etcétera

Francisco Báez Rodríguez

Cuando las autoridades del DF involucraron a Mario Bezares en el homicidio de Paco Stanley, en muchos quedó la duda de que lo estuvieran haciendo a guisa de venganza política por la zarandeada que les puso Televisión Azteca el día del atentado. En la medida que la investigación avanzaba y la fiscalía -sin más prueba que las declaraciones de un testigo protegido- buscaba de dónde agarrarse, así fuera un clavo ardiendo, la sensación aumentó. Después de la reciente lluvia de citatorios al área de noticias de TV Azteca, la duda, finalmente, se hizo certidumbre.

Los conductores Raúl Sánchez Carrillo y Jorge Garralda, el reportero Víctor Hugo Puente y el capitán Carlos del Pozo, gerente de seguridad de Azteca y hombre intachable, recibieron órdenes de presentación bajo el argumento de que ocultaban información relevante sobre el caso Stanley. La clave para hacerlo fue la grabación de una conversación telefónica entre Sánchez Carrillo y un convicto que aseguraba tener información acerca del asesinato del conductor. El jurídico de TV Azteca no habría entregado a la Procuraduría del DF copia de la grabación. De ahí las órdenes de presentación.

Hay dos elementos que hacen todavía más intrincado el caso. El primero es que en la televisora no sabían que hubiera un plazo perentorio para entregar esa información a la PGJDF. El segundo, es que quien dio el pitazo a las autoridades capitalinas fue el diario La Jornada, que siempre ha presumido -con razón, por muchos años- de progresista y libertario.

"La procuraduría capitalina, que sólo tuvo conocimiento de la llamada telefónica, luego de que un casete con su contenido llegó a La Jornada", está escrito, sin rubor, en la página 63 de la edición del 28 de septiembre. Y esa grabación de una llamada particular llegó, por cierto, a ese diario por "manos anónimas".

Independientemente de la línea y de las prácticas editoriales de TV Azteca, el hecho es que la plática de Sánchez Carrillo con el delincuente era parte de una investigación periodística que todavía estaba en curso cuando surgió el apremio de la autoridad judicial.

Está claro que el ataque a la administración de Cuauhtémoc Cárdenas enderezado por TV Azteca aquel fatídico 7 de junio, despertó las manías persecutorias de Del Villar, quien desea cargarle a la televisora todo el peso de su aparato de procuración de justicia. Primero las revelaciones -verídicas- sobre la drogadicción de Stanley y Bezares; luego las imputaciones a éste, su largo arraigo, el hostigamiento a la esposa de "Mayito", y ahora estos citatorios.

Si el rostro autoritario y manipulador de TV Azteca se reveló el día del asesinato de Paco Stanley, el seguimiento del caso ha revelado el carácter paranoico y vengativo del procurador Del Villar. A esto habrá que sumar, también, la doble moral que ha exhibido La Jornada. O usando un lenguaje más duro: al diario filocardenista como chivato de la televisora anticardenista.

Para acabar de pintar el cuadro, la reacción de la televisora fue muy medrosa. Sánchez Carrillo y Garralda llegaron hechos una seda a la sede judicial, y brindaron frases obsequiosas hacia las autoridades. Al parecer, la consigna era bajar el tono. Lejos quedaron los tiempos del desafío; más lejos, por fortuna, las palabras condenatorias no sólo hacia Cárdenas, sino hacia la democracia y la división de poderes, de parte de Ricardo Salinas Pliego. Dramáticamente cerca, y evidenciado, el vacío de la frasecita de Garralda: "¡No se deje!".

En ese sentido, resulta paradójico que una voz de cordura se haya escuchado desde la misma procuraduría del DF. El director del Instituto de Formación Profesional de la PGJDF, José Luis Pérez Canchola -quien fuera procurador de Derechos Humanos en Baja California de 1991 a 1994-, dijo que lo que se requiere es actualizar las leyes: "Eso es una lucha de los trabajadores de los medios por el anonimato de las fuentes y que no sea motivo de hostigamiento por parte de la autoridad". En los tiempos que corren, dejar totalmente clara esa norma es una necesidad.