Javier Corral Jurado

En el debate sobre el proyecto de nueva Ley Federal de Radio y Televisión se dicen muchas mentiras. A la discusión la circunda, además de una abusiva y prepotente distorsión informativa, la propagación de viles mentiras. Eso no es nuevo, pero nunca como ahora ha sido tan descarado, tan despiadado, tan inescrupuloso.

Los principales concesionarios han tenido que volver a practicar las más absurdas formas de presión sobre sus comunicadores, incluida la censura. Se necesita acallar las voces que pueden desmentir y clarificar las medias verdades y las mentiras totales que se repiten como script en espacios noticiosos. Y eso no lo van a permitir los que todos los días se dicen paladines de la libertad de expresión, y autoproclaman una conversión sin precedentes a la pluralidad, al acceso de todas las voces.

Su actitud frente a la reforma legal de los medios, los define en su conjunto, y son esencialmente los mismos de siempre. En esas manos está el sistema de medios de comunicación electrónica, y frente a cualquier cosa que parezca afectar sus intereses, se regresarán a la época que necesiten, por supuesto, a la mentira como estrategia de defensa. Y de ahí para abajo se puede esperar todo: injuria, calumnia y difamación como tácticas de la pelea.

Un hecho digno de ser estudiado con precisión y rigor, a la luz de la utilización de la mentira y el ocultamiento de información que es otra forma de mentir, es la audiencia que se celebró en el Senado de la República entre las Comisiones Unidas dictaminadoras del anteproyecto de ley y los dirigentes de la CIRT el 9 de febrero. Andrea Becerril en La Jornada, a través de una mezcla espléndida de crónica y nota periodística, retrató esencialmente el ambiente y recogió las respuestas a falacias. Como siempre, Raúl Trejo Delarbre, con el bisturí de su rigor profesional y a través de su columna en La Crónica de Hoy, desnudó el encuentro. Tituló a su entrega del 15 de febrero: "CIRT, mentiras y omisiones".

Entresaco dos párrafos: "Los legisladores habrán tomado nota de la actitud prepotente, casi insultante en ocasiones, con que se dirigieron a ellos algunos de esos directivos empresariales. Además de la retahíla de obviedades que les dispensaron durante varias horas y que se comentaba ayer en esta columna, hubo comprobable mala fe en las exposiciones de algunos representantes de la CIRT".

"En esa reunión, a pesar de los recursos audiovisuales y los extensos discursos que llevaron, los radiodifusores demostraron que ignoran -o no quieren admitir- muchas cosas acerca de su propia industria. Tanto el presidente de la CIRT, Alejandro García Gamboa como su asesor Javier Tejado, negaron que en algunos medios electrónicos las tarifas de publicidad política sean distintas para cada partido. En varias investigaciones periodísticas -una de ellas la publicó en julio pasado la revista Proceso- se ha demostrado que no ha sido así. Hay partidos, como el PRI, que han resultado especialmente beneficiados con descuentos de televisoras y radiodifusoras cuando contratan propaganda política. Esa práctica contraviene la equidad en la competencia electoral".

En esa discusión, así se siembra la duda, incluso entre los más bien intencionados; y al igual que la calumnia, de la mentira algo se queda. En espíritus frágiles y mentes ligeras se anida con rapidez. Algunos legisladores toman las mentiras a sabiendas de que lo son, para pretextar su oposición al proyecto y servirles de mejor manera a los poderosos dueños de las corporaciones mediáticas. Pero, ¿mentirles a sus propios agremiados?

Circula una carta por estos días, que es prueba irrefutable de ese manejo. Me aseguré que el documento fuera una comunicación formal y oficial de quienes encabezan los Comité Directivo y Consejo Consultivo de la CIRT. Hice varias llamadas telefónicas, incluido obviamente nuestro director Marco Levario Turcott -quien me envió copia de esa misiva-, y todos me confirmaron que la carta fechada el 26 de enero del presente año es auténtica, aunque mucho de su contenido sea falso. Dos concesionarios literalmente me respondieron: "es que piensan que no leemos, de a tiro nos consideran unos tarados".

