Juan Francisco Ealy Ortiz
Aprecio sinceramente la distinción que significa dirigirme hoy a ustedes, en un momento clave para profundizar en la reflexión sobre nuestra democracia y el futuro que todos deseamos para nuestro país.
Me resulta especialmente alentador que este foro sea impulsado desde el Congreso, espacio que ha
reconquistado, en menos de una década, el papel fundamental que le corresponde en la construcción de
contrapesos políticos y en una mejor gobernabilidad en México.
Diversos estudios han ratificado durante los últimos meses que el proceso político por el que cursa la
nación viene acompañado por una incertidumbre ciudadana que se refleja en múltiples espacios de nuestra
vida pública.
Este escenario alberga un horizonte de procesos complejos, de cuya dinámica nadie escapa. Pero
tampoco se trata del caos, ni de la ingobernabilidad. Simplemente ninguna fuerza política está en condiciones de
imponer por sí sola su proyecto y sus políticas. El gobierno y los actores políticos tienen que ampliar su capacidad
para hacer lo que durante décadas se hizo poco: deliberar, conciliar y negociar.
Sería lamentable descalificar a una democracia que, aun con sus insuficencias, nos permite disentir,
deliberar, coincidir o simplemente no coincidir. El país no se va a deshacer por la impericia de unos y la obcecación de
otros. Llegará el día en que los electores evalúen y castiguen los comportamientos actuales.
El estado de incertidumbre, suscitado por las transformaciones del régimen político, no es
especialmente favorable en incentivos para alentar la cooperación entre los poderes políticos. Se respira un aire de
insuficiencia.
La democracia necesita de resultados, de razonables productos para evitar el desprestigio, para
vacunarse frente a las tentaciones de regresión autoritaria.
Hoy la lucha política se vacía de contenido, de propuestas programáticas e ideológicas, para centrarse
en la disputa por el poder. El gobierno federal tiene que construir una coalición para cada política e
iniciativa enviada al Congreso, pero al mismo tiempo encara el imperativo de ofrecer resultados.
Por este desfase se han infiltrado la desconfianza y el descrédito hacia los gobernantes, las instituciones
y, por extensión, hacia los legisladores, los partidos políticos y otros actores de nuestra vida pública.
Son múltiples los estudios que en los últimos años han documentado lo que podríamos llamar el
desencanto con la democracia, muy claramente en países de la región latinoamericana, como México. Este
desencanto surge porque los cambios políticos no han venido acompañados de una mejoría económica y social.
Pero también, porque la sociedad no se siente representada por sus representantes formales, el
gobierno, los partidos políticos, el Congreso. Esta crisis de representación es un fenómeno que debe preocuparnos
a todos. Ello se agrava por la crispación y la falta de acuerdos que dominan el escenario político.
Considero que en ocasiones los medios de comunicación contribuimos a ello, por optar por la
elemental concepción de que noticia es conflicto.
En El Universal, al que me honro en presidir desde hace casi 35 años, creemos que es nuestra
responsabilidad alentar el acuerdo y ofrecer un espacio periodístico en el que se reconozca la importancia del consenso.
Creo que, de manera implícita o explícita, los medios de comunicación debemos coincidir en este enfoque.
Más allá del campo editorial, este servidor de todos ustedes participa desde hace años en diversos
espacios de análisis y reflexión, como el Grupo "...Por México!", desde el cual hemos insistido en la importancia
del diálogo y la concertación como condiciones básicas para impulsar una agenda que otorgue mayor
profundidad y alcances a nuestra democracia.
El debate público, por otra parte, ha contribuido a enriquecer la percepción favorable que los diversos
actores sociales y políticos le otorgan a la libertad de los ciudadanos para expresarse y hacer oír su voz.
Los gobiernos y los funcionarios habitualmente tienen problemas para oír a los ciudadanos. Los oyen mal
y, cuando se da el caso de que los escuchen, atienden mal sus demandas, salvo que éstas se formulen a
través de un interlocutor previamente reconocido, como lo son los medios de comunicación.
Representó un avance histórico que el voto de los ciudadanos sea respetado con mayor rigor. Pero el
voto, por sí mismo, no colma el horizonte de los derechos y libertades públicas que los ciudadanos de una
sociedad en transformación deben ejercer.
Los procedimientos e instituciones democráticas creados en un periodo de transición requieren para
consolidarse de una ciudadanía en crecimiento, que no se restrinja al cumplimiento del derecho a votar.
El voto es la manifestación más evidente del grado de participación de los ciudadanos en los asuntos
públicos, pero no es el factor más eficaz para introducir correctivos y límites a los gobiernos y a los funcionarios.
Con votos libres y respetados se legitiman los poderes públicos y la élite gobernante. Se hace posible la alternancia y el desplazamiento de gobiernos ineficaces. Pero sólo con voces sonantes y disonantes,
escuchadas, contrastadas y discutidas, se consolida el régimen democrático.
A la luz de ello, no podemos evitar preocupación respecto de lo que ocurre en nuestro país. La falta de
eficacia en el cumplimiento de pautas democráticas, como el desarrollo del diálogo, la definición de mayorías y
la construcción de consensos, ha inhibido la participación ciudadana, de suyo marcada culturalmente por
el autoritarismo.
