Felipe Vicencio Álvarez
Fue una abierta declaración de la insuficiencia de la ley. En la reunión anual de la Cámara de la Industria de la Radio
y la Televisión celebrada el pasado mes de octubre, el secretario de Gobernación se dirigió a los empresarios del ramo
para plantearles la pertinencia de "construir nuevos acuerdos más allá de la ley" para poder transparentar los recursos
económicos destinados a la publicidad política.
Carlos Abascal compartió esa reflexión al ponderar el acuerdo suscrito entre el Instituto Federal Electoral y
Televisa, por el que la empresa se compromete a dar a conocer los montos de la publicidad
política contratada con ella durante
el proceso electoral federal que ya comienza. Se trata, al parecer, de un convenio o convención que según el diccionario
es una norma admitida tácitamente, sin ninguna expresión o declaración formal. Su fuerza radica en la disposición de
las partes para asumir un compromiso, en el mutuo consentimiento y en la buena fe entre ellas.
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Foto: Germán Romero/Cuartoscuro |
Causó natural extrañeza conocer ese acuerdo, pues hay motivos para dudar de las intenciones de la más
poderosa empresa de la televisión mexicana. Sin embargo, la explicación podría ser muy simple. El negocio de la
comunicación, que es precisamente el de Televisa, se puede acrecentar sólo en la medida en que se mantiene la confianza del
público-consumidor. Un gesto como el
anunciado sin duda abona a la credibilidad de la empresa y, en esa medida, fortalece
su cotización.
Y es que se ha dado una transformación en el parecer de la sociedad respecto de las campañas y sus gastos. A
diferencia del pasado próximo cuando los mexicanos recién estrenábamos procesos electorales de certidumbre antes insospechada
y parecíamos resignados a pagar el alto costo económico de nuestra naciente democracia electoral, hoy se abre paso
cada vez con más fuerza la idea de que tenemos una democracia "muy cara" y que las campañas electorales, tal como
se desarrollan, son más desperdicio que otra cosa.
Los casi 12 mil millones de pesos que se destinarán al proceso electoral del año que entra han causado estupor
en diversos sectores de la
sociedad. Debe considerarse que de esta cantidad casi cinco mil corresponden a los partidos
políticos y que éstos, siguiendo la tendencia, reservarían 60% a publicidad en medios electrónicos, por lo que habrá que
estar atentos al manejo de esos tres mil millones de pesos, cuyo destino es hoy poco claro.
La iniciativa de reformas a la ley de radio y
televisión que se encuentra en trámite en el Senado establece
disposiciones que atienden este problema. Por ejemplo, propone que los
tiempos de Estado salvo el que requieran asuntos de salud y seguridad
nacional sean puestos a disposición de los partidos para difundir sus
mensajes 90 días antes de la elección. Igualmente, considera que sea el
IFE la entidad encargada de contratar toda la publicidad electoral y
que las tarifas de la misma se homologuen a las que se ofrecen al resto
de los contratantes. La sola entrada en vigor de estas dos
disposiciones podría generar un ahorro de recursos públicos cercano a
los dos mil millones de pesos y constituir un significativo avance en
materia de transparencia. Pero esta posibilidad de ahorrar y de
transparentar quedará postergada mientras no se apruebe tal reforma a
la ley.
En este contexto, el convenio aludido pretende ser una respuesta que atienda parcialmente esta necesidad. Se
tiene todo el derecho a dudar de Televisa, pero no a desconocer el aporte positivo que significa este convenio. Algunos
han fustigado al IFE porque consideran que haberlo suscrito lo debilita. Sin embargo, la debilidad del IFE es institucional
y tiene su origen en las omisiones de los legisladores más que en el desempeño del propio instituto.
Por el contrario, es
de reconocerse su esfuerzo por subsanar las lagunas de la ley con iniciativas que, si bien son insuficientes, son el medio
que tiene a su alcance para cumplir de mejor manera su tarea. Así debe entenderse también su invitación a la propia CIRT
a firmar un convenio en los mismos términos y el exhorto a que los medios contribuyan a elevar el nivel del debate
político en vez de privilegiar la descalificación.
La ley en vigor permite al IFE suscribir estos convenios, pero no lo faculta para instar a las empresas con la fuerza
del derecho a conducirse como corresponde a los valores de la democracia que queremos construir. Por eso el exhorto
a elevar el nivel del debate será seguramente un llamado a misa, como quedó acreditado en la reciente disputa por la
candidatura presidencial priista,
en que la descalificación demostró ser para la misma empresa más rentable en todos sentidos
que elevar el nivel del debate. Este episodio ilustra además con mucha claridad que el límite de los convenios es la divergencia de intereses. Los acuerdos sólo pueden prosperar cuando los intereses de las partes concurren, aunque sea por
motivos diferentes.
Pero en un Estado de derecho la ley es la que
ofrece certidumbre. Un Estado de convenios es un Estado de
incertidumbre. Por eso no es aceptable que el Presidente de la
República haya afirmado en el mismo evento de la CIRT que la
transparencia "se podrá garantizar con la participación y el firme
compromiso de los medios". ¿A qué pueden atenerse los ciudadanos si
llegase a faltar "el firme compromiso de los medios"? ¿Deben resignarse
a postergar la exigencia de su derecho hasta que haya voluntad de
suscribir un convenio?
Senador de la República por el PAN y miembro de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de ese órgano legislativo.
Diciembre 2008
