucha
El cuestionamiento de las transgresiones éticas y legales exhibidas en la esfera pública contrasta con el lóbrego ambiente donde se urden los escándalos. En esa paradoja está la disputa de los personajes implicados que, en demérito de la ley y las instituciones, busca sobre todo descalificar al adversario e influir en beneficio de su causa en eso que ha dado en llamarse como percepción social. En el contexto de un escándalo político todos hablan y nadie escucha.
Más allá de las características de cada país, prácticamente no hay escándalo político-financiero en el
mundo contemporáneo que no se procese así. Hay un conflicto de interés, en el caso mexicano se trata del más
fuerte precandidato presidencial que por eso tiene enemigos formidables; funcionarios de su equipo o personas
muy cercanas a él incurren en varios ilícitos y hay una o varias fuentes que de algún modo lo saben y entregan
los testimonios para que sean difundidos en demérito de la reputación del adversario.
Si el golpe fue mediático, la respuesta tuvo el mismo carácter y en ese terreno Andrés Manuel López
Obrador quiere remontar el escándalo generado por la difusión de los videos y por eso proclamó para su causa un
triunfo mediático. El vigoroso precandidato presidencial sostiene que el escándalo no logró el objetivo de lastimar su
figura política ("ni una pluma le han quitado a este gallo"), minimiza el fraude, la corrupción y el soborno en que
están implicados sus compañeros y enfatiza en el otro vértice de cualesquier escándalo, o sea, en la conspiración que
logró difundirlo.
La estrategia del fuerte precandidato presidencial tabasqueño forma parte de un guión que, con mayor o
menor éxito, han seguido buena parte de los personajes involucrados en escándalos políticos, sobre todo en
Estados Unidos, Italia y Gran Bretaña. Recuérdese cómo, a mediados de los 70, Richard Nixon desestimó los primeros
datos arrojados de lo que llegaría a conocerse como Watergate, dijo que no merecían la menor atención y luego se
dijo víctima de una confabulación que, sin embargo, tuvo repercusiones precisamente porque el Presidente de
Estados Unidos le dio motivos, lo que originó su dimisión al cargo.
Hace poco más de seis años, un día después de propalarse los devaneos del presidente estadounidense
con Monica Lewinsky, William Clinton pidió que lo dejaran trabajar y Hillary dijo que las acusaciones contra su
esposo eran parte de "una vasta conspiración de la derecha que ha venido confabulándose contra mi marido desde el
día que anunció su candidatura a la Presidencia".
Sin duda, todo esto nos es familiar.
Naturalmente, no es lo mismo un escándalo político que uno sexual aunque en determinadas condiciones
el segundo tiene también consecuencias políticas, como ha demostrado John B. Thompson en su espléndido
libro sobre el tema. La constante de casi todos los escándalos contemporáneos es que la persona defenestrada alude
a un complot y evade su responsabilidad principal cuando no miente e incurre en otras transgresiones, que
Thompson llama como de "segundo orden". Por ejemplo el no enfatizar en la aplicación de la ley contra sus
correligionarios que incurrieron en ilícitos (esto ha sucedido con Andrés Manuel López Obrador quien, además, probablemente
esté maniatado en otra red de intereses como la que representa el señor René Bejarano). En aras de su defensa y
para demostrar la confabulación en su contra, incluso el político tabasqueño violó la ley al difundir información reservada.
Entre el rebumbio de abril vale la pena volver a lo básico: cualquier escándalo es imposible sin transgresiones
éticas o legales y López Obrador dio datos ciertos a sus adversarios para que le fuera cuestionada su valiente
honestidad. Apenas tres días antes de ser difundido el primer video que comprometía la probidad de su entonces secretario
de Finanzas, el jefe de gobierno declaró a
La Jornada que para él era urgente una reforma "que tiene que ver con
la moralización, con la honestidad. En México ya no se debe tolerar la corrupción". Afirmó también que el país
requiere "a un Presidente rodeado de un grupo de personas que busquen la transformación" y que para eso se
necesitaba "un equipo" y sin eso ni proyecto a impulsar, "es preferible dejar de hacer política".
