| La nueva alfombra mágica |
Raúl Trejo Delarbre |
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Capítulo IV | |
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El Estado interventor o el Estado mínimo
Hoy en día, el papel de los estados nacionales sobre las economías ha sido drásticamente cuestionado, no sólo por las ideologías rampantes (alguna de las cuales postula, contradictoriamente, la abolición de las ideologías) sino por la experiencia de excesos, paternalismos e ineficiencias que ha producido la omnipresencia estatal en algunas experiencias específicas. Sobre este tema hay opiniones contradictorias. De hecho, se trata de uno de los grandes debates sin resolver en la ciencia política internacional. Proponer un completo desplazamiento del Estado respecto de sus responsabilidades en la planeación, la regulación y la conducción de la economía, puede ser tan excesivo como la reivindicación de un Estado absolutista ("ogro filantrópico", le llegó a denominar Octavio Paz en el específico caso mexicano, aunque también se le podría considerar, a veces, ogro sin filantropías). La acción y el cumplimiento de responsabilidades por parte del Estado es indispensable no para proteger o alentar al mercado (que no necesita de ningún impulso específico) sino para proteger a la sociedad de posibles excesos que se derivarían de la actuación irrestricta, salvaje, del mercado. Si la presencia y vigencia del mercado son incuestionables, también lo son la existencia y el surgimiento de iniquidades en ausencia de marcos regulatorios que sean, a la vez, suficientemente claros, eficaces y actuales. Estas pautas pueden ser útiles para el caso de las telecomunicaciones y las actividades relacionadas con ellas. Es difícil, y sería injusto, formular generalizaciones sobre qué hacer y cómo, en cada experiencia nacional. Hay tradiciones históricas, equilibrios políticos y exigencias y necesidades sociales diferentes en cada situación. Pero en todo caso, puede considerarse que los estados nacionales, y sus gobiernos desde luego, tienen atribuciones a las que sería poco responsable (y en algún sentido suicida incluso) renunciar, o no ejercer a plenitud. No hay acuerdo al respecto. En el desarrollo de la Internet el respaldo estatal en la Unión Americana resultó fundamental, a tal grado que puede decirse que, sin Estado, no habría existido la superautopista de la información. Pero luego, la creación de nuevas opciones en software y el impulso más reciente a las redes ha sido de inspiración e interés privados. Por un lado, en las redes ha existido una gana antiestatista como una manera de prevenir, aunque sea en la actitud ideológica, los excesos que se pudieran derivar de la omnipresencia, o de la presencia exagerada del gobierno. Las libertades de expresión y opinión en las redes podrían ser limitadas debido a una presencia en exceso de los gobiernos nacionales. Pero al mismo tiempo, los ciudadanos que forman parte de la muy real y específica realidad de nuestros días --y que tienen necesidades comunicativas, intereses personales y de grupo, identidades construidas en parte gracias al respaldo que instituciones gubernamentales o públicas han otorgado al ciberespacio--, llegan a preferir el reto del mercado como regulador, antes que el riesgo del Estado como interventor de las redes. Uno de los más destacados promotores de la modernidad cibernética es indudablemente Bill Gates, el creador de Microsoft y los primeros programas populares para el uso de computadoras. Ahora, convertido en gurú de la ciberindustria, el dueño de esa corporación sostiene que "la regulación estatal de la economía es un asunto peliagudo. La toma centralizada de decisiones es terriblemente ineficaz en comparación con el libre mercado. Por muy buenas intenciones que tenga, es casi inevitable que el control estatal proteja a unas cuantas empresas privilegiadas y perjudique al resto y, en especial, a los consumidores. Un mercado libre es la mejor alternativa. Hace llegar los productos y servicios que los consumidores apoyan con sus compras y recompensa a las empresas por la innovación y el servicio. Cuando el mercado decide qué empresas y planteamientos ganan o pierden, se exploran simultáneamente muchos caminos y no sólo el aprobado por los políticos".7 Tal esquema, así descrito, suena muy bien y sintetiza las perspectivas apologéticas del mercado como regulador de toda clase de flujos, tanto en las finanzas como en los servicios y hasta en el comportamiento político y social de la gente. Pero el mercado funcionaría con tal perfección sólo en circunstancias ideales, en las que todos tuvieran acceso idéntico, lo mismo a sus tentaciones que a sus beneficios. En sociedades desiguales (que son todas, pero sobre todo aquellas en donde el desarrollo ha sido precario) las leyes del mercado, puestas en práctica sin mayores frenos ni contextos, no hacen más que acentuar las disparidades que escinden a cualquier colectividad. Por eso, el Estado tiene deberes por cumplir, en áreas como la que nos ocupa. Entre esas atribucione se encuentran las que se refieren a la regulación estatal sobre las telecomunicaciones. Igual que otros medios de comunicación, en la mayoría de los países de América Latina las redes de teléfono, su mantenimiento y expansión, estuvieron durante varias décadas a cargo del gobierno. El hecho de que las empresas de ese ramo fueran de propiedad