Laura Islas Reyes

La decisión ha sido histórica y la discusión de la Corte fue clara. Puntual y minuciosa que no dejó espacio a los cuestionamientos. Cuando menos no a los de quienes calificaron el proceso como una simulación montada para convalidar la Ley Televisa, ni para aquellos que de una forma tramposa compararon lo ocurrido con el cierre de la televisora venezolana RCTV.

Muy lejos de estos dimes y diretes, la Suprema Corte de Justicia revisó cuidadosamente artículo por artículo, frase por frase, palabra por palabra, y determinó que hasta las comas son inválidas en las reformas a las leyes de telecomunicaciones y radiodifusión, que con una premura de siete minutos aprobó la Cámara de Diputados en diciembre de 2005; y que el Senado ratificaría meses después.

El pasado martes 5 de junio el pleno de la SCJN votó de manera unánime la invalidez del artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, aquel que otorgó a los concesionarios el beneficio de brindar servicios de telecomunicaciones, con el único requisito de solicitarlo a la SCT, y sin pagar contraprestación alguna al Estado. Así, los nueve ministros presentes en las discusiones determinaron que el citado precepto viola los artículos 1, 6, 25, 26 y 28 de la Constitución.

En pocas palabras, la Suprema Corte echó abajo la Ley Televisa.

Bitácora de la Corte

Fue un escenario poco previsto. Para los enterados en el tema, la resolución del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Televisa ha sido una grata sorpresa del ejercicio que llevó a cabo la SCJN, máxime cuando en el primer día de discusiones hubo visos poco esperanzadores: apenas iniciaba la sesión del 21 de mayo, el ministro José Ramón Cossío presentó ante el pleno un impedimento para participar en el debate, debido a su experiencia laboral previa en materia de telecomunicaciones.

La mayoría de sus pares en la Corte votó en favor del impedimento, lo que se tradujo en una dificultad no prevista para los partidarios de la inconstitucionalidad: conseguir la mayoría calificada necesaria para declarar la invalidez de los artículos impugnados obligaba a obtener ocho votos de los nueve posibles. (Además de la baja de Cossío, José de Jesús Gudiño Pelayo no participó en el debate por encontrarse en recuperación de un procedimiento quirúrgico.) Al respecto, Javier Corral lamentó la ausencia de Cossío porque haría "más complicado y difícil contar con los votos necesarios".

Con ese panorama, durante dos sesiones, los integrantes de la Corte escucharon las opiniones de expertos en telecomunicaciones del IPN y la UNAM, quienes respondieron a las inquietudes de los ministros.

La tarde del martes 22, Salvador Aguirre Anguiano, ponente del caso, presentaría su proyecto de sentencia con un discurso en el que advirtió: "No saben de lo que estamos hechos, para cumplir con nuestras encomiendas no pagamos costo político alguno, estamos prestos a realizarlas, a desahogarlas sin ideologización ni politización partidista, simplemente conforme a nuestra convicción, imparcialmente, sin estridencias, tal y como está previsto en la Constitución, sin preocupaciones de otras políticas, de eso estamos hechos".

Y añadiría que se que trataba de "determinar si la ley impugnada específicamente, a algunos de los artículos del decreto que la modificó, respetan o no los principios constitucionales de equidad, no discriminación, concurrencia económica y rectoría del Estado (...) ésa será nuestra única ocupación, no nos preocupan otras consecuencias en corto y a la larga, como tribunal constitucional que somos, sabemos que la primacía de la Constitución es lo más rentable para nuestro país". Y a la postre la Corte dio muestra de que, efectivamente, su principal preocupación fue el respeto a la Carta Magna y la salud democrática del país.

El imperio contraataca

Aunque el ministro Aguirre Anguiano desestimó las presiones que podría sufrir la Corte, desde antes que comenzara la discusión TV Azteca ya había instrumentado una campaña en su contra a través de su revista Vértigo, que equiparó la propuesta del ministro con la represión a los estudiantes en 1968. "Hoy México enfrenta un ataque a la democracia () la postura asumida por el ministro Salvador Aguirre Anguiano (...) representa un severo golpe a la democracia y a la libertad que tanto esfuerzo ha costado a México, un retroceso al desarrollo político del país de consecuencias incalculables para nuestra democracia". El semanario de TV Azteca nunca explica cuál era la relación entre el movimiento del 68 y el proyecto de sentencia discutido por la Corte.

Algunos otros actores de esta historia también sufrieron burdas descalificaciones por parte de la televisora del Ajusco: Manuel Bartlett y Javier Corral, quienes fueron denostados en todos sus espacios informativos.

Incluso, al término de la primera sesión en la Corte, el reportero de Azteca se dedicó a increpar con insistencia a los ex senadores quienes anunciaron su intención de que, apenas concluyan el proceso en la Corte, levantarán una demanda contra de la televisora de marras.

Pero las presiones hacia Corral, Bartlett y algunos otros legisladores que promovieron el recurso de inconstitucionalidad ­como Dulce María Sauri y Raymundo Cárdenas­, no sólo provinieron de TV Azteca.

Televisa lanzó una campaña en contra de Javier Corral a causa de un adeudo que guarda su partido con una afiliada de esta televisora, por publicidad contratada en 2004 cuando fue candidato a la gubernatura de Chihuahua. Y aunque el PAN en aquella entidad ha reconocido la existencia de esta deuda y su disposición a saldarla, la televisora insiste en demandar a Corral Jurado por su pago. Así como tampoco ha entregado las facturas correspondientes que permitirían que el PAN dispusiera de recursos para cubrir el adeudo.