Cuando López Obrador declaró eso, Consulta Mitofsky informa que 74% de los ciudadanos aprobaba su
gestión. Un mes después, la empresa reporta diez puntos menos en aquella calificación. Sin duda, la caída de esos
índices no fue mayor por el efecto favorable que para él han tenido los señalamientos de un complot en su contra (en
ciertos segmentos de la población logró aparecer como "víctima"), porque cierto desencanto o cinismo social permite
la corrupción si el gobernante les responde con dádivas y porque ese gobernante, Andrés Manuel López Obrador,
ha buscado a través de impactos mediáticos eludir su responsabilidad y salvar su reputación frente a la falta
de probidad de un integrante del equipo que él conformó, de un ex secretario particular que fue su operador
político y de un correligionario suyo, entonces titular de la Delegación Tlalpan.
Los enredos del escándalo
Entre una más vasta y compleja tipología, digamos esquemáticamente, que hay escándalos suscitados por
una investigación periodística y hay otros que detonan como parte de una operación política en la que participan
los medios como aliados de ocasión. Esto último sucedió con el grupo de poder, es decir, con la fuente que facilitó
los videos a otro grupo de poder, o sea, el medio que lo difundió, Televisa. Juntos calcularon el momento, y
Televisa repartió responsabilidades a sus hombres de cuadro, dosificó las imágenes, administró la información y ejerció
el poder incluso hasta para inhibir a López Obrador quien acusó a la SHCP de la difusión de información
reservada pero sin responsabilizar a Televisa.
Tal vez no sepamos, o acaso lo sabremos a retazos, quiénes, cómo y por qué fraguaron y sustentaron la
defenestración del gobierno del Distrito Federal. En Televisa hay total hermetismo, incluso hasta para informar sobre
su código de ética, y el argumento del secreto profesional le ha resultado eficiente, aun cuando la difusión de los
videos no provenga de la actividad periodística. Sin embargo, en relación con los medios, aunque en época de la
transparencia informativa no estemos suficientemente informados, conocemos lo central: con imágenes sesgadas
pero incontrovertibles logró exhibir la demagogia y la inconsistencia del adversario político de la fuente original de
la información. Esto en el contexto de la llamada sucesión presidencial adelantada y de lo adelantado que, en
relación con otros precandidatos, iba López Obrador.
Sabemos lo principal, repetimos, no obstante cualquier escándalo en el mundo deja rebabas en la curiosidad
de muchos y por eso en los medios se gesta una competencia para contar historias detrás de los escándalos, como
hizo durante abril el semanario político más influyente del país. Al querer mostrar lo obvio, que hubo personas
interesadas en el descrédito del jefe de gobierno de la ciudad de México, la revista
Proceso, aun a costa de su propia credibilidad, le confirió ésta a quien con la exhibición de los videos vio hecha trizas su reputación y que
como resultado de ello se ha defendido con dichos inconsistentes y contradictorios y con acusaciones sin pruebas que
las sustentaran. Con los dichos del señor René Bejarano,
Proceso buscó el denuesto de Televisa y quiso "revelar"
los nombres de quienes supuestamente habrían participado de "la trampa", como le llamó la revista, osease
del complot denunciado por los señores López Obrador y Bejarano Martínez. Esa actitud no la tuvo el semanario
cuando durante 2001 y 2002 vio la posibilidad de transmitir un programa periodístico suyo en las pantallas de la
empresa de Emilio Azcárraga Jean. En el otro extremo de las críticas de
Proceso, un alto funcionario de Milenio Diario,
Federico Arreola, advirtió de una campaña contra Televisa cuando, en su opinión, la empresa es un factor decisivo para
la consolidación democrática en México.
¿Quién nos ha robado el mes de abril?
A diferencia de los escándalos políticos que suceden en las democracias consolidadas, en México la aplicación
de la ley no ha sido expedita tanto por la falta de responsabilidad de las autoridades correspondientes como por
la obsolescencia de la estructura normativa y legal, y quién sabe si, además, por la existencia de una
estructura clientelar en el gobierno del Distrito Federal. El hecho es que dos meses después de conocidos los videos, el
ex secretario de Finanzas no ha sido capturado mientras el señor René Bejarano se escuda en el fuero para no
hacer frente a la justicia, además de otros ex funcionarios que no están sujetos a proceso. En tal sentido, hemos
perdido el mes de abril.
