Encabeza México la lista los países con más riesgo para periodistas en AL: ONU

De acuerdo con Frank La Rue, relator especial de la ONU para  la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, 66 periodistas han sido asesinados 12 permanecen desaparecidos en México entre 2000 y 2010, lo que convierte a nuestro país en el más peligroso de América Latina en el ejercicio de este oficio.

La falta de voluntad política por parte de  la Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas de la PGR, a decir del funcionario, es parte de este problema, ya que, abunda,  desde 2006, año en que fue creada, no ha alcanzado la sanción penal de un solo responsable y ha consignado apenas cuatro casos.

Lo expresado por La Rue forma parte del informe final sobre la misión oficial conjunta con la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, del 9 al 24 de agosto de 2010.

En el periodo referido, La Rue y Botero visitaron el Distrito Federal y los estados de Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Edomex, durante el cual se reunieron con autoridades gubernamentales, legislativas y judiciales, a escala federal y estatal, además de organizaciones de la sociedad civil, de periodistas y otros actores destacados.

El documento establece que la ausencia de una política pública integral tendiente a garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio, imposibilita que la sociedad mexicana contribuya a combatir el crimen organizado, la delincuencia y la corrupción, y que ejerza un control activo e informado sobre las acciones del Estado para enfrentar el crimen y proteger a la población.

La Rue informó que en su visita a nuestro país careció, en algunos casos, de información concreta en torno a condenas penales y administrativas, por lo que urgió por una política contra el crimen en defensa de las y los periodistas. 

En el mismo contexto, el relator señaló la necesidad de crear un mecanismo de protección para los comunicadores, el cual, dijo debe ser aplicado mediante un comité oficial e interinstitucional de alto nivel. Precisó que debe ser liderado por una autoridad federal, y contar con capacidad de coordinación entre las diversas autoridades y órdenes de gobierno; con recursos propios y suficientes, al tiempo que recomendó la participación de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en el diseño del esquema, así como de su funcionamiento y evaluación.

"La violencia se ha extendido a grado tal que en el primer semestre de 2010 medios de comunicación nacionales sufrieron intimidaciones y presiones por parte del crimen organizado para publicar o no cierta información; algo que con anterioridad afectaba principalmente a los medios estatales y locales", establece.

El funcionario recomendó fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República y a las procuradurías locales.

Con información de El Universal.