Francisco Báez Rodríguez

Las recientes celebraciones de la 46 Semana Nacional de la Radio y la Televisión y la enésima vuelta a la tuerca de la discusión sobre legislación en la materia han vuelto a poner en el debate la relación entre los medios electrónicos, el Estado y la sociedad.

Cada vez está más claro que los medios electrónicos se afianzan como el quinto poder. Cada vez está más claro que ese poder obliga a los representantes del Estado, y a la clase política en general, a ser cautelosos ante los medios. Cada vez está más claro que hay malestar y preocupación social ante esa acumulación de poderío.

Los concesionarios (tal vez ya sería mejor decirles dueños) recibieron muchos aplausos y reconocimientos. Si acaso se les recordó que los medios públicos tienen una razón de ser, que hay radios comunitarias legales ­y debe haber más­ y que parte de su responsabilidad social es llevar a la pantalla y al cuadrante programas de calidad.

La respuesta predominante de los industriales de radio y TV fue: "Queremos más". No quieren cambios en la ley que los rige. Están muy a gusto viviendo un paternalismo con padre ausente.

En particular, insistieron en que no se debe limitar ni fiscalizar el monto que los partidos políticos destinan a su promoción en medios electrónicos, durante las campañas políticas.

De cara al 2006, se trata de una insistencia de varios miles de millones de pesos, provenientes del financiamiento público a los partidos (es decir, del bolsillo de los ciudadanos).

Para los difusores es una cuestión clave no sólo por los millones. En la medida en que las campañas se vuelven más mediáticas y menos ideológicas, la presencia, el top of mind, la identificación de marca, el slogan y el jingle van sustituyendo al argumento y las propuestas como mecanismo de atracción del voto.

Eso coloca a la radio y la televisión como intermediarios privilegiados para los partidos. Los institutos políticos y los candidatos con ambiciones entienden que, con la tele pueden ser todo y sin ella pueden convertirse en polvo, en nada. Lo mismo entiende el gobierno.

Estamos a años luz del proceso electoral de 1988, cuando a pesar de la inequidad en medios, el candidato que tenía a toda la televisión en su contra, Cuauhtémoc Cárdenas, estuvo a punto de ganar. Ahora hay más equidad; pero también por desgracia, porque entonces se podía ganar a pesar de los medios electrónicos.

Gobiernos, partidos y candidatos han entendido que hay Grandes Electores y se cuidan de no afectarlos. Esto ha acrecentado el poder de los principales grupos empresariales de la comunicación, con Televisa a la cabeza.

Lo malo es que la Ley Federal de Radio y Televisión está pidiendo a gritos una reforma. Una reforma no sólo para terminar con las simulaciones del régimen anterior. No sólo para que la legislación se ponga al día frente a los avances tecnológicos. Una reforma para poner coto legal y legítimo a los abusos naturales que provoca la acumulación de poder político y financiero.

Sería absurdo exigir que la televisión comercial fuera educativa, que "contribuyera a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales" o se dedicara a "exaltar los valores de la nacionalidad mexicana". Iluso, suponer que las transmisiones dirigidas a los niños, deban promover su "interés científico, artístico y social", como señala la letra muerta de la ley vigente.

Pero sí podrían cambiar algunas cosas. Podrían normarse y sancionarse algunas conductas recurrentes.

Una es el uso gratuito de la vulgaridad, que no debe confundirse con una censura mocha. Van dos ejemplos (para no hablar de La Escuelita de Ortiz de Pinedo):

Psicólogo: "El problema cuando el marido golpea a la mujer". Conductor, interrumpiendo: "cuando le pone una madriza, pues"

Conductora: ¿Y cuando se te sale la chichi en un concierto, no hay escándalo?

Entrevistada: No, son accidentes, porque me muevo mucho. Además, mis chichis son chiquitas, rinconeras. Ja ja.