¿Ganan los medios?
Cualquier escándalo político suscita o afianza en buena parte de los medios posturas facciosas en tanto que
éstos forman parte (o buscan hacerlo) de la tensión de intereses dada en los conflictos para obtener provecho. En
demérito de la información, varios subrayan y defienden la existencia de una conspiración y para eso son repentinos
críticos de los medios Proceso, El Universal
y La Jornada y otros menosprecian cuando no se burlan de la existencia
del complot y, en cambio, enfatizan en los actos de corrupción develada (como sucede con Televisa y
La Crónica).
Aquellas posturas opuestas evaden el reconocimiento central: la incipiente democracia mexicana carece
de instituciones y leyes sólidas y esta situación se hace más frágil, incluso con el riesgo de una regresión
autoritaria, cuando los actores de un escándalo político desdeñan a la ley y a las instituciones, como ha sucedido durante
marzo y abril. Y eso es tan importante que permite explicar por qué no ha sido expedita la aplicación de la ley en
México como sí ocurre en otras democracias consolidadas.
El escándalo resulta de y expresa la descomposición política, no es signo de buena salud de la democracia
sino expresión de su fragilidad. Al recoger casi exclusivamente declaraciones, enfatizar unas sobre otras cuando
no omitirlas y tomar partido al sesgar la información, o depender de la filtración y difundirla sin advertir las
fuentes, los medios de comunicación forman parte, alientan esa descomposición cuando no buscan aprovecharse de
ella. Más aún, al querer sustituir a las instancias de procuración de justicia y dictaminar responsabilidad legales en
uno u otro actor político, como ha sucedido con Televisa y como en varias ocasiones en otros medios, en
Milenio Diario, por ejemplo, cuando en ocho columnas, el 26 de abril, resaltó una inferencia del director de ese diario, Carlos
Marín, como si se tratara de un hecho y no de acusaciones sin pruebas: "Hacienda, culpable de las filtraciones;
cometieron ilícitos", desplegó el periódico. Al día siguiente, aunque en interiores,
Milenio publicó el desmentido de la jefa
de la Unidad de Comunicación Social de la SHCP, Isabel Suárez Mier.
Otros marzos durante el año
Un escándalo político abre paso a otro, éste a uno más y así sucesivamente hasta que el caudal termina por
ser indiferente a los espectadores; según el patrón internacional los escándalos agotan la capacidad de asombro
del público y sólo resurgen dependiendo de los ciclos electorales y de la fuerza de los datos a difundir. En México,
sin duda, habrá más escándalos políticos de diversa magnitud provenientes de cualquiera de los adversarios
políticos más fuertes con el riesgo que para la democracia significa, como arriba señalamos.
Cuando iniciaron en la época moderna, los escándalos políticos en el mundo modificaron la cultura
periodística. Como hemos dicho, no hay escándalo político sin una fuente interesada en filtrar información que, en los 70 cuando los ilícitos en los que incurrió el presidente estadounidense Richard Nixon, devino en un ascenso mundial
del periodismo de investigación y en aquella divisa no por menos grosera contundente también de que el
periodismo es el "perro guardián" del poder público.
En México es excepcional el periodismo de investigación y más frecuente el ejercicio de la comunicación
como parte de acuerdos entre los actores políticos y los propietarios de los medios, aun violando la ley como hace
unos años ocurrió, por ejemplo, con la difusión de las conversaciones telefónicas privadas entre los hermanos Raúl
y Adriana Salinas (en ese entonces la fuente fue Dios, porque a él le agradeció la difusión de las conversaciones
el entonces secretario particular del presidente Ernesto Zedillo).
Aunque con claroscuros, indudablemente promotores de nuestra incipiente democracia, ahora los medios
tienen señaladas insuficiencias en esos parámetros profesionales y una casi exclusiva proclividad de participar como
un actor más cuando no ser árbitro dentro de las desavenencias políticas, con las piezas bien puestas en el
engranaje de la comunicación de una forma tal en la que un payaso puede ser para muchos el icono del periodismo mexicano.
