Desdén por la ley
Sometido ante los grandes consorcios televisivos del país, Vicente Fox mostró un franco e
intencionado desdén por la ley en beneficio de TV Azteca y en perjuicio de CNI Canal 40. El contubernio ha sido tan
claro como la exacta coincidencia de los discursos, las acciones y las reales o aparentes vacilaciones del gobierno
con los planteamientos y los intereses de la televisora del Ajusco.
Durante un mes, el guión que siguió el gobierno fue sustancialmente el mismo que dictó el teleprompter
de Azteca. Esa colusión de intereses vulneró el Estado de derecho, pero también desembocó en que los
poderes Legislativo y Judicial mostraran más fortaleza democrática que el designio autoritario. El gobierno y Azteca
se quedaron solos, desacreditados y sin más posibilidad que la de acatar el fallo de un juez para entregar
las instalaciones de CNI a sus legítimos concesionarios aunque, como dijeron casi al unísono, el fallo aún no
sea definitivo.
En todo este periplo la pregunta recurrente es por qué actuaron como actuaron el gobierno y TV Azteca.
La respuesta no puede ser ajena a la forma en como los empresarios de las principales cadenas televisivas del
país han traducido en su favor la apuesta del gobierno por sustentar sus acciones a través de la pantalla. En
demérito de la democracia, el logro más destacado de esos consorcios es la resolución presidencial del 10 de
octubre pasado. Ese contexto es central para entender lo que hizo Azteca, porque en otra circunstancia la toma del
cerro del Chiquihuite le hubiera significado el retiro de su propia concesión.
El 23 de diciembre, TV Azteca dijo públicamente que buscaría homologar en las instancias legales
mexicanas el laudo de la Corte Internacional de Arbitraje, que interpreta en su favor. Sin embargo, cuatro días
después la televisora se desmintió a sí misma, sin mediar explicación renunció a esa obligación jurídica y resolvió
asaltar la torre de transmisión de CNI. ¿Por qué? ¿Sólo porque a Ricardo Salinas Pliego se le acabó la paciencia y
quiso hacerse justicia por mano propia? La decisión se da en fechas clave y en el momento en que están en
juego montos cuantiosos.
Ese ilegal despojo coincide con el establecimiento de las estrategias electorales de los partidos políticos
que, entre todos, invertirán alrededor de cinco mil 306 millones de pesos en sus campañas. Como se sabe,
los recursos se canalizan fundamentalmente a las dos principales televisoras (en 2000, Televisa y TV Azteca
captaron, respectivamente, 51.57% y 25.96% del dinero gastado en los medios). Por eso, al quitar la señal a su
legítimo concesionario y al operar esa estación televisora, Azteca buscó incrementar sus ingresos por la venta de
spots y, al mismo tiempo, determinó actuar sobre dos posibilidades: apropiarse (ilegalmente) de la señal con
la aquiescencia del gobierno o prolongar el conflicto para lograr la quiebra de la Televisora del Valle de
México y luego hacer efectiva la opción de compra que dice tener en su favor.
Además, los funcionarios de Azteca no podían desconocer que el próximo 19 de abril, según el título
de concesión respectivo en su fracción cuarta, la SCT está obligada a revisar, como cada cinco años, la
vigencia de la concesión a la Televisora del Valle de México, otorgada el 19 de abril de 1993 y cuyo plazo de
vencimiento es de 15 años. Cualquier decisión de la SCT al respecto mina las posibilidades de que Azteca opere la señal.
Si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes refrenda la concesión quiere decir que están en regla
las condiciones administrativas, contables, técnicas y financieras con las que opera Canal 40. Si no refrenda
la concesión, Azteca estaría impedida de usar la señal porque, aunque ganara en los tribunales las demandas
que entabló contra CNI, la concesión está a nombre de Televisora del Valle de México S.A. de C.V. y si ésta la
pierde no hay objetivo en disputa. En este escenario, el gobierno tendría que "adquirir las instalaciones y
equipo necesarios para la continuación del servicio" en tanto resuelve, a través de SCT, si somete a concurso
la concesión.
Naturalmente, hay otros escenarios donde Azteca podrá sustentar la razón legal que alega para sí. Pero
con la decisión del 27 de diciembre, Azteca soslayó la determinación que, tarde o temprano, deberá ser tomada
por los tribunales porque, en efecto, un asunto es el acto ilegal que cometió la televisora del Ajusco y otro
muy distinto es el derecho que le asiste para disputar en los tribunales mexicanos lo que considere pertinente.
Los directivos de Azteca pueden aprovechar esa oportunidad y ganar o perder legítimamente en los
cauces institucionales, si es que no acuerdan el adeudo y el pago que debiera hacerles el señor Javier Moreno
Valle, como saldo de un negocio que no funcionó. Aunque entre esos escenarios todavía cabe el riesgo de
un manotazo autoritario. Que, sin sustento legal, el gobierno retire la concesión a Televisora del Valle de
México para restañar en algo la prepotencia herida, tanto la que ha dicho que de qué sirve la democracia y la ley
como la del gobierno, que funcionó como comparsa de ese pensamiento.
Marco Levario Turcott
