| La nueva alfombra mágica |
Raúl Trejo Delarbre |
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Capítulo IV | |
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Liberalización versus controles
Cuando se piensa y propone sobre el papel del Estado en una política informática, el dilema fundamental sigue siendo hasta dónde regular y, por lo tanto, en dónde comienza y termina el compromiso del sector privado con la sociedad e, incluso, con su propio desarrollo. Liberalización no significa, necesariamente, modernización. Dejar la incorporación de innovaciones tecnológicas, la propagación de insumos culturales y la creación y ampliación de infraestructura exclusivamente al espíritu emprendedor y las posibilidades del sector privado, puede llevar a hipotecar el destino de una nación (es decir, el interés colectivo) al interés de un grupo particular. Con razón, un acucioso y pionero estudio sobre las políticas (o más bien, la ausencia de ellas) que en materia informática han existido en México, señalaba: "El papel del Estado ha sido decisivo en las sociedades donde estas tecnologías han sido desarrolladas, ya sea como resultado de su financiamiento en investigación y desarrollo (con) sus presupuestos militares que sustentaron el mercado de la industria electrónica, ya como arquitectos de una estrategia de industrialización. El Estado mexicano debe incursionar, por más de una razón, en las múltiples dimensiones de la política de informática. En primer lugar porque el sector privado ha mostrado ser sumamente limitado en el desarrollo de estas tecnologías en México, y su intervención tiende a subordinarse a las corporaciones extranjeras las cuales, de hecho, han condicionado y formulado las políticas en el pasado. Si el Estado quiere asumir su rol de promotor y regulador de la economía es indispensable que promueva el desarrollo de una infraestructura que propicie, en el mediano plazo, la capacidad tecnológica de la nación en estos campos. Por otra parte, se requiere una acción simultánea para desarrollar mecanismos de interacción y coordinación entre las instituciones encargadas de los distintos aspectos de dichas políticas".18 Pareciera fuera de toda duda el hecho de que la transmisión de informaciones, por cualquier medio, necesita de alguna regulación, por mínima que sea. En cualquier autopista hay agentes de tránsito o semáforos, existe una velocidad mínima y otra máxima, las salidas no se confunden con las entradas, etcétera. En la superautopista de la información, el orden no corre a cargo sólo de los usuarios quienes, por muy responsables y empeñosos que sean, no dejan de tener intereses peculiares que se pueden contraponer con los de otros. La llamada red de redes, por ejemplo, tiene una suerte de Consejo de Notables que encabezan a la Internet Society, en donde se establecen las pautas mínimas para organizar el flujo de información.19 Sin embargo, ya se reconoce que esa regulación informal está siendo insuficiente. Además, en todos los países industrializados existen normas (registros, especificaciones técnicas, concesiones, caducidades, etcétera) para el uso de la telefonía y del espacio cibernético. Incluso, llegan a ocurrir intentos de hiper-regulación, como el ya comentado proyecto para introducir el chip clipper, de decodificación. Según cómo se cumplan, las atribuciones del Estado respecto de la comunicación, en este caso a través del ciberespacio, involucran también el problema del control político, más allá del control en contra de atentados a la vida privada o con motivo de la pornografía. Igual que en otros temas ya comentados, en éste no hay soluciones claras ni definitivas al menos aún. Ante la utopía del ciberespacio en donde supuestamente todos somos iguales y el libre flujo de informaciones se dispersa sin taxativas, se han manifestado prevenciones críticas que por ahora no suelen pasar de la advertencia intelectual que difícilmente llega a ser considerada como ingrediente de las políticas nacionales y menos aún, de las definiciones que orientan a la cooperación internacional (cuando la hay) en materia de informática y comunicación cibernética. Entre esas posturas está la del escritor italiano Umberto Eco quien ha señalado, con lucidez quizá clarividente: "...no se ha dicho que estas redes puedan realmente permanecer acéfalas, sustraídas de todo control de las alturas, porque estamos ya en una situación de congestionamiento y