Lo que no fueron capaces de percibir las cúpulas del sistema mediático es que, de un año a otro, las condiciones políticas del país habían cambiado radicalmente. No sólo había terminado el uno de diciembre anterior el gobierno del presidente Fox, sino que el presidente Felipe Calderón no mantenía la misma estrecha relación de su antecesor con los grandes medios. No sólo había quedado atrás una reñida campaña electoral, cuyos candidatos dependían de una buena relación con los grandes medios para contar con mejores perspectivas en las urnas, sino que el resultado de esas urnas había disipado el riesgo de un gobierno autoritario contra el cual las empresas oponían la necesidad de prevenciones legislativas tendientes a suprimir los poderes discrecionales del Ejecutivo en materia de radio y televisión.
En estas nuevas condiciones, la sentencia de la Corte que invalidó los artículos centrales de las reformas de un año antes fue asumida por sus promotores como una reivindicación del sistema político sobre el mediático. Y las sesiones televisadas del Pleno de Ministros fueron percibidas como un juicio público, como un ajuste de cuentas del sistema político al sistema mediático.
El nuevo deslinde
El episodio anterior precipitó juicios en los que se consideró a la Corte como la única institución capaz de revertir los excesos de los llamados poderes fácticos, junto a manifestaciones de euforia ante lo que se estimó una enorme derrota de los grandes consorcios de los medios. Esto último pasaba por alto que la invalidación de determinados artículos del satanizado paquete de reformas no hizo otra cosa que regresar a la legislación que estaba vigente antes de esas reformas, es decir, a la generada por el sistema político anterior, en el que se forjó el complejo político empresarial de control de los medios, con el añadido de los acuerdos y reglamentos de Fox, que propiciaron que ese complejo pasara de la rectoría del Estado a la rectoría de los consorcios privados.
En otras palabras, el saldo neto previsible de esta zarandeada al sistema mediático tras la actuación de los tres poderes constitucionales del sistema político (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial) es que permanecieron intocados los altos niveles de concentración de mercados y audiencias, en la medida en que no se generaron en este proceso las condiciones para el otorgamiento ágil, objetivo y transparente de más y más concesiones a quienes no participan de esa concentración. Y en cuanto a la antigua demanda democrática de acotar el poder de decisión discrecional del Ejecutivo en la materia, la más celebrada invalidación de la Corte la del precepto que obligaba a la autoridad a la asignación de concesiones mediante subasta pública, un criterio objetivamente medible le regresa al Ejecutivo el poder discrecional de otorgarlas con base en criterios subjetivos: los concursos de proyectos de contenidos que a juicio de la autoridad respondan mejor al interés público. Pero además los ministros invalidaron también la facultad de objeción del Senado a los nombramientos presidenciales de los miembros del órgano regulador: la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL),con lo cual se restauró el poder discrecional del Ejecutivo para nombrar, por sí y ante sí, a autoridades reguladoras que sólo respondan de su actos al propio Presidente.
Así, tras hacer oler el peligro por sus excesos al sistema mediático, es decir, a los poderes fácticos de la comunicación, el sistema político, en voz del Ejecutivo y de no pocos miembros del Legislativo, se aferraron a partir de junio a la posición de que no hay necesidad de nuevos intentos de actualizar las leyes en la materia y de que el saldo dejado por la interpretación de la Corte deja una normatividad adecuada para el funcionamiento del sector con garantías para todas las partes tuteladas bajo la discrecionalidad del poder presidencial. Y en esto empiezan a coincidir diversas voces del sistema mediático.
Pero todavía faltaba septiembre y la decisión del Poder Legislativo con los votos de los legisladores del partido del Ejecutivo de no dejar al Poder Judicial como el único capaz de mantener bajo control a los poderes fácticos de
la comunicación.
Al empezar el último cuatrimestre de 2007 el sistema político mexicano cerró filas frente al sistema mediático. La madrugada del 12 de septiembre de 2007, el pleno del Senado de la República dio entrada en primera lectura el dictamen de reforma constitucional en materia electoral con importantes implicaciones en la comunicación pública y el papel de los medios y por la tarde de aquel mismo día lo aprobaba en segunda lectura, en lo que pareció un franco desafío del sistema político al mediático.
En las semanas previas, el sistema político había logrado poner a la cabeza de la agenda pública su acusación al sistema mediático de enmascarar con su defensa de la inamovilidad de los consejeros y la autonomía del IFE el propósito de obstaculizar una reforma electoral tendiente a acabar con las cuantiosas transferencias de recursos de los contribuyentes a los medios por la vía de la inversión publicitaria de los partidos en mensajes radiotelevisados pagados.
Sólo que aprovechando ese flanco indefendible del sistema mediático, el sistema político avanzó posiciones que ciertamente apuntan al establecimiento de nuevos controles políticos sobre los medios. El cambio radica en que el portador de los controles por parte del sistema político ya no será sólo el Poder Ejecutivo, sino que los compartiría con los líderes partidistas determinantes en el Congreso. Así, un "nuevo" IFE controlado por esos líderes será a su vez la autoridad reguladora de contenidos mediáticos clave en materia política, así como de la expresión de los particulares al contratar mensajes pagados en época electoral, a través de procedimientos expeditos que incluyen la suspensión de transmisiones de estaciones de radio y de canales de televisión.
El sistema político escarmentó tras un sexenio de sumisión prácticamente incondicional al sistema mediático. Y el sistema mediático olió el peligro de provocar con sus excesos las reacciones del sistema político.
Pero todo indica que habrá que esperar mucho más que los episodios de este año para transitar con pasos firmes a la elaboración de respuestas duraderas a las expectativas de contar en México con un cuerpo normativo moderno y democrático, capaz, a la vez de garantizar las libertades informativas y de opinión, precisar los derechos y las obligaciones del sistema mediático y definir los campos de acción del sistema político en la comunicación pública del país.
Diciembre 2008
