Santiago Creel
Por cuarta ocasión tengo el honor de ser invitado por ustedes a participar, como secretario de
Gobernación, en esta ceremonia inaugural de la Semana de la Radio y la Televisión. Es una distinción que les agradezco
muy sinceramente.
El presidente de la República, Vicente Fox Quesada, ha manifestado reiteradamente su convicción de
que gobernar implica también informar sobre las acciones de gobierno y comunicarse permanentemente con
la sociedad.
Quienes tenemos el honor de formar parte de su equipo compartimos esa convicción y sabemos que ello
no es posible sin la concurrencia de medios de comunicación modernos, competitivos y comprometidos con
la sociedad.
Hoy, los medios de comunicación se han convertido en el escenario por excelencia en el que los
gobernantes informan a los ciudadanos y en el que tienen lugar el diálogo y el debate político, indispensables para la
vida democrática.
Somos testigos, día con día, de una creciente participación de la sociedad en los asuntos públicos, a
través de la constante apertura de espacios en los que se ejercen a plenitud la libertad y la tolerancia.
Por ello, la reflexión sobre los medios, particularmente sobre la radio y la televisión, se vuelve tan
importante, pues involucra decisiones centrales para el desarrollo de nuestra nación.
A lo largo de los últimos años, la mayoría de los medios de comunicación han atendido con
responsabilidad a las señales de los cambios sociales y políticos, impulsando el avance democrático del país.
Desde el primer día de su gestión, el gobierno del presidente Vicente Fox ha dado invariable
cumplimiento a su compromiso con la libertad de expresión, ha promovido la apertura de la información pública y
ha garantizado el respeto absoluto a los espacios de análisis y de crítica.
En nuestros días, la censura es una pieza de museo. En el México de hoy todos hablamos y actuamos
con libertad, decimos las cosas tal y como las pensamos, porque la crítica y el debate abierto son ya parte
integral de la cultura política nacional.
Sería impensable volver al México de las unanimidades artificiales, del miedo a quedar mal con el
gobierno, del elogio obligado. Estoy seguro de que ni los medios ni la sociedad mexicana tolerarían una regresión
como ésa. El gobierno del presidente Fox tampoco.
Nuestra política de comunicación ha tenido como inspiración fundamental el compromiso irrenunciable
con la libertad.
Libertad que, como ustedes saben, en un Estado democrático y moderno está estrechamente vinculada
con la responsabilidad.
Responsabilidad especialmente importante en una industria como la de la radio y la televisión, que
constituye una actividad de interés público por su importante función social.
Responsabilidad, ante la neesidad que tiene México de ciudadanos bien informados y participativos,
que estén en condiciones de opinar y criticar objetivamente; ciudadanos preparados para decidir sobre los
asuntos sociales, económicos y políticos, y dispuestos a renovar su confianza en la democracia como la mejor forma
de gobierno.
En México, cada día hay más medios de comunicación comprometidos con esa función social. Nuestro
país tiene en ustedes a una industria de radiodifusión fuerte, que ha consolidado una propuesta de radio y
televisión comercialmente exitosa y que cotidianamente compite y triunfa en un agresivo mercado de alcance
internacional. Una industria que se suma a nuestro proceso de cambio social y político.
Ante ustedes, el gobierno reitera su compromiso de garantizar las condiciones de certidumbre
indispensables para el desarrollo de la industria de radio y televisión.
Sin embargo, los mexicanos no podemos cerrar los ojos ante la necesidad de dar nuevos pasos hacia
la construcción de un mejor marco jurídico para los medios electrónicos del siglo XXI, que contribuya a
superar adecuadamente el reto de las nuevas tecnologías y, sobre todo, que sea congruente con las circunstancias
que en nuestros días enfrenta el país.
No hay duda de que hemos tenido avances.
Gracias al reglamento expedido por el Ejecutivo federal en octubre de 2002 existe mayor transparencia
en el otorgamiento y refrendo de las concesiones. Además, los poderes de la unión y los órganos autónomos
del Estado tienen hoy acceso a mejores horarios y a mayores audiencias para la difusión de sus mensajes.
Hemos avanzado también en materia de transparencia y en el acotamiento de la discrecionalidad de
la autoridad en relación con la clasificación de los contenidos.