mañana un Big Brother podría controlar los canales de acceso ¡y entonces, olvídense de la equidad!".20 En las telecomunicaciones y, de manera específica en las redes de información, un dilema frecuente es el de quiénes pueden (o deben) y de qué maneras es posible regular. Como la información electrónica es de desarrollo muy reciente, suele ocurrir que no se tengan legislaciones suficientemente actualizadas, o que exista un desempeño simultáneo de diferentes entidades administrativas, relacionadas con la administración y vigilancia de ese espacio. Un esquema frecuente consiste en la regulación de permisos y licencias a cargo de autoridades específicamente políticas, de contenidos culturales a cargo de autoridades educativas y de normas técnicas por parte de autoridades de telecomunicaciones. Por ejemplo, en México las transmisiones radiofónicas son sancionadas, en diferentes aspectos, por los ministerios de Gobernación, Educación Pública, Salud y Comunicaciones y Transportes. Quizá no sería mala idea fusionar todas las atribuciones regulatorias en un solo organismo público que, de preferencia, no dependiera directamente del gobierno en turno para que sus decisiones no estuvieran necesariamente condicionadas por la coyuntura política. Un esquema interesante es el de Estados Unidos, con la Comisión Federal de Comunicaciones. Pero todavía a unos cuantos años del final del siglo, en México sigue experimentándose una constatable dispersión, que suscita duplicidades y contradicciones, en materia de política informática. El ya citado Alberto Montoya Martín del Campo señaló, refiriéndose a las décadas de los años setenta y ochenta: "Más que una política definida con coherencia e integración, se puede considerar la existencia de múltiples micropolíticas dispersas desde el punto de vista de la globalidad de la acción estatal. Se debe señalar, además, la ausencia durante este periodo de una participación decidida y a largo plazo de la iniciativa privada y las instituciones nacionales de educación superior e investigación. Así, los actores principales de lo que ha ocurrido en las últimas dos décadas han sido las corporaciones transnacionales productoras de la tecnología informática. El gobierno federal, las empresas paraestatales y del capital privado, así como las universidades han mostrado en el pasado una actitud pasiva desde el punto de vista de la producción y uso de tecnología".21 Los gobiernos tienen obligaciones y atribuciones en tales tareas regulatorias y supervisoras, pero no sólo ellos. Hay sectores de la sociedad cada vez más interesados en opinar y, acaso también, contribuir en las decisiones sobre estos asuntos. Entre ellos, desde luego, se encuentran los empresarios y profesionales relacionados con estos asuntos, así como las comunidades académicas que, como ya comentamos, han sido los usuarios principales. En el caso mexicano, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Telemática propuso la creación de un organismo gubernamental integrado por los titulares de los ministerios involucrados en la creación, propagación y aprovechamiento de recursos en materia de información a distancia. Ese organismo tendría la tarea de articular políticas de alcances nacionales, con participación de sectores profesionales interesados en tales asuntos. Entre otras tareas, la mencionada Asociación sugirió un Plan de Desarrollo Tecnológico (que articulase la promoción de recursos como la infraestructura telefónica, la telefonía celular, el videotexto, la infraestructura satelital, las videoconferencias y la microinformática) y un Plan de Desarrollo Normativo en virtud del cual se actualizaran las reglas para el funcionamiento de sistemas de información. En dicha labor se asignaría un papel indispensable al Poder Legislativo aunque cabría recordar que en las élites estatales la importancia de tener políticas nacionales de información, todavía no es reconocida como indispensable.22 Otro terreno de atención necesaria sería el educativo, tanto en el adiestramiento para el uso de nuevas tecnologías como en el empleo de ellas como auxiliares de la enseñanza y la promoción de la participación del sector privado, en donde suele existir gran desconocimiento, e improvisación, respecto de los nuevos recursos en materia de información. La citada agrupación, en la perspectiva de promover "un proyecto nacional de supercarretera de la información", consideraba que: "Es necesario