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Honduras: democracia fallida

07 de julio, 2009
María Cristina Rosas

La democracia es como la salud: se toma conciencia de su importancia en el momento en que se ausenta. Cuando una persona se enferma, lamenta no haber hecho caso de los síntomas presentados, o deplora no haber ido con el médico a tiempo, o bien, se reprocha haber desdeñado las sugerencias de la familia y los amigos. Con la democracia pasa lo mismo: a través de ella interactúan las sociedades y sus autoridades. La democracia provee a unos y otros de instrumentos para trabajar, en principio, a favor del proyecto nacional, generando normas cuya observancia es fundamental, dado que lo que está en juego es la existencia misma de la nación. Pero las democracias se enferman y cuando así ocurre, es necesario atender los síntomas y las dolencias, porque, no hacerlo, puede empeorar las cosas. También es importante recordar que la democracia no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr el bienestar social.

La democracia, igual que la salud, demanda cuidados. Así como las personas son susceptibles a las enfermedades, la democracia enfrenta desafíos. En América Latina se han dado pasos importantes a favor de la democracia, logrando que los gobernantes del área lleguen al poder, independientemente de su filiación política, por la vía de las urnas. Las relaciones entre civiles y militares se encuentran en un punto en el que los segundos se subordinan a los primeros, apoyando la institucionalidad. Es verdad que diversos países, alcaldías y municipios latinoamericanos son gobernados por regímenes que tienen una orientación de izquierda o centro-izquierda, pero la democracia lo permite, dado que, en última instancia, ésta se alimenta de la diversidad.

Las sociedades latinoamericanas por supuesto que son críticas de los regímenes que las gobiernan. América Latina tiene la peor distribución del ingreso a nivel mundial. Su presencia en la economía global es insignificante. La crisis financiera golpea la calidad de vida a través del desempleo, la caída en el poder adquisitivo, el aumento de la delincuencia y la inseguridad. La corrupción es impugnada, porque los costos políticos, económicos y sociales que entraña son intolerables. Las preferencias políticas de los ciudadanos latinoamericanos utilizan a la democracia para buscar opciones: si se equivocan en sus preferencias –o bien, si los gobernantes no cumplen con su trabajo satisfactoriamente–, corresponde a los gobernados decidir su remoción utilizando, para ello, los mecanismos institucionales existentes. Así se ha hecho costumbre en la región, lo cual marca un giro respecto a otras épocas en que los regímenes y ciertas élites dispusieron aquello que más convenía a sus intereses, lejos de, o a espaldas del pueblo.

Pero lo ocurrido en Honduras da cuenta de la fragilidad del pacto social, de las relaciones civiles-militares y de la facilidad con que se puede dar marcha atrás a situaciones que se consideraban superadas. Lo más curioso es que la derecha hondureña ha estado dispuesta a arriesgar el todo por el todo, incluso recurriendo a las fuerzas armadas, a fin de deponer a un gobierno que se instaló en la cúspide del poder, no por la lucha armada, sino por la vía de las urnas.

De hecho, Honduras viene a ser una prueba de fuego para las derechas en América Latina, porque las izquierdas ganan terreno (ciertamente no es el caso de México, como quedó de manifiesto en los recientes comicios). Claro que se puede debatir si las izquierdas han adecuado sus propuestas de gobierno, acercándolas a posturas de centro o centro-derecha (piénsese en el caso de Lula Da Silva). Igualmente se puede argumentar que algunas izquierdas, en aras de ganar en las urnas, echan mano de candidatos que ni siquiera han sido genuinos militantes (como lo ilustra la victoria del periodista Mauricio Funes en los comicios salvadoreños, quien fue postulado por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN). Hay quienes consideran que en términos de plataformas políticas es muy difícil encontrar diferencias sustanciales entre los candidatos de las derechas y los de las izquierdas porque éstos últimos se convirtieron en izquierdas de moderación extrema. Pese a todo ello, no es válido recurrir a la fuerza bruta para deponer al régimen de que se trate.

La comunidad internacional, en general, deplora las acciones auspiciadas por la clase política (al menos, una parte de ella, vinculada directamente a la derecha), el clero, los intereses empresariales, el poder judicial, y, por supuesto los medios de comunicación que llevaron a cabo, en su conjunto, al golpe de Estado en Honduras. Dicho golpe de Estado no instaló a las fuerzas armadas en el poder (hecho que no debe pasar inadvertido, porque es una diferencia importante respecto a golpes de Estado previos en América Latina), pero colocó al Presidente del Congreso Nacional de Honduras en la primera magistratura. De hecho, el papel de las fuerzas armadas se limitó a arrestar y deportar al Presidente el pasado 28 de junio. Ante esto, el Grupo de Río, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y gran parte de los gobiernos del mundo critican lo sucedido y piden la reinstalación de Manuel Zelaya en el cargo.

Es verdad que Zelaya era crecientemente impopular y que había tomado decisiones polémicas, incluyendo, por supuesto, la propuesta de contravenir la Constitución vigente al convocar a un referéndum para que la ciudadanía se pronunciara respecto a la reforma de la Carta Magna, sabiendo que a esto se oponían el Congreso y el Poder Judicial. El propósito de la reforma sugerida era modificar los límites del período presidencial.