Es que la carta hace una combinación de formas distintas de falsificación de los contenidos de la ley. Pone en práctica la recurrente estrategia conocida en la comunicación política como "la confusión intencionada", que consiste en crear espacios lingüísticos que permiten operar en un margen más extenso de significación. Tiene también el recurso de "las medias verdades", de los datos inexactos que se convierten en "mentira inadvertida". Y tiene también la fórmula central: la mentira como método. Está suscrita por Alejandro García Gamboa, presidente del Consejo Directivo; Enrique Pereda, presidente del Consejo Consultivo; Javier Tejado Dondé, presidente del Comité de Estudios Legislativos; Alberto Sáenz, presidente del Comité de Radiodifusión y Octavio Mayén Mena, director de Relaciones Públicas y Comunicación Social. Se le destina a todos sus agremiados con el genérico "Estimado Radiodifusor".

Desgloso la carta y empiezo por el principio:

1.- Como te hemos estado notificando vía electrónica y a través del portal de la CIRT estamos trabajando en el tema de la Ley de Radio y Televisión a efecto de que no se afecte tu patrimonio y se salvaguarden tus derechos. A pesar de lo mucho que se ha dicho, la realidad es que el Dictamen impulsado por el Senador Javier Corral al igual que las otras cinco iniciativas que ha presentado sobre el tema sigue en estudio en las Comisiones y tiene serios vicios jurídicos y una clara connotación política-partidista.

Ni el patrimonio ni los derechos de radiodifusor alguno saldrán afectados. El principio constitucional de irretroactividad de la ley salvaguarda derechos adquiridos y el patrimonio logrado. Es probable que a algunos les disminuya ingresos en el futuro, y a otros se los incremente, por virtud de dos de sus propuestas: la de ampliar la competencia y prohibir los sobreprecios de hasta seis tantos más del valor comercial (tarifa política) y los precios diferenciados a partidos (tarifa diferenciada). Con ellas se esquilma a los partidos políticos y candidatos.

Es falso que haya presentado cinco iniciativas sobre el tema. Sobre la radio y la televisión es la primera, y lo hicimos el senador Raymundo Cárdenas y yo, a nombre de las organizaciones ciudadanas que fundamentalmente elaboraron el proyecto con apoyo de académicos y asesores de mi oficina.

Con la connotación política no me meto porque es bien sabido que la mayoría de los legisladores somos políticos, y que la regulación de los medios tiene una enorme significación política. Es un asunto del Estado en interés de la sociedad. Lo que valdría resaltar es que ha trascendido los partidismos y que su reforma ha concitado las convergencias más disímbolas entre actores políticos. Es la unidad que ha concitado el abuso, la amenaza y la mentira.

2.- Lo anterior lo revelan los estudios que ha hecho la CIRT y decenas de instituciones académicas y sociales como: la Facultad de Derecho de la UNAM; el programa Iberoamericano de Derecho a la Información de UIA; la Barra Mexicana de Abogados; la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET); el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE); e incluso, la propia Confederación de Trabajadores de México (CTM) y los sindicatos del ramo, el STIRT y el SITATYR. (Estudios y documentos que están a tu disposición en la CIRT).

Esta ha sido una de las estratagemas más recurrentes de quienes se oponen, señalar falazmente que esas instituciones académicas han elaborado estudios sobre el proyecto de dictamen y que están en contra. Ni la Facultad de Derecho de la UNAM ni el CIDE ni la Universidad Iberoamericana, han tomado posición institucional alguna sobre el proyecto.

