Durante su mandato, el gobierno federal tomó la histórica decisión para que emisoras comunitarias, en legítimo y pleno usos de sus derechos, obtuvieran sus permisos de operación. Ello fue un avance sustancial en atención a los compromisos de su gobierno ante instancias internacionales de derechos humanos que recomendaron establecer mecanismos de solución para que grupos ciudadanos operaran sus propios medios electrónicos, y una respuesta a nivel nacional ante la creciente demanda de diversos grupos en el sentido de poder contar con canales de expresión legítimos y necesarios.

Una vez que las emisoras obtuvieron sus permisos, informaron a sus comunidades los requisitos con los que deberían empezar a operar, la respuesta llegó en múltiples formas de apoyo económico y en especie. Las asociaciones civiles titulares de dichos permisos también han acudido a diversas instituciones y organismos que de manera positiva han respondido a estos proyectos sociales. Por estos apoyos es que las emisoras están en proceso de adquisición de equipamiento e instalación definitiva; y en algunos estados desde hace varios meses están en pruebas de transmisión para poder dar el servicio público que tienen como compromiso ante sus comunidades.

A pesar de este avance, todavía existen condiciones sumamente restrictivas para estos medios que los pone en una situación totalmente inequitativa, pues por ley, la figura de permiso está diseñada para emisoras de entidades públicas que cuentan con financiamiento del presupuesto público, que aunque insuficiente, les permite hacer frente a su sostenimiento aun sin otras fuentes de ingreso. En cambio, las comunitarias deben ajustarse a todas las obligaciones técnicas y administrativas, con apenas escasos derechos, pues no cuentan ni con presupuesto público como los medios de Estado, ni privado por vía de la comercialización, como los concesionarios. Una emisora operada por los grupos ciudadanos para atender sus necesidades específicas de comunicación es tazada por la ley con reglas excluyentes y discriminatorias.

En la práctica, esto se convierte en una situación de inequidad contrario a un Estado de derecho. Dotar de permisos para garantizar el ejercicio de un derecho fundamental, sin generar las posibilidades de existencia permanente, es un derecho garantizado parcialmente. Esto como consecuencia de un marco normativo caduco, que no responde a los estándares internacionales de libertad de expresión, y al derecho a la información. Por lo que se necesita cambiar la ley y la normatividad para que más comunidades accedan a frecuencias, y contar con políticas de Estado que den condiciones de equidad e igualdad de oportunidades a los medios sociales de grupos ciudadanos.

El diseño de políticas públicas para la permanencia de este tipo de radiodifusión es una razón de Estado, por lo que esperamos se reanude la interlocución con las instancias de su gobierno, en particular con la Secretaría de Gobernación, que acompañaron el proceso de instrumentación de estos medios de comunicación comunitaria por corresponder a sus atribuciones, en los mismos términos que con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la cual se mantiene un puente de comunicación que nos ha permitido avanzar en los temas relacionados con la operación de las emisoras.

En un gobierno democrático, la definición y adecuación de las normas debe considerar la desigualdad existente a fin de equilibrarla para evitar que las comunidades resulten afectadas, por ello señor Presidente, le hacemos una invitación abierta para que conozca y escuche a las comunidades que obtuvieron sus permisos, conozca de los avances y retos de la radiodifusión comunitaria, que sin duda alguna son parte ya del nuevo escenario mediático en nuestro país.

Atentamente
Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México (AMARC-México).
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).