Zelaya fue electo tras los comicios de 2005, habiendo siendo postulado por el Partido Liberal. Sucedió en el cargo al panameño (sí, nacido en Panamá) Ricardo Maduro, del Partido Nacional. En sus primeros años de gobierno, Zelaya lidió con el aumento en los precios de los hidrocarburos, logrando gestionar el apoyo de Venezuela y del Presidente Hugo Chávez a fin de acceder al codiciado oro negro en condiciones preferenciales (por cierto que México debió haber cumplir la promesa que le hizo el entonces presidente Fox a los países centroamericanos, de abastecerlos con petróleo, también en condiciones preferenciales, sobre todo tomando en cuenta que el área está llamada a ser una zona de influencia mexicana, en tanto Venezuela se ha posicionado con una diplomacia más agresiva e inteligente).

Asimismo, durante su gestión, Zelaya logró la condonación de mil 400 millones de dólares correspondientes a la deuda que el país tenía contratada con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Claro que el acercamiento de Zelaya con Chávez y el ingreso de Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), son elementos que explican, al menos en parte, el golpe de Estado.

Un hecho que no debería pasar inadvertido es el papel de Estados Unidos en esta crisis. El gobierno de Barack Obama ha deplorado los hechos. Sin embargo, su accionar es suave, amén de que es muy difícil imaginar que el embajador de EU en Tegucigalpa no tuviera conocimiento de lo que se estaba fraguando, pese a lo cual Washington permitió que sucediera. Es posible que a Estados Unidos le molestara el acercamiento entre Zelaya y Chávez y que por ello asumiera una actitud más contemplativa de los acontecimientos, en lugar de ejercer presiones decisivas para garantizar que se restablezca la institucionalidad en Honduras. Pero ni al gobierno de Obama ni a las relaciones interamericanas les viene bien que esta situación continúe, dado que, además de sentar un pésimo precedente para la nueva administración estadunidense, parece estar enviando señales equivocadas respecto a la institucionalidad, las relaciones civiles-militares, y otros aspectos relevantes para las naciones latinoamericanas.

En este sentido, Estados Unidos, si realmente desea presionar a los golpistas, debe, entre otras cosas:

  • Suspender de inmediato toda la ayuda militar que le procura a Honduras (el país es el tercero más pobre del continente, y se beneficia con créditos por 46 millones de dólares de parte de Washington);

  • Reconsiderar los acuerdos existentes con Honduras que hacen posible que los más de 70 mil hondureños que residen en EU, envíen remesas que son vitales para la economía del país centroamericano:

  • Convocar a otras naciones poderosas a desarrollar medidas similares;

  • Reforzar la condena de la comunidad internacional (en el momento de escribir éstas líneas se mencionaba en diversos círculos políticos y diplomáticos que tanto Taiwán como Israel reconocían a Micheletti, situación que, de ser cierta, es muy grave, sobre todo porque ambas naciones son muy cercanas a Estados Unidos, lo que, de nuevo, parecería estar enviando señales equivocadas).

Vale la pena mencionar también lo que debería hacer México, país que se ve directamente afectado por los sucesos que acontecen en América Central, sea vía las migraciones indocumentadas, el crimen organizado y/u otros temas que requieren una cooperación amplia con la región. Si bien tras el golpe de Estado México aplicó la Doctrina Estrada, llamando a consultas a su embajador en Tegucigalpa, lo cierto es que las relaciones con América Central se encuentran en un punto muy lamentable. En el inicio de la administración de Vicente Fox, parecía que las relaciones con la región tendrían el perfil que les corresponde, al darse a conocer la iniciativa del Plan Puebla-Panamá (PPP), que inicialmente tuvo un alto perfil al depender directamente de la oficina de la presidencia, para después pasar a ser un programa muy menor a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Sobra decir que otros países le han ganado un amplio terreno a México en Centroamérica, destacando el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, América Central y la República Dominicana (CAFTA-DR), en vigor desde 2004, más las acciones de Venezuela, quien además de proveer combustibles baratos a los centroamericanos, auspicia distintos programas sociales. El Plan Mérida es otra iniciativa estadunidense donde se definen agendas en el terreno de la seguridad regional a partir de los intereses de Washington.

No basta con que México le ofrezca asilo político a Manuel Zelaya (dicho sea de paso, en México han residido figuras políticas centroamericanas requeridas por la justicia de sus países). Finalmente el regreso de Zelaya a Honduras no será sencillo porque las relaciones entre los poderes del país se han violentado (por ejemplo ¿cómo podrá trabajar Zelaya en una nación donde los sectores clave, incluyendo las fuerzas armadas, no están de acuerdo con las pretensiones del ahora exiliado mandatario?). De ahí que México deba encabezar una iniciativa latinoamericana (como lo hizo en los 80 al lado de Venezuela, Colombia y Panamá, con el Grupo Contadora) para mediar en esta crisis. Si Obama decide no actuar, ello deja abierta la posibilidad (que de hecho es una necesidad) de que los países latinoamericanos, conocedores de la problemática y de lo que está en juego, tengan un papel más activo de cara a esta crisis. Siempre será más deseable ver a México y no a Estados Unidos, ejerciendo presión contra los golpistas hondureños. Pero sobre todo, México debe reformular por completo su política exterior con América Central, asumiendo un papel más activo en todos los planos, dado que su propia seguridad, estabilidad y prosperidad, pasan por la de todos esos países. Ya estuvo bien de dejar que otros tomen la iniciativa en Centroamérica. España misma, en la voz de distintos intelectuales y figuras políticas, pide que sea México quien tome cartas decisivas en el asunto (habrá que ver también si Madrid se anima a ser protagonista en la solución de la crisis hondureña, en lugar de sólo endilgarle a México todo el trabajo). Y es que la democracia en América Latina está enferma, y su primera víctima, Honduras, podría generar una epidemia de la que la región y México en particular, no podrían curarse con facilidad. Es muy difícil construir la democracia. Es muy sencillo destruirla

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