Algunos académicos han presentado sus puntos de vista, sin que éstos representen a las instituciones en las que trabajan. En el caso de Eduardo Ruiz Vega, que pertenece a la UIA, lo hizo a pedido de la senadora Araceli Escalante Jasso, concesionaria en el estado de Campeche y miembro de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado. Sé que a varios investigadores de la UIA, ese estudio, les provoca pena ajena.

De hecho, el estar diciendo que son estudios institucionales, ha originado serias discusiones al interior de las universidades precisamente porque hay muchos académicos e investigadores de la comunicación y del derecho que no coinciden con esos análisis.

Sobre el mentado "Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones", debe aclararse que no se trata de una institución académica, sino de una asociación de abogados, entre los que se encuentran algunos de los más connotados consultores jurídicos de varias empresas de comunicación, sobre todo de las televisoras.

Sobre la CTM, el STIRT y el SITATYR no puedo agregar más al conocimiento personal y directo que los propios trabajadores radiodifusores tienen de esos sindicatos.

3.- Sabemos también que varios radiodifusores han recibido cartas de la Subcomisión de Radio y Televisión tratando de señalar las "bondades" del proyecto y la supuesta no afectación de la industria concesionada de radio y televisión en el país.

En efecto, el 3 de enero de este año les dirigimos a todos los radiodifusores del país una carta en la que explicamos que en el Senado de la República impulsamos la nueva Ley Federal de Radio y Televisión, con el propósito de crear una relación más transparente, más justa y más equitativa entre los medios de comunicación electrónica, la sociedad y el Estado.

Los senadores quisimos dirigirnos directamente a ellos y no sólo a través de su cámara para que llegara íntegro nuestro mensaje porque con frecuencia son desinformados, como en la carta de la que me ocupo. Manifestamos que en el proceso de elaboración de la nueva ley es una prioridad el diálogo constructivo y plural entre todos los actores involucrados para lograr una ley moderna, democrática y acorde con la realidad normada. Por ello ratificamos nuestro interés en conocer la opinión de los que operan esa industria.

Les dijimos: la nueva ley no afectará las concesiones otorgadas, su espíritu es fundamentalmente transparentar el otorgamiento de nuevas frecuencias y acotar el amplio margen de discrecionalidad de la autoridad en este proceso; es decir, despolitizarlo y dejar de favorecer sólo a ciertos grupos o personas.

La nueva ley garantiza derechos fundamentales establecidos en la Constitución como son el pleno ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de réplica. En la nueva ley ni uno solo de los artículos acota el derecho constitucional de la libertad de expresión. Convencidos de que muchos de los concesionarios operan sus emisoras con responsabilidad y compromiso, se despolitiza la vigilancia de los contenidos sacando esta atribución de la Secretaría de Gobernación cuya función es el gobierno interno y no la supervisión de contenidos en radio y televisión. Para crear un órgano regulador desconcentrado de la SCT.

La nueva ley no afecta los actuales porcentajes de transmisión de publicidad. En radio continuará con el actual 40%, mientras en el caso de la televisión aumentará a 20%, esto es, 2% más a lo que establece la legislación vigente.

La nueva ley pretende impulsar la pluralidad de la industria y atender los intereses de las empresas y todos los prestadores del servicio y no sólo a las grandes cadenas, al determinar un límite para que un operador pueda obtener más concesiones si rebasa 35% de la cobertura en una plaza, dando posibilidad a operadores con pocas frecuencias o a nuevos operadores. Para ello se contará con la participación de la Comisión Federal de Competencia. Esto no significa que las empresas radiodifusoras que actualmente superan ese porcentaje en una zona de servicio determinado, puedan ser afectadas cuando la nueva ley sea aprobada, sólo tendrán límites para obtener concesiones en la misma plaza, para así promover el crecimiento equilibrado y plural de esta industria.

Obviamente el texto firmado por los miembros de la Subcomisión caló hondo.

4.- NO TE DEJES SORPRENDER, EL PROYECTO PRESENTADO TIENE SERIAS Y GRAVES AFECTACIONES A LAS INDUSTRIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN ABIERTAS, ASÍ COMO A LAS DE AUDIO Y TELEVISIÓN RESTRINGIDAS.

