Bases ilícitas
Como consecuencia de esto, al solicitar una moratoria de 180 días naturales para efectuar el pago del 80% del monto restante de la postura ganadora, lo que procedía legalmente es haber declarado la nulidad y revocación de la adjudicación otorgada en favor de Operadora Unefon por incumplimiento de lo establecido en las bases de la licitación, y no una prórroga para el cumplimiento de su obligación. Habida cuenta que conforme a la naturaleza jurídica del procedimiento licitatorio, quien presenta y formula una oferta, debe ajustarse estrictamente a las condiciones fijadas en las bases de la licitación, quedando obligado a su mantenimiento. De tal manera que la oferta ya presentada tiene la característica de inmodificable; por lo que el licitador, una vez iniciado el acto de apertura, no puede modificarla, y si lo hace, la adjudicación que se le hiciere estará afectada de nulidad.
Sin embargo, lejos de aplicar la ley y promover la nulidad y revocación de la adjudicación de la concesión otorgada, las autoridades han permitido que Operadora Unefon continúe a sus anchas con el reclamo, hasta el extremo de que el último día del sexenio anterior, el entonces subsecretario de Comunicaciones, con conocimiento del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de la oficial mayor, sin mediar apremio alguno, hizo la liberación presupuestal y enteró en favor de Unefon la cantidad de 550 millones de pesos, sin recabar el correspondiente finiquito que diera por satisfechas y terminadas las pretensiones de la concesionaria.
La grave o dolosa omisión de no exigir el finiquito ha permitido que ahora se accione y reclame de la SCT, entre otras prestaciones, el pago de la exorbitante cantidad de tres mil 57 millones 94 mil 421.81 pesos por concepto de presuntos remanentes de principal, actualización y recargos, del que Unefon considera que se le haga un pago indebido de intereses.
A la luz de estos acontecimientos, ¿en qué consistirían las maquinaciones de los representantes legales de Operadora Unefon? Indudablemente en la dañina intención de proponer y consentir de mala fe en el pago de intereses con el único objetivo de no perder la adjudicación de la concesión de frecuencias del espacio radioeléctrico que se le habían hecho, cuando de antemano tenían planeado reclamar su pago indebido una vez que se les otorgaran los títulos de concesión. Y con base en sus mismos actos ilícitos, ahora pretender del erario público una cantidad mucho mayor a la que pagaron como contraprestación por la concesión.
¿Y los actos de colusión de las autoridades? No haber declarado la nulidad y revocación de la adjudicación otorgada por incumplimiento de las bases de licitación, como procedía conforme a derecho en la especie; no oponer como excepción para destruir legalmente las pretensiones de Unefon, la facultad del Estado en determinar recargos para los casos de prórroga respecto del pago de créditos fiscales; efectuar la liberación presupuestal y enterar cantidades en favor de Unefon sin mediar apremio y sin recabar finiquito alguno para permitirle que continúe con su reclamo contra el patrimonio de la nación.
Las evidencias son tan graves que exigen que la SCT y la Cofetel inicien de inmediato un procedimiento de investigación respecto a la forma en que se otorgó a Operadora Unefon los títulos de concesión para red pública de telecomunicaciones. Asimismo, para que la SFP y a la Contraloría Interna de la SCT promuevan procedimientos de investigación de responsabilidades administrativas respecto a las conductas desplegadas por los funcionarios involucrados en los hechos.
Diciembre 2008