iniciar ya la creación de un patrimonio nacional de información que integre cientos o miles de bancos de información de todo tipo y nivel, armónicamente interconectado, dotado de accesos asequibles y útiles para toda la población".23 Sin embargo, éstos siguen siendo temas distantes del interés público y cuyas implicaciones en la soberanía, la economía, la cultura y la sociedad, no siempre son reconocidas. ¿Cómo debe ser la regulación y, en general, el papel de los gobiernos y estados a propósito de la generación y el tránsito de información electrónica? Un grupo internacional de expertos, al que se le encomendó evaluar dicha cuestión, considera que: "En tanto el armazón todavía está por ser definido, los servicios de la superautopista de la información probablemente serán provistos por el sector privado, en tanto que los gobiernos proporcionarán un marco regulatorio sustentado en una gran participación y consenso públicos. Pero el desarrollo de la sociedad de la información no puede ser dejado a las fuerzas del mercado. Eso merece y necesita la atención de quienes toman las decisiones políticas, en los niveles más altos. Los países necesitan establecer prioridades en sus necesidades de información de la misma manera que lo hacen para la agricultura, la salud, los caminos y la alimentación".24 En ese juicio, al lado del reconocimiento de la responsabilidad ineludible de los gobiernos y estados en la formulación y aplicación de marcos regulatorios y el establecimiento de políticas, hay dos pautas que conviene no soslayar. Una es la necesidad de que la actuación de la autoridad tenga lugar en condiciones de la mayor participación (interacción, también) de la sociedad. Cada vez más, en países de las más diversas historias y estructuras, la democracia se encuentra a la orden del día. La extensión de prácticas y por consiguiente de regímenes democráticos, que es una de las realidades de este fin de siglo a la que no son ajenos los países de América Latina, significa no sólo actuación de los ciudadanos en la designación de sus gobernantes, sino el interés frecuente por participar en la evaluación y definición de los más diversos asuntos públicos. Este reclamo democrático, como se ha podido denominar al espíritu que se ha extendido por diversas regiones, tendría que ser especialmente reconocido en los asuntos ligados con la propagación del conocimiento. El otro tema sugerido por Gilbert, Nostbakken y Akhtar es la pertinencia de que las políticas para aprovechar, diseñar y extender los sistemas de información electrónica, sean desarrolladas, o al menos entendidas y aprobadas, en los niveles más altos de las estructuras de poder estatal. Con enorme frecuencia, nos encontramos con que los gobernantes no estiman importantes estos temas, por el solo hecho de que no los entienden. Las computadoras y sobre todo los dispositivos con los que se interconectan, les parecen maquinitas sólo para expertos, o para freaks de la nueva era. Uno de los motivos para el compromiso del gobierno de Estados Unidos en la superautopista de la información ha sido el interés personal del vicepresidente Al Gore en estas cuestiones. Sin embargo, no todos los gobernantes tienen inclinación por ellas. Se ha escrito que: "Hace poco, a un político alemán se le preguntó por los proyectos de su país respecto al Infobahn o autopistas de la información, y contestó que sentía gran preocupación por los problemas de tráfico, siendo como habían sido las autopistas alemanas un orgullo nacional y un ejemplo para todo el mundo. Creía que le hablaban de coches. El político era Helmut Kohl" .25 |
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18Alberto Montoya Martín del Campo, México ante la revolución tecnológica. Diana, México, 1993, págs. 22-23.
Notas
19Ed Krol, Conéctate al mundo de Internet. Traducción de Hugo Edmundo García. Mc Graw Hill, México, 1995, págs. 16 y ss.
20Umberto Eco, "Crítica del periodismo", traducción de Adriana Guadarrama, de un ensayo tomado de L'Unitá, en semanario de política y cultura etcétera, No. 123, México, 8 de junio de 1995.
21Montoya, op. cit., pág. 218.
22Asociación Mexicana de Telemática, "Política Nacional de Telemática", en Excélsior, México, 24 de octubre de 1994.
23Ibidem.
24Gilbert, Nostbakken y Akhtar, cit.
25Vicente Verdú, "La última revolución del siglo XX", El País, Madrid, 2 de noviembre de 1994.
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