En ese rubro, por ejemplo, la industria ha establecido cada vez mejores mecanismos de
autorregulación respecto de los contenidos de sus transmisiones, aunque por nuestra parte, reconocemos que
gobierno, concesionarios y organismos representativos de la sociedad civil, debemos estar dispuestos para redoblar
esos esfuerzos, cada quien en el ámbito de su responsabilidad, a fin de asegurar que los programas que
consumen nuestras familias contribuyan verdaderamente a la integración nacional y al mejoramiento de nuestras
formas de convivencia.
Al día de hoy, los logros del trabajo de todos no han sido menores.
Pero la modernización del marco normativo que regula a los medios de comunicación debe continuar,
pues constituye todavía una asignatura pendiente en la agenda nacional.
Ante ello no podemos descansar hasta construir un amplio acuerdo en el que debemos hacer posible
la conciliación entre los diversos y legítimos intereses sociales, políticos y económicos involucrados.
No hay duda de que las descalificaciones mutuas entre los actores políticos y los medios de comunicación
sólo fomentan un clima de enfrentamiento que en nada sirve al interés de los ciudadanos.
Para la viabilidad de la democracia requerimos nuevos y mejores acuerdos, reglas y compromisos, entre
la sociedad, el gobierno y los medios de comunicación.
Asimismo, es necesario contemplar que una oferta moderna y competitiva de radio y televisión con
fines principalmente comerciales, debe estar acompañada por una propuesta sólida de medios orientados al
servicio público, capaces de garantizar la plena satisfacción de las necesidades y obligaciones de comunicación
que tiene el Estado, así como la participación ciudadana en esta importante actividad.
Un modelo democrático de medios públicos no puede permitir que éstos distorsionen su función ni que se confundan con los medios comerciales.
Por el contrario, debe asegurarse de que sean sustentables, privilegiando la difusión de contenidos de interés social, la valoración de la identidad y la cultura nacionales y la formación de una opinión pública más
informada y participativa.
Un nuevo marco normativo de los medios en el país debe contemplar a los medios públicos como
espacios de comunicación al servicio de los ciudadanos, no de los gobiernos ni del mercado.
En general, debe contribuir a que los medios masivos de comunicación sean factor de
gobernabilidad democrática y den cabida a la diversidad que define a nuestra sociedad.
En ese mismo sentido, la procuración de nuevas reglas tendrá que contemplar a los grupos sociales y a
las comunidades que tienen, sin duda, el derecho de utilizar, siempre dentro de la ley, las tecnologías y el
espectro radioeléctrico para comunicarse y resolver sus necesidades específicas de subsistencia y desarrollo, con
oportunidades iguales a las de todos los mexicanos.
El gobierno federal ha venido atendiendo el legítimo reclamo de esta industria para impedir la operación
de radiodifusoras sin la concesión o permiso correspondiente. Hemos aplicado la ley para cerrarlas y lo
seguiremos haciendo en tanto se sigan presentando.
Pero también hemos aplicado la ley para recibir y dar el trámite correspondiente a las solicitudes de
permiso para la operación de emisoras que algunas comunidades y organizaciones sociales han presentado en
ejercicio pleno de sus derechos.
Cuando dichas solicitudes responden a necesidades sociales reales y acreditan voluntad y capacidad
para encuadrarse en el marco jurídico, no pueden ser vistas como amenazas para la industria de la
radiodifusión comercial, sino como expresiones que forman parte de nuestra nueva realidad.
El gobierno de la República los convoca a que fortalezcamos nuestra relación constructiva, respetuosa
y equilibrada, que debe convertirse en testimonio del avance de nuestra democracia.
A ese objetivo debe corresponder un compromiso por mantener los altos niveles de competitividad que
ha mostrado la industria de la radio y la televisión. Debe corresponder el esfuerzo conjunto de las empresas y
del gobierno para estar a la altura de los avances tecnológicos, garantizando la certidumbre indispensable para
el fomento de las inversiones. Debe corresponder también, el reconocimiento de que la competitividad y
los niveles de audiencia no son contradictorios con la obligación ética de construir un mejor país.
Un país con una ciudadanía mejor informada, que disfrute de entretenimiento de calidad y que vea
reflejadas sus inquietudes y aspiraciones en los medios de comunicación.
Enhorabuena, señoras y señores, por su participación en la consolidación de la democracia. Les felicito
por el inicio de esta XLVI Semana Nacional de la Radio y la Televisión, que se vuelve una oportunidad de
reflexión que seguramente contribuirá al fortalecimiento de la industria y del país.
Enero 2009
Asignatura pendiente
