Los senadores tienen la palabra
Es la hora de la ley. La frase es certera aunque tenga cierto aroma a proclama: ni más ni menos este mes sabremos si
los senadores aprueban otro marco normativo para la radiodifusión, como se comprometieron al finalizar 2004.
En ese entorno,
etcétera no es imparcial. No lo es porque sus editores no tienen vocación de juez y porque coinciden con
la iniciativa, aunque tomen distancia de los errores de sus promotores en la Cámara alta -el más reciente fue no asistir al debate
en la Universidad Iberoamericana- y aunque también consideren el dislate de suprimir del dictamen el tema de los contenidos -esperamos que lo enmienden-. No hay causa que justifique el aplauso a todo lo que hagan, aunque estemos de acuerdo con
su propuesta.
Pero esos reparos son de menor alcance frente al silencio del gobierno federal que dice respetar el trabajo legislativo
al mismo tiempo que nada hace por acercar a las partes y, en cambio, soterradamente alienta la no aprobación de la ley por la vía
de menospreciar la posibilidad de que se apruebe. Además nuestros puntos de vista distintos a los de quienes promueven la ley
son menores en medio de la objeción de los concesionarios a que salga avante y que para dislocarla en vez de argumentar y
proponer han buscado confundir su sentido y también han pretendido defenestrar a sus detentadores empleando fórmulas funestas (en
ello han tenido un vergonzoso papel varios periodistas). Testimonio reciente se encuentra en
La Crónica del 19 de enero.
Los directivos del periódico hicieron cálculos; sabían que ese día habría una reunión en el Senado sobre el dictamen y que
era la oportunidad de difundir el documento que le filtraron autoridades de la SCT sobre la supuesta existencia de 124
radiodifusoras ilegales. Lejos de querer revelar un hecho y denunciar a la SCT por permitir que operen radios ilegales, el diario
arremetió contra la iniciativa de ley y para eso falseó información y confundió a las estaciones comunitarias con emisoras piratas, o
sea, con aquellas que lucran ilegalmente cuando no incurren en transgresiones de mayor dimensión. Más, el rotativo llamó piratas
a varias radios comunitarias que hace poco obtuvieron su permiso de operación y también manipuló declaraciones para
hacerlas coincidir con el cierre de todas esas emisoras, tanto las piratas como las comunitarias. Ni qué decir de la omisión
informativa relacionada con los ocho permisos que aún no se entregan a las radios comunitarias y que fue a lo que se comprometió
el gobierno federal, al finalizar 2004, a través de Ricardo García Cervantes.
Precisamente hace dos años solicitamos el antedicho informe de la SCT y ésta respondió que era confidencial y que
su difusión alertaría a los delincuentes; desde entonces
etcétera exige la intervención de la autoridad. Ahora, ese periódico
obtuvo la información y la propaló con los mismos sesgos con los que han tratado el tema las más fuertes cadenas de radio y
televisión. Ese día en Radio Fórmula, el ex presidente de la CIRT Emilio Nassar aprovechó la edición de
Crónica para denostar la propuesta de ley y fue más lejos: sin prurito alguno dijo que los auténticos medios comunitarios son los concesionados y que
cualquier intento de conferirle legitimidad a esas estaciones significaría poner a sus empresas al borde de la quiebra. Ocho días
después, en una declaración insospechada, Nassar consideró que valdría la pena que emisoras como Radio Huayacocotla obtuvieran
su permiso; como se sabe, ese medio está dentro de los ocho que lo solicitaron en septiembre pasado. La declaración de
Emilio Nassar no fue recogida en los medios.
Este episodio refleja la precariedad ética y profesional del periodismo que deja de ser eso, periodismo, cuando opera
en desdoro de la función pública que garantiza el derecho a la información y, en cambio, deviene propaganda de alguna de
las partes interesadas en el litigio que sea. Pero además, esa edición de
La Crónica tiene el sello que durante décadas ha
distinguido a los empresarios más connotados de la radio y la televisión: falsear, confundir y perseguir cualquier alternativa distinta a
la suya en lugar de atenuar sus intereses y dilucidar entre argumentos. En el foro organizado por la Universidad Iberoamericana,
el 27 de enero Javier Tejado dijo que "el debate lo hemos perdido", aunque enseguida culpó a quienes, según él, lo
"monopolizaron" durante estos años.
Algo sabrá de monopolios el abogado de la CIRT y también representante legal del consorcio Televisa para haber dicho lo
que dijo. Ahora, sin duda, tiene presente la directriz que dio el presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión
a sus agremiados para que no participaran de la discusión sobre la iniciativa de ley y, en cambio, omitieran informar sobre
los puntos de vista de sus promotores al mismo tiempo que los criticaran con carretadas de adjetivos. Varias decenas de notas en
los medios, en efecto, son una novedad respecto de anteriores aproximaciones a readecuar la ley, pero la "novedad" se
atenúa cuando nueve de cada diez "impactos" en la radio y la pantalla son para criticar a la actual iniciativa. Eso es tener el
monopolio del micrófono, pero no el sustento de los argumentos. Por eso decimos que es la hora de la ley y que, en medio del chantaje y
las presiones a las que son expuestos, los senadores tienen la palabra.
