EDITORIAL

José Carreño Carlón

Ilustración: Correaiae

Si 2006 fue el año en el que las grandes empresas mediáticas consolidaron el poder acumulado en el sexenio del presidente Fox, 2007 fue el año de la resaca.

éste fue el año en que los grandes medios olieron el peligro de estirar más allá de lo tolerable la presión sobre el sistema político, que finalmente reaccionó desencadenando un juicio público contra el sistema mediático. Tras este juicio, el sistema político terminó invalidando algunas de las reglas del juego promovidas por las empresas y puso en vigor otras que no sólo acotaron los campos de influencia y de negocios de las corporaciones dominantes de la información y la comunicación, sino que ­también hay que decirlo­ impusieron límites discutibles a las libertades de expresión tanto de los actores políticos como de los particulares.

Adicionalmente habría que advertir que en el debate público del año que termina, algunas de las resoluciones de la Suprema Corte contra la llamada "Ley Televisa", así como algunas de las reformas constitucionales aprobadas en materia electoral, apuntaron a un movimiento pendular que podría estar pasando del control del sistema mediático sobre el sistema político ­situación a la que se llegó en el primer gobierno de la alternancia, y que ahora se planteaba corregir­ al regreso a los controles del sistema político sobre el sistema mediático que caracterizaron la relación del poder y los medios durante los gobiernos del partido dominante a lo largo de la mayor parte del siglo pasado.

Se suele fechar en 2002 el inicio del tránsito formal hacia el acrecentamiento del poder de los medios en sus relaciones con el gobierno y del cambio en la correlación de fuerzas dentro del modelo histórico de colusión entre los medios y el poder público. Este cambio condujo a una suerte de cesión de la rectoría del modelo de colusión de manos del componente estatal a manos del componente privado del complejo político empresarial de control de los medios. Fue un tránsito a la mayor dependencia del sistema político a las condiciones impuestas por el sistema mediático, al contrario de la mayor dependencia del sistema mediático a las condiciones que imponía el sistema político en el siglo pasado.

El primer paso, en efecto, para formalizar la nueva correlación de fuerzas en favor del sistema mediático quedó simbolizado en los dos decretos presidenciales publicados el 10 de octubre de 2002. Con el primero, el presidente Vicente Fox expidió un nuevo "Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión" ­que sustituyó al expedido por el presidente Luís Echeverría tres décadas atrás, en 1973­ para revertir esta vez una serie de obligaciones que el sistema político le había impuesto 30 años atrás al sistema mediático. Mientras que con el segundo decreto, el presidente Fox expidió un acuerdo que sustituyó el del presidente Díaz Ordaz de 1969, para reducir las cargas fiscales que este último le había impuesto a los medios tres décadas atrás, a retribuir al Estado con tiempo aire de transmisión. A diferencia del acuerdo diazordacista que consolidó entonces la supremacía del sistema político sobre el mediático, el acuerdo de Fox llevaba el indudable mensaje que anunciaba la nueva supremacía del sistema mediático sobre el político.

Finalmente, hacia el término de la administración del presidente Fox se produjo otra serie de normas, esta vez a cargo del Congreso Federal, normas que fueron percibidas ya no sólo como una rendición del Ejecutivo, sino del conjunto del sistema político ante el grupo dominante del sistema mediático. En este nuevo episodio, un paquete de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, elaborado ­de acuerdo a una percepción extendida­ por encargo de las cúpulas del sistema mediático, y por ello rotulado como "Ley Televisa", fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados en diciembre de 2005 y por mayoría en el Senado en marzo de 2006.

¿El Gran Viraje?

Una vez concluido este proceso legislativo de reformas a las leyes de radio y televisión y de telecomunicaciones ­resumidas también como "Ley de Medios"­ y una vez publicado el decreto respectivo por el presidente Vicente Fox el 11 de abril de 2006, un grupo de senadores opuesto a ese paquete de normas presentó el 4 de mayo del mismo año, ante la Suprema Corte de Justicia, una acción de inconstitucionalidad contra algunos de los principales artículos reformados, promoción a la que la Corte le dio entrada cinco días después, el 9 de mayo de 2006.

Pero si a lo largo de este proceso ya se percibían sometidos a los designios del sistema mediático tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, las grandes empresas de los medios confiaban ­y los activistas del sistema político temían­ que el Poder Judicial terminaría por desechar la acción de inconstitucionalidad y así dejar firmes las reformas.

De allí la sorpresa de todos cuando se dio a conocer el proyecto de resolución de un ministro de la Corte, la primera semana de mayo de 2007, lo mismo que cuando se escucharon durante las últimas semanas de ese mes las voces de los ministros abonando, una a una, las posiciones más hostiles del sistema político contra el sistema mediático, así como cuando finalmente se aprobó la resolución del Pleno de la Suprema Corte el siguiente 7 de junio.