No es difícil encontrar en la arena pública discursos cargados de anacronismo autoritario. El cambio
democrático, cuyos valores fundamentales son la legalidad, la tolerancia, la rendición de cuentas, la
deliberación pública de los asuntos públicos, el derecho a la información, el pluralismo y el respeto a las libertades
públicas, se enfrenta a verdaderas barricadas levantadas por las burocracias. Lo mismo las que se atrincheran en
oficinas gubernamentales de todos los niveles, que aquéllas que se agazapan en los partidos.
En este contexto, estoy convencido de que el país precisa fortalecer el campo de lo social, de lo público,
por la vía de la ampliación de las libertades ciudadanas, especialmente las relacionadas con la libertad de
información.
La libertad de información en su acepción moderna, transporta y contiene la libertad de pensamiento,
de expresión, de prensa y de información. En el campo de las libertades públicas y especialmente en relación
con la libertad de información de las personas, los periodistas y los medios, el imperativo fundamental del
orden estatal debe radicar en la omisión de ciertos comportamientos, potencialmente transgresores de tal libertad.
En este punto no podemos hacer ninguna concesión al poder público.
Hablamos del ejercicio de derechos humanos irrenunciables.
La actuación de los órganos del Estado debe dirigirse a la creación de condiciones objetivas jurídicas
e institucionales para garantizar que el ejercicio de las libertades no será violentado ni impedido.
Por lo que toca a los medios de comunicación, lo anterior debe concretarse en acciones legislativas en diversos frentes. La convocatoria a este foro plantea una pregunta concreta: "¿Qué reforma?". Yo llamo
la atención sobre cinco, todas fundamentales:
1. Cambios de fondo en las leyes que administran las concesiones otorgadas a medios de
comunicación electrónica, a fin de disminuir la concentración monopólica actual, que amaga incluso con ampliarse,
en detrimento del espacio público.
2. Transparentar la relación de los actores políticos con los medios de comunicación. La corrupción
exhibida recientemente en escandalosos videos sólo disminuirá si se reduce el costo de la política y los alicientes
para establecer nexos perversos entre actores políticos y medios, especialmente en épocas de campaña electoral.
3. Derogación de la Ley de Imprenta, decretada en 1917, previamente a nuestra Constitución y en
condiciones de excepción que fueron superadas hace décadas.
4. La actual ley de acceso permitió avances en la transparencia del Poder Ejecutivo. Ahora precisa
reformas para incluir con mayor eficacia a los poderes Judicial y Legislativo.
5. Una nueva ley sobre medios públicos o bajo control del Estado, para garantizar su función social
y transparencia, evitando que sigan sometidos a intereses personales o de grupo.
Es preciso subrayar la naturaleza especialmente arbitraria y desmesurada que observan aún hoy las
disposiciones jurídicas vigentes que penalizan el ejercicio indebido de la libertad de expresión y de imprenta,
considerado más peligroso que los delitos asociados con la corrupción en el gobierno y el narcotráfico, al
persistir la pena privativa de la libertad por delitos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión.
Un incentivo radical para fomentar el ejercicio responsable del periodismo surgirá de la abrogación
de sanciones penales por delitos de difamación cuando se deriven de publicaciones periodísticas en torno
a funcionarios y personajes públicos. La solución de conflictos entre periodistas, medios y particulares debe
ser conducida al ámbito exclusivo de las sanciones y compensaciones civiles. Las normas jurídicas que
siguen vigentes en esta materia son un legado anacrónico.
Las sociedades democráticas no admiten la persistencia de coacciones arbitrarias al ejercicio de la libertad de expresión y de imprenta.
En México no existe alguna referencia constitucional ni legal sobre el secreto profesional de los
periodistas. La reivindicación de tal derecho se funda en el derecho internacional, en el derecho comparado y en la
tradición del periodismo libre e independiente que se practica en las sociedades democráticas, donde se reconoce en
las normas jurídicas y en la práctica jurisdiccional, el derecho o el deber de los periodistas a negarse a revelar
la identidad de sus fuentes informativas a terceros o a las autoridades administrativas y judiciales.
Los países que reconocen en sus constituciones y normas legales el secreto profesional del periodista, lo
han hecho porque se trata de un derecho complementario, para hacer efectivo el derecho a la información en
la acepción establecida en el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo
13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El atraso del derecho mexicano en ese punto es evidente. Corresponde a la fiscalía aportar las pruebas y
a los jueces valorarlas y en todo caso formular las conclusiones pertinentes, pero lo que no es política y
éticamente aceptable con el contexto de una sociedad que se democratiza, es utilizar resquicios legales para coaccionar
a los periodistas y suplir con sus informaciones los vacíos de las investigaciones policiacas y de las
resoluciones judiciales.
Nuevamente me congratulo de mi presencia en este foro. Es un honor compartir este espacio con
mis compañeros de panel. Y hago votos para que la comisión legislativa que nos convoca esta mañana logre
los avances que el país está esperando.
Muchas gracias.
Diciembre 2008
No más concentración
