Radios comunitarias
La amenaza está en pie
Sin novedad en 2003: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quiso pero no pudo atender los
dictados de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, tanto que en el primer trimestre del año intentó un
operativo junto con el Ejército que tiene expedientes "confidenciales" para cerrar las radios comunitarias.
Esa determinación sigue en pie, aunque desde el cierre de 2003 se haya atenuado debido a la intensa
respuesta que originó por parte de los representantes de esas frecuencias irregulares, la presencia que el tema tuvo en
los medios, la simpatía que generó en algunos columnistas y las diferencias entre la SCT y Gobernación. Muy probablemente en los primeros días de enero habrá una "comisión técnica", integrada por funcionarios de esas
dependencias, que delimitará los criterios de asignación de permisos y revisará caso por caso las radios comunitarias.
La persecución
La CIRT dictó al gobierno a través de la SCT y luego aplaudió su obediencia. El 29 de septiembre expresó
su "reconocimiento" a la dependencia por clausurar estaciones "que operan fuera del marco de la ley" y
descalificó a la Secretaría de Gobernación por haber iniciado en marzo un "proceso de diálogo y negociación" con
varios representantes de las radios irregulares. Esas pláticas fueron a contracorriente del desmantelamiento de las
frecuencias comunitarias resuelto por la CIRT a través de la SCT.
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Jorge Álvarez Hoth |
Sin embargo, el 19 de diciembre Jorge Álvarez Hoth, subsecretario de Comunicaciones de la SCT, afirmó
en entrevista de radio con Carmen Aristegui que "no hay tal situación dual en discursos de una secretaría y otra,
toda vez que todas las acciones que esta secretaría desempeña en materia de estaciones de radio y televisión que
operan sin concesión o permiso son del conocimiento de la Secretaría de Gobernación, y son del conocimiento a través de
oficios y a través de procedimientos legales. Por lo tanto, no se puede hablar de desconocimiento ni de discurso en un
lado y de acciones en el otro, porque son acciones que se toman de manera coordinada porque así lo marca la ley".
Impotencia
El gobierno quiso pero no pudo hacerle caso a la CIRT. Las diferencias entre su equipo son una variable
para explicar el impasse, pero sobre todo ha sido determinante la simpatía expresada en algunos medios de
comunicación en favor de regularizar esas emisoras. Además, debe considerarse que, a finales de 2003, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un documento confidencial, expresó al gobierno sus dudas por la
actuación que éste ha tenido en relación con el tema. Debe tenerse en cuenta, también, que el gobierno contempla
la posibilidad de hacer un foro nacional para discutir el tema con la más amplia participación posible.
Desde hace mucho tiempo la SCT ignora los reiterados llamados para regularizar las radios comunitarias y,
aunque no emprendió acciones de mayor envergadura, el 7 de agosto de 2002 cerró Radio Jen Poj de Santa María
Tlahuitoltepec, Oaxaca. El siguiente año buscó
clausurar La Voladora Radio, en el Estado de México y, más tarde, el 15 de
diciembre de 2003, clausuró tres estaciones en Jalisco: Radio Santa María, Zona Cero y Radio Grafía. En ese lapso,
funcionarios de Gobernación visitaron varias otras estaciones y verificaron la función social que desempeñan.
Otra onda
El 9 de octubre ante el Ejecutivo, el presidente de la CIRT, Jorge Mendoza, hizo una "denuncia firme sobre
la ilegalidad e impunidad con la que operan las autodenominadas radios comunitarias", a las que llamó "piratas"
y enseguida exigió que fueran cerradas.
Vicente Fox no respondió, pero el ánimo de la CIRT menguó. En esos días, La Voladora Radio
interrumpió emisiones y el gobierno autorizó a los operadores de televisión por cable a brindar servicio por Internet de
alta velocidad que, hasta el momento, sólo podían hacer algunas empresas. También dijo a los empresarios que
permitía transmisiones con los estándares de la radio digital y, además, anunció que estaba considerando asignar
nuevas concesiones. Así festejó Mendoza: "Siempre que presentemos peticiones fundadas y razonadas,
encontraremos respuesta positiva de parte de las autoridades".
Para los concesionarios, la ley se adecua, para las radios comunitarias se pretende aplicar mediante una
vulgar (e ilegal) posición que se empeña en tratarlas con los mismos criterios que a las frecuencias comerciales. La CIRT
no toma como referencia su función social ni su carácter no lucrativo, junto con la SCT promueve su cierre. Desde
esa óptica, los partidos políticos se hubieran visto impedidos de registrarse como tales.
¿La ley es la ley?
