Licenciada en Comunicación.

@AnglicaRecillas

2016, otro año difícil para el periodismo mexicano

Angélica Recillas

26 de diciembre 2016

10:39

Este texto fue publicado originalmente el 15 de junio de 2016, lo abrimos de manera temporal dada su relevancia periodística.

En lo que va de 2016 seis periodistas han sido asesinados, dos de ellos en Veracruz, lo que confirma a esta entidad como la más peligrosa del país para los informadores. De igual manera, en lo que va del año se han registrado diversos episodios de ataques cibernéticos y amenazas procedentes de diferentes orígenes, contra medios de comunicación y sus trabajadores, lo que convierte al periodismo en una actividad de alto riesgo en nuestro país.

De acuerdo con datos de la Red Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión, (IFEX, por sus siglas en inglés), durante 2015 al menos 192 periodistas fueron víctimas de algún tipo de agresión en México por razones derivadas de su función informativa, incluyendo cinco asesinatos cometidos en Veracruz y Oaxaca, estados donde se concentró casi la mitad del total de estos ataques. Por ello es que, el “Día Mundial de la Libertad de Prensa”, la CNDH alertó sobre la vulnerabilidad en que se encuentran los periodistas en México e hizo un exhorto a los tres niveles de gobierno a fin de brindar las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los comunicadores en su desempeño profesional.

Violento inicio de año

Marcos Hernández Bautista, corresponsal del diario Noticias Voz e Imagen de Oaxaca en la región de la costa, fue asesinado en el municipio de San Andrés Huaxpaltepec. La fiscalía del estado informó que los restos del periodista fueron encontrados la noche del jueves 21 de enero en la Carretera Federal Costera 200, que conduce hacia Santiago Jamiltepec. Además de su labor como reportero, Hernández Bautista colaboraba en radiodifusoras de Pinotepa Nacional y Santiago Jamiltepec; asimismo era regidor de cultura en este municipio y militante de Morena.

El director editorial de Noticias Voz e Imagen, Ismael Sanmartín Hernández, expresó que el reportero asesinado temía por su vida porque en algunas publicaciones “había tocado intereses políticos y de cacicazgos en la región”, situación que habían hecho del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Menos de 24 horas después de este crimen, el locutor de la radio comunitaria “Manantial” de Santiago Laollaga, Oaxaca, Reynel Martínez Cerqueda, fue ejecutado cuando viajaba en un mototaxi. Su cuerpo se localizó en el tramo carretero Santiago Laollaga-Magdalena Tlacotepec. La Agencia Estatal de Investigaciones inició las indagatorias correspondientes.

Luego de estos homicidios, la directora general de la Unesco, Irina Bokova, emitió un comunicado en el que condena los hechos y manifiesta su preocupación por el clima de violencia contra los informadores en Oaxaca, por lo que demandó a sus autoridades, así como al gobierno mexicano el pronto esclarecimiento de estos crímenes.

El 25 de enero, en su columna “Itinerario Político”, publicada entonces El Universal, Ricardo Alemán denunció amenazas de muerte en su contra a raíz de que publicara en días anteriores una serie de datos que vinculaban al boxeador retirado Julio César Chávez con narcotraficantes como Francisco Arellano Félix, Ismael “El Mayo” Zambada y Héctor “El Güero” Palma. Chávez difundió un comunicado en redes sociales donde exigía una disculpa pública por parte del diario por considerar lo expuesto en el artículo de opinión “carece de veracidad y fundamento”. Esto a pesar de que en conferencia de prensa Chávez aceptó que durante años mantuvo relaciones cercanas con líderes criminales. Alemán difundió varios de los mensajes que recibió vía Twitter, en los cuales además de proferirle insultos y amenazas, le exigen retractarse. Varios de ellos estaban acompañados de fotografías de hombres armados. El boxeador no emitió pronunciamiento alguno respecto a este caso, ni tampoco ninguna organización protectora de la libertad de expresión como Artículo 19.

Crimen y mezquindad

La madrugada del 8 de febrero, un comando armado irrumpió en el domicilio de la reportera Anabel Flores Salazar y se la llevó con rumbo desconocido; un día después, su cuerpo fue localizado cerca de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, en una zona que se encuentra a unos 15 kilómetros de Veracruz. La periodista colaboraba en los diarios El Buen Tono y El Sol de Orizaba, donde cubría la fuente policiaca.

Desde el momento en que se reportó su desaparición, la Fiscalía de Veracruz manifestó que se investigarían “todos los probables vínculos de la reportera”, sugiriendo al crimen organizado como línea principal de la indagatoria. Es decir, una vez más, las autoridades judiciales veracruzanas recurrían a esta argumentación como una salida rápida ante la presión social por este nuevo asesinato en contra de un informador.

Este crimen exhibió la insensibilidad de unos medios y la mezquindad de otros, respecto al asesinato de Anabel Flores. En los portales Proceso, Emeequis y Aristegui Noticias, se exhibió la imagen de la reportera muerta y semidesnuda, situación que fue cuestionada por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONUMujeres), organismos que consideraron que dichos medios atentaron contra la dignidad de la periodista. Asimismo, condenaron que la Fiscalía General de Veracruz haya criminalizado a Flores Salazar con base en comentarios de redes sociales y versiones periodísticas no confirmadas y no por medio de una investigación. Por otra parte, en un afán de deslindarse de Flores Salazar, a quien las autoridades vincularon prematuramente con el crimen organizado, el director y propietario del diario El Buen Tono, José Abella, señaló que ella sólo colaboró eventualmente en el rotativo como freelance y más aún, en entrevista para Radio Fórmula el 17 de febrero, declaró que Anabel Flores estaba ligada con los grupos criminales, quienes le daban dinero que ella a su vez distribuía para “callarles la boca” a los reporteros para que no informaran lo que realmente acontecía en la región. Aseguró que Flores cobraba piso, traía guaruras y ganaba 6 mil pesos. El pasado 5 de mayo, la Fiscalía de Veracruz dio por concluido el caso al emitir un comunicado en el cual aseguró que detuvo al autor material del crimen, aunque no reveló su identidad ni las circunstancias de la aprehensión. Se limitó a decir que se trata de alguien “muy cercano” a la hoy occisa.

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