Del mismo modo que en México los escándalos políticos podrían ser también una oportunidad para que
los políticos acuerden cambios que le hacen falta al país como a pesar de todo ocurre con la iniciativa de
reforma electoral del Presidente y de los principales partidos de oposición presentadas en marzo, el contexto que
generan y la forma en como se desarrollan los escándalos políticos están consolidando un coloso mediático a tal
grado intocado que esas propuestas de reforma electoral no contemplan claramente la disminución de los gastos en
los medios, sobre todo en los electrónicos, durante las campañas.
La fragmentación
Los escándalos políticos abren un proceso de reflexión sobre las convicciones sociales en relación con la
moral, la ética y la ley, por eso son también una oportunidad para pensar a los medios e insistir en las reformas legales
que regulen su funcionamiento y para analizar su probidad ética y profesional más allá de la credibilidad que,
al declararse dispuestos a ceñirse a esos parámetros, los medios buscan para ser favorecidos en el mercado.
Poner en el centro la función y la utilidad pública que debieran tener los medios evita el denuesto
interesado, circunstancial y por eso limitado entre los propios medios, como sucede con las estruendosas pero
insustanciales críticas que unos profieren a otros, como arriba señalamos. El quid del asunto es el enorme poder que tienen,
sobre todo Televisa, más allá y en algunos casos fuera de las leyes y las instituciones. En relación con los escándalos
de marzo, el asunto central es si esa empresa contravino o no con la ley o al menos con parámetros éticos
elementales al prestarse a difundir información reservada y si, cualquiera que sea el caso, Televisa formó parte de una
operación política, todo indica que sí, en la que no importaron las leyes ni las instituciones sino dictaminar culpabilidades
con el objetivo de lesionar la reputación de un actor político.
El papel decisivo de Televisa en la propagación de un escándalo político consolida a la empresa como un
factor decisivo de las disputas políticas y por eso tiene un poder formidable que, en una reforma integral de la ley
respectiva y de otras como la electoral inherentes a los medios, debiera ser regulado. Ahora, cualquier actor político en
el mundo sabe que si se mueve en esa dirección no sale en la cámara y si no sale en la cámara sus
expectativas disminuyen; en los pasillos de Televisa deambulan diversos personajes públicos que, como lo hicieron en
diciembre pasado, lo mismo explican a los empresarios de la televisora sus ideas para la aprobación del presupuesto de
ingresos y egresos de la Federación que, como lo hicieron también, militantes del PRI informan de sus diferencias
internas con el objeto de lograr un trato favorable para su causa.
Un rayo de esperanza
Junto con los escándalos políticos idos y por venir, los políticos proponen y Televisa dispone; esa es la
cuestión. A la empresa no se le toca ni con el pétalo de una crítica ya sea por una muy primitiva o bien interesada
solidaridad gremial entre periodistas o por sometimiento a sus designios de parte de los políticos tanto del gobierno como
de la oposición, entre otras actitudes de reverencia a su poder no contemplado en las leyes pero actuante y
operante día con día de un modo tal en que se pasa por debajo de las pantallas la necesidad de reformar la Ley Federal
de Radio y Televisión.
Uno de los saldos más riesgosos de esta serie de escándalos y de la que está por venir, es precisamente el
hecho de que consolidan e incrementan el poder de los medios electrónicos, particularmente de Televisa, para forjar
el perfil de probables candidaturas porque el compromiso mayor de la empresa es con sus intereses financieros
y políticos. Eso nos hace voltear particularmente a Italia de finales del siglo pasado porque el poder de los medios
en las sociedades contemporáneas no se encuentra tan concentrado como en estas y aquellas latitudes.
El surgimiento de cualquier escándalo político no le significa a los medios compromisos de largo plazo con
las fuentes que le proporcionaron la información, por ejemplo para Televisa no fue decisivo que el gobierno del
Distrito Federal gastara la mayor parte del erario en difundir su propaganda en esa empresa, ni que en esas le diera
poco más de un millón y medio de pesos de más en 2001. El engranaje y las piezas de Televisa, y de otros medios
que buscarán competir, están bien aceitados y el ambiente lóbrego para echarlo a andar también, es el tenue vaho
de la caja de cristal que ahora se llama libertad de expresión y secreto profesional. Es la conveniencia de la
próxima ocasión, de la inmediata que sigue.
Marco Levario Turcott