Buena parte de las radios comunitarias que operan en la actualidad, lo hacen desde hace cerca de 40 años e
incluso una, Radio Teocelo en Veracruz, tiene permiso. Justamente para no estar al margen de la ley y para evitar
las presiones de la CIRT y la SCT representantes de esas emisoras insisten en que la autoridad delimite los
criterios jurídicos para su operación.
El 17 de noviembre, la Cámara de Diputados se manifestó al respecto y acordó por unanimidad revisar la
situación jurídica de esas radios "a fin de proponer una normatividad adecuada para su funcionamiento" y exhortó al Ejecutivo para que instruya a Gobernación y a Comunicaciones y Transportes a "suspender la campaña contra
las radios comunitarias".
El gobierno no contestó.
El 11 de diciembre en la Cámara de Diputados el PRD presentó una "iniciativa con proyecto de decreto" para reformar y adicionar "diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión",
específicamente, para adecuar el marco jurídico que permita la regularización de las radios comunitarias.
El gobierno tampoco respondió. En la SCT vieron con displicencia el asunto. Incluso, algunas fuentes
informaron a etcétera que los funcionarios están confiados en que la iniciativa "no pasará".
Las respuestas de la SCT
El 21 de noviembre, la SCT recibió un documento de la Asociación Mundial de Radios
Comunitarias-México (AMARC). En éste, AMARC responde a las condiciones que le habría puesto esa secretaría para otorgar los
permisos correspondientes y también contesta a la tajante negativa de no aceptar esas frecuencias en áreas urbanas.
La SCT respondió un mes después, el 22 de diciembre, pero ignoró las observaciones de AMARC como se
muestra aquí (véanse ambos documentos).
El director general de Sistemas de Radio y Televisión de la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT,
Jorge Rodríguez Castañeda, afirma que las concesiones y permisos expedidos por el Ejecutivo federal corresponde a la
SCT y luego delimita los requerimientos legales para la obtención de esas concesiones y permisos. Enseguida
advierte que el artículo 104 bis de la Ley Federal de Radio y Televisión establece que quien opere o explote estaciones
de radiodifusión sin permiso o concesión, "perderá en beneficio de la nación todos los bienes muebles e
inmuebles dedicados a la operación o explotación de la estación de que se trate" y cuando la SCT tenga conocimiento
de algunos de esos hechos, procederá al aseguramiento de las construcciones, instalaciones y de todos los
demás bienes destinados a la operación o explotación de la estación de que se trate, poniéndolos bajo la custodia
del depositario interventor que ésta designe". Finalmente, Rodríguez Castañeda afirma que "esta secretaría le
ratifica su mejor disposición para encontrar cauces de solución dentro del marco jurídico aplicable a la problemática
que usted ha presentado".
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Frecuencias distintas
En realidad, la SCT no respondió a las observaciones de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
La representante de AMARC en México difundió aquel texto el 10 de diciembre. Ahí, Aleida Calleja afirma que,
de acuerdo con la Ley Federal de Radio y Televisión, los permisos no se restringen a zonas campesinas o indígenas,
como lo pretende la SCT. Ese requisito "contraviene con la ley y con los estándares mundiales plenamente vigentes
en nuestro país en términos de derecho a la información". Calleja aborda un párrafo del artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos de la que México forma parte:
"No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados
en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la
circulación de ideas y opiniones."
Luego, Calleja alude a otros criterios que la SCT habría establecido durante una reunión ocurrida el 7 de
noviembre entre ella y el subsecretario de Comunicaciones, Jorge Álvarez Hoth, y Jorge Rodríguez Castañeda.
Menciona la condición de SCT que, para otorgar permisos a las radios comunitarias, habría pedido los avales del Ejército
y el de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el caso de las radios
comunitarias indígenas, así como de la Secretaría de Agricultura o Sedeso para las radios comunitarias campesinas.
La representante de AMARC afirma que esas condiciones rebasan la competencia que establece la ley, pues
ésta señala que sólo la SCT y Gobernación tienen atribuciones para otorgar concesiones y permisos. En relación con
la Sedena, sostiene Calleja, la condición sobrepasa notoriamente la normatividad establecida en la materia "y
evidentemente establece un criterio discriminatorio y discrecional para el caso de la regularización de las
emisoras permisionadas, más aún cuando la Sedena es la que ha denunciado a las emisoras comunitarias como
radios clandestinas".
