En enero de 2008 advertimos del riesgo de un daño al erario por tres mil millones de pesos. Esto, debido a la demanda de Unefon contra el gobierno federal por el cobro de intereses indebidos a las prórrogas que en 1998 la empresa solicitó, y que la Cofetel autorizó, para liquidar el pago correspondiente al otorgamiento de 18 concesiones de bandas de frecuencia para prestar el servicio de acceso inalámbrico fijo o móvil.

Dijimos también que, a juzgar por la impericia evidente de los funcionarios de entonces a la fecha, el recurso legal de la telefónica podría tener buen puerto. No mencionamos nombres, claro está, porque una cosa es documentar y opinar sobre un hecho y otra dictar fallos que no corresponden a los medios. Así, por ejemplo, no nos prestamos a la campaña que se desató contra uno de los actores del conflicto. Más aún, aquí hemos recogido el parecer de todos, como lo hacemos ahora con los ex miembros de la Cofetel y el senador Carlos Sotelo, sin dejar de emitir nuestra opinión.

El 27 de marzo, eso que dijimos fue lo que resolvió la Auditoría Superior de la Federación: el establecimiento de las dichas prórrogas y los intereses fijados para ello son ilegales y los funcionarios involucrados deben ser investigados por la Secretaría de la Función Pública. Además señalamos en enero que, infortunadamente, Unefon podría tener la razón legal, como sucede según la autoridad: los 550 millones de pesos que el gobierno devolvió a Unefon en 2006 encuentran base jurídica. Si se reconoce el adeudo de 46 millones de pesos que la SCT se negó a pagar, el cobro de intereses que demanda Unefon sería de tres mil millones de pesos y entonces sí, podría haber “un daño a la Hacienda Pública Federal”.

¿Qué sigue? Con varias fuentes verificamos que, a fines de abril, inició una negociación entre el gobierno federal, a través del titular de la SFP, y Unefon. Se discute sobre un convenio que evite el daño patrimonial porque el pago a la empresa se calcularía con base en el Código Fiscal, tomando en cuenta la inflación, y éste sería de 300 millones de pesos (lo que registra la desorbitada demanda de Unefon). Hasta donde sabemos ese tipo de acuerdos son legales, pero no puede pasarse por alto que hay funcionarios involucrados en todo esto y que deben ser investigados para fijar sus responsabilidades administrativas o penales.

MLT