En eso estamos totalmente de acuerdo, estimado radiodifusor, no te dejes sorprender. Y agregaría, no te dejes usar; porque siempre que hay un intento regulador echan por delante a los radiodifusores y concesionarios independientes de televisión, y luego, cuando hay una negociación, siempre son los sacrificados y el duopolio televisivo es el único ganón.

5.- A continuación un resumen muy puntual:

Esconde un proyecto político de forma disfrazada.

Es lamentable que a sus agremiados los directivos de la CIRT les mantengan oculto "el escondido proyecto político" y no les den más información que les permita eliminar el disfraz del escondido proyecto. O quizá debemos suponer que está tan disfrazado que aún no saben bien a bien dónde está el escondite o qué es lo que esconde el disfraz, lo que debe preocuparnos a todos.

6.- Tiene serias inconsistencias legales y regulatorias.

Ante esta afirmación sólo cabe preguntar, ¿cuáles son?

7.- Grava en exceso a la industria: a) duplica tiempos oficiales,

Es una mentira que duplique tiempos oficiales. Por el contrario, de los actuales tiempos (tiempo oficial y el legal) la radio tiene hoy la obligación de otorgar 65 minutos al Estado y la televisión 48 minutos. Con el proyecto que se impulsa en el Senado, la radio bajaría a 60, y la televisión aumentaría 12 minutos. Siempre la televisión ha tenido ventaja frente a la radio, y ahora buscamos equilibrar un poco la disparidad existente. Te quieren volver a engañar, como lo hicieron el 10 de octubre de 2002, cuando la tele se despachó con la cuchara grande.

8.- b) establece un impuesto discrecional sobre los ingresos brutos de las estaciones, llamado Derecho de Antena.

Otra mentira. No hay un solo artículo del proyecto que hable de gravar ingresos. Sería bueno que los radiodifusores consultaran directamente el proyecto de dictamen en las páginas que lo contienen íntegro, entre otras pongo a sus órdenes la mía: www.senadorcorral.org

No se incorpora ningún nuevo derecho de antena, ni modificación alguna al establecido en la ley de derechos. Sí considero, aunque esa no es materia del anteproyecto, que el monto contemplado en el pago del actual derecho por uso de espectro radioeléctrico debiera incrementarse sustancialmente.

9.- Además de c) establecer la licitación pública como método para obtener nuevas concesiones e incluso para refrendar las concesiones hoy vigentes.

La licitación a la que hace referencia el proyecto de dictamen no incorpora la oferta económica como criterio de valoración ni como requisito, para el otorgamiento de nuevas concesiones. Y es más falso que se proponga como método para refrendar las existentes. La palabra "licitación" ha dado pie a que se desvirtúe el carácter público de la convocatoria -que es el verdadero espíritu del proyecto-, y a que se engañe a mucha gente; los dictaminadores del anteproyecto ya propusimos que se cambie por "procedimiento público".

10.- Además, permite el acceso gratuito a partidos políticos locales y nacionales a tu estación de radio y televisión en elecciones estatales y federales. Y el de los Gobiernos estatales y municipales. Todos ellos de forma gratuita. Por ello duplican los Tiempos de Estado.

Otra mentira. El proyecto no cancela la contratación de espacios publicitarios para partidos, y gobiernos estatales y municipales. Prohíbe la tarifa política, y la tarifa diferenciada, y hace al IFE instancia exclusiva para el pago de lo que contraten, en la periodicidad, medios y frecuencia que ellos determinen, con los recursos públicos. Con ello atendemos una demanda social muy importante sobre el control y fiscalización de los recursos públicos destinados a la publicidad electoral, y de paso, se convierte en una medida equilibradora de la concentración del "pastel" publicitario en unos cuantos concesionarios de la ciudad de México.