Otro es ya no contar como tiempo de programación algo que es estrictamente tiempo de comercialización, desde los programas dedicados 80% a ello, como En familia, hasta los anuncios reiterados que realizan los conductores en pleno programa, como los de Vas o no vas o Los protagonistas de la tarde.

Otro más es poner un hasta aquí a la gran cantidad de sorteos en los que el costo por llamada es muy elevado, y en los que las televisoras se están embolsando grandes cantidades, nunca bien especificadas, engañando a la población.

Otro es hacer efectivo el control sobre los contenidos publicitarios. La publicidad engañosa y desinformadora es cada vez más común. Mujeres que no cambian de talla, sino hasta de rostro; niños que se vuelven genios de la noche a la mañana; curas milagrosas que le devuelven la salud al tatarabuelo. La crítica vale para publicidad normal y para infomerciales, con el agregado de que estos últimos, por tener objetivo de venta, no son programación en sentido estricto y deben ser rigurosamente vigilados.

De entre las que faltan, la reforma más importante es la que tiene que ver con la competencia. O mejor dicho, con la escasez de competencia.

Televisa y TV Azteca concentran más de 90% de las frecuencias de televisión abierta. Se trata de un duopolio asimétrico que no tiene parangón. No hay nada similar en ningún otro país moderno, entre otras cosas porque en todos ellos se legisló para evitar la concentración industrial ­y para hacer una defensa elemental del Estado y los ciudadanos­. Vaya, ni siquiera en la Italia de Berlusconi.

Cuando nos movemos hacia la televisión restringida, el asunto se pone aún peor. Lo normal es que en cada ciudad sólo haya un proveedor de cable. Todos venden por paquete y no por canal. Ese mercado, que pronto llegará a significar la mitad del mercado urbano de TV, carece de reglas que eviten abusos y que promuevan la competencia. (Y por cierto, resulta patético que en el cable de la ciudad de México no se pueda ver Eurochannel, y sí en el de San Juan del Río. Cablevisión, como Televisa, ha hecho del "naco es chido" su evangelio.)

El mercado de cable está fragmentado en pequeños, medianos y grandes monopolios locales. Si algunos, en la perspectiva de los televidentes, ponemos el acento en la palabra "monopolios", Televisa, en la perspectiva de las empresas, lo ha puesto en la palabra "fragmentado". Va por más. Va por todo.

Y si hemos de terminar de asustarnos, la reciente quiebra de DirecTV en México ha resultado en la conformación de un monopolio aterrador en el servicio DTH (direct to home).

Al salir de México, DirecTV le vendió su cartera de 260 mil clientes a Sky, filial de Televisa. La vocera de Sky se dirigió a los suscriptores de DirecTV: "deben estar tranquilos, van a disfrutar la señal hasta mínimo un periodo de nueve meses". Para entonces ya no habrá otra opción.

Hay varias razones que explican la quiebra de DirecTV. La mala calidad del servicio de atención a clientes es una de ellas, y responsabilidad de la empresa. Pero quizá la más importante es que los suscriptores no podían ver en el sistema los canales de Televisa y tenían que pasarse a televisión abierta para hacerlo (con todos los problemas de señal que eso implica).

Como quien dice, Televisa y Sky se comportaron como esos felinos depredadores que aparecen en Animal Planet. (La legislación, en el pasado remoto y las autoridades tan campantes.)

Nadie pide a las autoridades que hagan, en un mercado tan complejo como el de la televisión, una política de "acción afirmativa", protegiendo a las minorías y fomentando su crecimiento. Pero sí podría pedírseles que la Comisión Federal de Competencia estuviera más atenta, y recordarles que, en una democracia moderna, la acción del Estado es algo más que el laissez faire.

Sé, sin embargo, que eso es pedir demasiado y es recordar cosas incómodas. En la era de la videocracia, el quinto poder es muy grande y los otros poderes le tienen pavor. Por no hablar de los partidos políticos, que solamente aspiran a convertirse en Clientes Consentidos del duopolio.

Francisco Báez Rodríguez es periodista.
fbaezr@hotmail.com