estatal, se explicaba en el contexto de un empresariado débil, o fundamentalmente dedicado a tareas primarias, así como también debido a la preponderancia de empresas estadounidenses deseosas de acaparar el mercado de la telefonía. Así, ahora, en un panorama de privatizaciones compulsivas en todo el mundo, el de América Latina llega a ser considerado como caso de excepcional coincidencia en la desestatización de los servicios de telecomunicaciones. Tan sólo en el transcurso de los años noventa, las empresas telefónicas en una docena de naciones en la región, han sido vendidas o concesionadas a grupos privados. Chile fue pionero en este renglón cuando, en 1987, vendió un segmento de la Compañía Telefónica a inversionistas australianos. Poco después Argentina, Venezuela y México, vendieron a grupos privados las empresas telefónicas que tenían monopolizado a cada uno de esos mercados nacionales. Perú, Colombia, Brasil, Paraguay, Honduras y Nicaragua, entre otras, seguirían los pasos privatizadores en los años posteriores. "En todos los casos, los gobiernos han optado por vender la propiedad mayoritaria a consorcios que incluyen inversión extranjera y local, de carácter estratégico".8 La fiebre privatizadora, aparte de motivos ideológicos, se debía al intento de cada gobierno nacional para fortalecer sus finanzas (en México, el gobierno informó que todo el dinero de la venta de Teléfonos de México fue empleado para programas de asistencia social). Pero además, en algunos casos incluyó interesantes exigencias a las compañías que se hicieron cargo de la comunicación telefónica. De acuerdo con la misma fuente, en Argentina los dos operadores privados tendrían que instalar un total de 1.23 millones de líneas y cerca de 34 mil teléfonos públicos por año, hasta 1996. En Venezuela, el título de concesión obligó a la empresa privada encargada de ese servicio, a instalar un mínimo de 3.65 millones de líneas y 30 mil teléfonos públicos anuales, hasta el fin del siglo. En México, los nuevos propietarios de la compañía telefónica se comprometieron a incrementar la cantidad de líneas a un promedio del 12 por ciento anual, a dotar de servicio telefónico a todas las poblaciones con más de 500 habitantes y a reducir a menos de un mes, para el año 2 000, el periodo de espera para contratar una línea nueva. Con estos ejemplos, queremos subrayar que privatización no significa necesariamente dejar en manos privadas toda la responsabilidad de un negocio, o de un servicio. Aún en condiciones de premura como las que llevaron a la venta de las empresas telefónicas en los países latinoamericanos que hemos mencionado, los gobiernos tuvieron decisión y capacidad para imponer condiciones. Cada uno de esos Estados, a su manera, siguió ejerciendo una función reguladora, incluso en la vigilancia para que los empresarios privados cumplieran con los compromisos que adquirieron al comprar cada una de las empresas de telefonía. La traumática década de los ochenta, que en tantos sentidos ha sido considerada como perdida en los países latinoamericanos, sirvió al menos para que se consolidaran grupos privados que, a la primera oportunidad, buscaron asentarse en las áreas más dinámicas de las economías nacionales que se renovaron después de aquella desoladora fase. En el caso de las comunicaciones por teléfono, varios de los países mencionados habían padecido problemas similares: estancamiento en el desarrollo tecnológico, ausencia de inversión, burocratismo administrativo y sedentarismo laboral. Todavía está por verse si, en manos privadas, tales rezagos encuentran remedio. Esta recurrencia en medidas similares ha permitido que se llegue a decir que: "América Latina es el laboratorio mundial para la privatización de las telecomunicaciones a través de alianzas estratégicas".9 Pero no deja de llamar la atención el hecho de que, pese a todo, los gobiernos fueron capaces de imponer condiciones de tal suerte que las privatizaciones de las empresas telefónicas no ocurrieron sólo a partir de la presión de las fuerzas del mercado, o en un esquema de ausencia estatal. Todo esto no es ajeno a las redes de información (que para propagarse requieren de la infraestructura básica que constituyen las líneas telefónicas) ni a la cultura. El frenesí privatizador que se despliega por el mundo --y nuestros países no son de manera alguna ajenos a él-- puede propiciar, si nos descuidamos, que asuntos cardinales, de interés necesario y general para nuestras sociedades, queden en manos particulares. De la misma manera que parece estar clara la necesidad de que la educación básica sea orientada por el Estado, tendría que resultar suficientemente aceptada la necesidad de que haya una regulación estatal de las telecomunicaciones. No es sencillo, ni esa regulación, fuera de formalismos técnicos, parece formar parte de las asignaturas de los gobiernos en América Latina. La convicción en las políticas de privatizaciones llega a la decisión de permitir toda clase de crecimientos, apropiaciones y alianzas, en aras de facilitar la inversión de capital, tanto foráneo como doméstico. |
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Notas
7Bill Gates, "Información, ocio y comunicaciones", El País, Madrid, 26 de junio de 1995.
8Setephen J. Dalla Betta, "Telecom privatization in Latin America", Telecommunications, march 1994.
9Ibidem
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