etcétera / Felipe de Jesús Vicencio

¿Habrá reforma a la LFRyT?

Actualmente hay una muy favorable conjunción de voluntades y una muy valiosa disposición de los actores involucrados, lo que permite reconocer el momento más favorable en mucho tiempo. Tres son las variables novedosas: 1) La situación de la industria de la radio y la TV bajo este marco jurídico tan obsoleto se ha ido, pese a los intereses conservadores, desequilibrando, justamente a causa de los anacronismos de la ley. Esto ya era perceptible, pero cada vez es más evidente e incluso ha llegado al punto de generar rupturas. La paradoja del propio sector a afrontar la necesidad de una puesta al día de sus reglas ha venido a ser perjudicial para esos propios intereses que ahora están fracturados. Y me parece que de estas fracturas ha surgido una condición favorable que antes no era tan clara y que permite tener más garantías de éxito. 2) La propia CIRT ha dado una muestra clara de disposición a hablar del tema y a revisar la legislación, e incluso a trabajar para que se actualice. Este mensaje no tiene precedente en los tiempos recientes. Claro, siempre esta apertura se ha manifestado inmediatamente ceñida a una serie de condicionamientos que vuelven a despertar el escepticismo, pero quiero subrayar la explícita disposición de los industriales y que se expresa, además, en un signo muy revelador y que es el hecho de que por primera vez en estos cíclicos reactivamientos del tema no ha venido en autómatico el señalamiento tramposo de "ley mordaza". 3) Un gobierno que nunca se manifestó dispuesto a reformas en serio, y que a partir del decreto de 2002 canceló toda posibilidad y se manifestó explícitamente en contra de tocar siquiera la regulación en la materia, ahora se manifiesta explícitamente, también, con apertura y disposición para contribuir a una puesta al día de la ley.

¿Cuáles son los temas más polémicos?

El del régimen de concesiones, pues cuesta trabajo dejar un estatus de discrecionalidad con el que se ha podido sobrevivir por tanto tiempo. Al respecto, un tema polémico tiene que ver con la instancia que valora la solicitud y evalúa el uso de una concesión. El derecho comparado nos lleva a concluir que el camino más correcto es el de definir esta instancia como ciudadana; sin embargo, aquí es donde hay diferentes opiniones, pues la propia disposición constitucional prevé que sea la autoridad la que otorga las concesiones, de manera que tenemos que encontrar el camino para obtener todas las ventajas de un organismo independiente que valore las solicitudes y evalúe el desempeño de los concesionarios, dejando al mismo tiempo que la autoridad sea la que en última instancia otorgue y retire las concesiones.

¿Y el gasto de publicidad de los partidos en las campañas?

En este tema el parecer es casi unánime. Autoridades, Congreso y partidos coincidimos en que debe garantizarse un acceso equitativo de todos los partidos y a costo más razonable, es decir que no haya desproporciones en las tarifas de las televisoras. Probablemente ahí se encuentre una de las resistencias más fuertes que habrá que tratar de allanar de la mejor manera. Quizá otro de los temas polémicos sea el de los tiempos de Estado, pues implica una restitución que por vía de un decreto ya se ha cedido. Evidentemente esto resulta complejo, pero a mí me parece de toda justicia que el Estado pueda disponer de tiempos más amplios y que puedan ser aprovechados por las diferentes instituciones y no primordialmente por el Ejecutivo como venía sucediendo en el pasado.