El plan de negocios, ¿y la ley?
La Cámara de Diputados resolvió el 1 de diciembre el plan de negocios de Televisa, no la iniciativa de ley
que hace falta en el ámbito de la radiodifusión y las telecomunicaciones. De ahí la tozudez de sus operadores por
resolverlo en enero, sin mediar la discusión amplia que se necesita, en periodo extraordinario en el Senado (todavía
buscaban eso entre el 23 y el 27 de diciembre).
Ésta no es una advertencia panfletaria ni sólo la reiteración de que Televisa es un formidable obstáculo de
la democracia. No. Simplemente constatamos que la empresa quiere evitar que el gobierno federal otorgue
concesiones (y se favorezca con esa decisión discrecional en tiempos electorales) y que también intenta que la ley impida
la participación de otros actores en el mercado y para ello su plan de negocios no sólo no reparó en la
concentración que hay en esa industria sino que, incluso, la alentó.
La ruta para entender aquella inusitada unanimidad en San Lázaro -e incluso también para registrar buena
parte de las críticas que suscitó- es la óptica financiera y no el interés por la función social de los medios. El
ánimo militante de los operadores del consorcio y sus cómplices en la Cámara de Diputados, la sumisión de otros y
la indolencia de los más que es el esquema desde donde se confabuló la sorpresiva decisión hizo patente
otro principalísimo interés de Televisa. El consorcio busca que todas las frecuencias que actualmente usufructúa y
que sean liberadas en el proceso de migración digital continúen en su poder. Ahora la ley lo impide y para ello
intenta modificarla.
Todas las concesiones que la SCT refrendó en noviembre de 2004 hasta el 2021 como supuesto respaldo a
la transición digital establecen que la autoridad recibirá las frecuencias analógicas dejadas por el tránsito
de modernización tecnológica. Por eso fue muy certera la Comisión Federal de Competencia al advertir a los
legisladores dejar en claro qué pasara con el "espectro sobrante".
Entre otras virtudes la ley ha de tener la de concitar el interés de los principales actores a que alude, ésta no lo
hizo no sólo porque carece de ese carácter de iniciativa seria sino porque incluso como plan de negocios está mal
hecho, no incorpora el interés de los demás radiodifusores y eso explica que algunos de ellos -como Radio Fórmula,
Núcleo Radio Mil e Imagen- hubieran mostrado un insospechado talante crítico y que fue determinante en la resolución
de aplazar el dictamen a febrero. Los intereses de esas empresas, además de los del dueño de
El Universal por tener concesiones de radiodifusión y no una súbita preocupación de Estado, es lo que determinó la oferta informativa
que hicieron.
Para arbitrar o conciliar en torno de intereses está el gobierno federal, pero con su omisión ha sido
determinante para favorecer la promoción que Televisa hace de su plan de negocios. Esa postura política es inadmisible y
prueba una vez más las prioridades que hay en Los Pinos en relación con el consorcio. Lo que afirman varios de
sus representantes acerca del respeto que el Ejecutivo tiene por las instancias parlamentarias es sin duda recurso de
la demagogia que deja el campo libre a que nada sustancial se resuelva. Es decir, a que sigan intocados los
medios públicos, el desarrollo de las radios comunitarias, el derecho de réplica y la regulación de contenidos, entre
otros temas que aquí hemos abordado con profusión.
En el Senado hay un dilema: resolver sobre el formato que partió de la Cámara de Diputados el 1 de diciembre
o hacerlo en torno de una propuesta alternativa. El primer caso significaría legislar en la periferia de los intereses
de Televisa y, tal vez, en ese terreno lograr algunas adecuaciones relevantes. En el segundo caso podría suceder
que, una vez más, haya empate de fuerzas y se postergue hasta el cambio más nimio.
Sin dejar de reivindicar aquí la iniciativa de reforma que a finales de 2004 presentaron varios senadores,
creemos que vale la pena pensar en un prontuario de cambios mínimos que atiendan a los temas citados líneas arriba.
Las preocupaciones financieras de la radiodifusión ya han sido expresadas por los industriales del ramo y por
quienes comparten las mismas preocupaciones que ellos en el ámbito de la política y la academia, como sus empleados o
no. Habrá que dar varias y sustanciales vueltas de tuerca a ese boceto empresarial pero también tendrá que
contener disposiciones claras sobre la función social de los medios.
MLT
