Televisa se ha opuesto sistemáticamente a una nueva ley de radiodifusión que entre otras virtudes haría obligatorio lo que ahora es "convenio", o sea, sujeto al arbitrio de la empresa de Emilio Azcárraga, la información relacionada con el gasto de los partidos que, además, en esa nueva ley sería sustancialmente menor a la erogación de 684 millones de pesos que estima el IFE serán canalizados para la radio y la televisión rumbo a las elecciones de 2006.

Una reforma legal de esa magnitud remueve enormes intereses y suscita prácticas deleznables, como calumniar a sus promotores. Por eso una cosa es que no coincidamos con los desplantes y con algunas de las definiciones del senador Javier Corral y otra que no le expresemos nuestra solidaridad, como ahora hacemos, por la serie de infundios que de él se han proferido y por la demanda que se habría promovido en su contra por adeudos de campaña que el legislador ha dicho estar dispuesto a cubrir.

Gacetillas electrónicas

El convenio de octubre entre Televisa y el IFE lo empaña uno de los principales funcionarios de esa empresa, el vicepresidente de Comercialización, Alejandro Quintero Íñiguez. Al amparo de su cargo y con la aquiescencia del dueño de Televisa, ese señor hace negocios que desvirtúan la transparencia en el gasto de los partidos y abre la puerta a consolidar la tendencia de las gacetillas electrónicas. Con el convenio aquél, Televisa es candil de la calle y oscuridad de su casa, que es la que recibe el porcentaje más elevado de los recursos de propaganda.

Las gacetillas, que aquí hemos considerado entre las más deleznables formas de comunicación, implican varios riesgos que, con justa razón, forman parte de las preocupaciones del gobierno como las que durante octubre expresó Carlos Abascal. (La contradicción es que, en no pocas ocasiones, el gobierno también ha auspiciado las gacetillas.)

El problema más elemental es aquel que, sin advertir que se trata de alguna inserción pagada, la gacetilla lesione el derecho a la información del espectador que vea o escuche una nota o una entrevista sesgada en favor de quien recibió la factura respectiva. Un riesgo mayor es que en el ámbito de las gacetillas electrónicas no hay control de los recursos y éstos pueden tener diversas procedencias, incluso ilícitas. Esto, más allá de los sesgos o las omisiones informativas en las que incurren los medios o los periodistas con la mira puesta en congraciarse con el candidato que sea para en el mediano plazo obtener los favores de la simpatía del político en cuestión.

Los otros convenios

Ya hemos dicho una y otra vez lo que para nosotros son las filtraciones, más aún, las que se tejen a través del anonimato. Las vemos sin el escapulario en la mano y sin poner el grito en el papel; siempre motivadas por un interés poco claro y sesgado, suelen ser eslabón de una investigación a la que el periodista se encuentra obligado porque, para decirlo con Perogrullo, éste no puede ni debe tomar dictado de la fuente.

Lo de arriba lo decimos a propósito de un documento que, de manera anónima, llegó a nuestras oficinas el 17 de octubre y que retomó Proceso seis días después con el reportero Jenaro Villamil, en la edición 1512. Se trata de una oferta que TV Promo hizo al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en materia de comunicación; el principal accionista de esa empresa es Alejandro Quintero Íñiguez, también vicepresidente de Comercialización de Televisa. TV Promo ofrece a un costo millonario varios servicios, entre otros, la venta de espacios en noticieros, cápsulas informativas y programas de análisis de Televisa, así como asesoría en materia de comunicación a los funcionarios del gobierno. Por un acuerdo de este tamaño Quintero le propuso a Peña un pago de 742 millones de pesos.

El documento anónimo