Finalmente, AMARC alude a otro requisito que le habría planteado la SCT: el cierre de transmisiones de las
radios hasta que la SCT resuelva sobre los expedientes entregados y verifique el cumplimiento de la norma oficial
mexicana en sus instalaciones, lo que significaría un promedio de ocho meses sin transmisión. Calleja contesta: "Las
radios comunitarias prestan un servicio público que otros medios no atienden, por lo que dejar a las comunidades sin
este servicio, por casi un año, es contrario a la responsabilidad que tienen las autoridades para estimular las
acciones necesarias para el beneficio de la población, especialmente la más vulnerable".
A esas observaciones, como hemos dicho, no respondió la SCT, no al menos por escrito y en cambio, resolvió
cerrar tres frecuencias comunitarias en Jalisco, el 15 de diciembre.
Noticias desde Suiza
El 10 de diciembre en Ginebra, donde se llevó a cabo la primera fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad
de la Información, cuestionado a propósito del aval del Ejército que habría exigido la SCT, el subsecretario de Comunicaciones, Jorge Álvarez Hoth, le dijo a Raúl Trejo Delarbre, enviado de
etcétera a ese encuentro, que él
"nunca estableció esa condición". Según el funcionario, él dijo que "hay radiodifusoras sin registro legal que
funcionan como instrumentos de grupos subversivos y por eso el Ejército ha expresado preocupación". Trejo Delarbre
le preguntó al titular de SCT, Pedro Cerisola, qué hará para resolver la demanda de regularización de las
radios comunitarias. El secretario respondió:
"No hay una situación en cuanto a las radios comunitarias que nos diga qué debemos hacer. Las leyes y
los reglamentos en México dicen que para operar una estación de radio se necesita cuando menos un permiso. Lo
que hemos estado haciendo es trabajar para regularizar las que son regularizables y para cancelar las que no lo son.
Una estación no puede decir tengo derecho de hacer lo que quiera por lo que se dijo en la cumbre... Hemos
venido trabajando con las gentes de Xóchitl Gálvez para el desarrollo de los pueblos indígenas y son varias (estaciones)
las que han venido regularizándose. Ese es otro proceso que no existía."
¿La represión es lo que sigue?
Ese mismo 10 de diciembre, AMARC entregó a la SCT cuatro expedientes para iniciar el proceso que se
requiere para obtener los permisos. Al respecto, la CIRT ha considerado interponer el recurso legal que lo impida pues,
según su parecer, no pueden otorgarse permisos a estaciones que están transmitiendo, tratan a las radios
comunitarias con los mismos patrones que a los medios de comunicación convencionales. Así lo expresó Jorge Álvarez Hoth
en la ya citada entrevista con Aristegui:
"La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación tienen la obligación legal
de asegurar los equipos cuando opere una estación sin concesión o permiso. Eso no tiene nada que ver con
cualquier solicitud de permiso para otras estaciones que pudieran hacer asociaciones como la que se mencionó, la
AMARC, o cualquiera otra (...) Hay denunciadas en nuestro país del orden de 82 estaciones de radio y televisión que
operan sin concesión ni permiso. De esas, hay registradas dentro de la AMARC, según información que nos ha dado la
propia Aleida Calleja, 25, que no es ni el 50% de todas. Y obviamente la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, conjuntamente con la Secretaría de Gobernación, tiene que desarrollar y desahogar los procedimientos de
todas estas estaciones que operan sin concesión ni permiso."
El discurso de la SCT es dual.
Por un lado se dice dispuesta a emprender una revisión caso por caso para ratificar la función social de esas
radiodifusoras, determinar si cumplen con los expedientes que marca la ley y, si es el caso, darles el permiso o
negarlo (porque, en efecto, hay el riesgo de que también existan frecuencias "piratas", es decir, que usufructuen un
bien público sin tener permiso para ello o incluso de que se encuentren violando la ley en otros órdenes). Así lo
dijo Álvarez Hoth a Carmen Aristegui:
"Estoy seguro que vamos a encontrar casos en los que vamos a encontrar todos los elementos constitutivos
para que haya nuevos permisos tipo Teocelo, es una estación comunitaria que tiene 40 años con su permiso y que
cumple una función social. Y ahí estoy seguro que nos vamos a entender y no va a haber ningún problema. Habrá otras
que seguramente no cumplirán con esas características y habrá otras que se le podrá llamar como quieran."
Por otro lado, la SCT no quiere fijar criterios para la asignación de los permisos a las radios comunitarias y se
ciñe sólo a la norma marcada para otro tipo de frecuencia que establece requerimientos que significarían la
interrupción de esas emisoras durante casi un año. Con esos señalamientos, la SCT podría cerrar todas las radios comunitarias.
Enero 2009
