etcétera. Revista sobre medios de comunicación y periodismo

martes 22 de julio del 2014 / 14:01 Hrs.

Inseguridad y medios en México

17 de enero, 2011
Otto Granados Roldán

Reflexiones para una propuesta

Como en muchos otros aspectos fundamentales de la agenda pública, en México no hemos logrado alcanzar un consenso básico que permita aproximarnos a la discusión sensata y razonable de un dilema que puede ser planteado de la siguiente manera: dada la grave situación en materia de inseguridad, violencia y delincuencia organizada ¿dónde termina la libertad de expresión y el derecho a saber y dónde empieza la seguridad nacional y el interés general?

Desde hace ya varios años se ha generado, desde distintos ámbitos, una extendida preocupación acerca del comportamiento de los medios en el manejo de una serie de temas –violencia, pornografía, valores, adicciones, patrones de salud física, hábitos nutricionales, etcétera– que tienen enorme impacto social y comunitario. Dichas reacciones se han producido, principalmente, por el lado de distintas organizaciones privadas, más o menos vinculadas a organismos empresariales o ciudadanos, y se centran en formular un llamado a los medios para que, por ejemplo, divulguen “sólo lo mejor”.

Más marginales, en cambio, han sido las posiciones desde el círculo político, en buena medida porque lo componen actores que mantienen relaciones de conveniencia con los medios, porque no han estudiado la corrosión del fenómeno medios/violencia, porque piensan que es una discusión estéril o porque nadie quiere plantear algo que parezca acotar los espacios de libertad en los que se mueven los periodistas.

Recientemente, sin embargo, en segmentos más activos de la sociedad ha crecido el interés y eventualmente la preocupación acerca de cuál debiera ser el comportamiento de los medios en una coyuntura tan delicada y cómo conciliar libertad con responsabilidad.

La respuesta no es fácil ni unívoca. Las experiencias internacionales son muy variadas. En algunos casos, como en Gran Bretaña, se orientan sobre todo hacia la suscripción de códigos de ética o mecanismos de autoregulación, como los propuestos hace años por la Comisión Nolan. En otros, como en España, hay restricciones legales más específicas asociadas con la “propagación del terrorismo” o el “secreto sumarial”. En Estados Unidos, como se ha visto a propósito del caso Wikileaks, depende mucho del contenido específico de información para que los tribunales decidan acerca de su divulgación. En México, la legislación contempla tipos penales o civiles para determinados delitos relacionados con lo que los medios publican pero para nada referida al problema actual derivado de la creciente inseguridad y al nuevo escenario que el hecho sugiere.

Hay varias perspectivas de análisis. Una tiene que ver con el hecho de analizar si la forma en la que los medios informan los temas de seguridad es la más eficiente en una perspectiva más amplia –la de la estrategia del gobierno en este campo– y por ende para el interés general. Otra es saber cuáles son las relaciones reales entre medios y delincuencia, cómo estos se han apoderado, como al parecer ocurre en medios de la frontera norte, de redacciones y líneas editoriales, o sencillamente qué tanto, por temor o complicidad, algunos medios sirven deliberadamente a la delincuencia o a la transmisión de sus códigos de comunicación. Y, finalmente, qué influencia tienen los medios, en la forma en que difunden estas noticias, en la transmisión de antivalores. Veamos.

En el acuerdo firmado por los gobiernos y distintos sectores sociales a favor de la legalidad, la justicia y la seguridad, en agosto de 2008, los representantes de los propietarios de los medios se comprometieron, entre otras cosas, a lo siguiente:

- Incrementar contenidos que fomenten la cultura de la legalidad, la cultura de la seguridad y la denuncia.

- Definir y publicar, cada medio, estándares de actuación profesional en su cobertura informativa que evitaran “hacer apología del delito y respete integralmente la dignidad de las víctimas… la difusión de información que ponga en riesgo la seguridad de los familiares y personas cercanas a las víctimas” así como a establecer “criterios que definan los casos en que la publicación de información se realice sin atribuirla a reporteros en lo particular, a fin de proteger su integridad”.

Como era de esperar, este catálogo fue sólo de buenas intenciones, no pasó absolutamente nada y las encuestas sugieren que el 83% de los mexicanos percibe que la situación de inseguridad es peor que hace un año. La muerte súbita de ese compromiso la explicó bien Gonzalo Leaño, director del diario Ocho Columnas de Guadalajara y presidente de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos (AME), que asocia 120 periódicos: “simplemente es un acuerdo de voluntades. Sobre la posibilidad de censura no lo creo. No existe ninguna, jamás ha sucedido, no nos prestaremos a eso (…). Se trata de que los medios hagamos lo que sea posible y publiquemos lo que sea necesario”. Pero, ¿qué es lo posible y qué lo necesario?

La renuencia de los medios a pactar algo concreto tiene varias explicaciones. La primera es en efecto la defensa de lo que ellos consideran un ejercicio libre del periodismo y del derecho a expresarse. La segunda es el temor a que una entidad externa les diga qué es lo que deben difundir. Pero hay otras dos más delicadas. 

Una es que el manejo de la información y de las fuentes dentro de los medios, así como sus propias operaciones financieras –con la excepción parcial de aquellos que cotizan en bolsa y que son sólo dos televisoras–, son zonas sobre las cuáles los medios han construido un verdadero blindaje ante cualquier escrutinio externo. La otra, sobre todo en estados y municipios contaminados por la delincuencia, es que ésta y los medios tienen con frecuencia más nexos de los que se saben públicamente o se quiere reconocer.

Ahora bien, ¿qué impacto tiene la forma tan indiscriminada en que los medios publican la información sobre el fenómeno delictivo?

Los expertos señalan que, por ejemplo, cada vez que la delincuencia coloca un mensaje junto al cadáver de uno de sus ejecutados o cuando hacen advertencias en anuncios en las calles (como las mantas), e incluso cada vez que suben a Internet un video con alguno de sus crímenes, las bandas de delincuentes lo que quieren es exhibirse. Con esos desplantes, de acuerdo con analistas como Raúl Trejo Delarbre y otros, los criminales tratan de intimidar a sus adversarios y buscan reafirmarse a sí mismos dentro de sus singulares códigos de comportamiento.

Más grave aún: tales conductas intentan generar un clima de aprensión o miedo en la sociedad. Y como en esa tarea a veces encuentran la colaboración –por la razón que sea– de los medios de comunicación, las motivaciones de la delincuencia buscan un efecto social: que los medios de comunicación difundan esas fechorías porque son noticia.

El problema psico-social, sin embargo, es que la difusión reiterada de las imágenes de esos hechos puede crear, primero, un efecto de aturdimiento, después de hábito y, más tarde, de trivialización y de costumbre, provocando una reacción de desmoralización ciudadana (algo que las encuestas sugieren), de indiferencia o bien, señala el propio Trejo, que los ciudadanos terminen por “preferir la indulgencia de los criminales antes que la acción del poder público para enfrentarlos”. E incluso puede haber una consecuencia mucho más corrosiva: que la apología visual de los delincuentes termine por crear un efecto demostración, casi ejemplificador, en un segmento de la población receptora: un gobernador electo contaba recientemente que, tras la detención de “La Barbie”, se vendieron unas 40 mil playeras como la que lucía el delincuente el día en que la policía lo exhibió ante los medios.

Esos efectos paradójicos e indeseables que alcanza la exposición de hechos criminales están despertando una preocupación legítima, la cual se resume en que los medios han ingresado a una zona altamente delicada: que en ejercicio de su libertad, podrían estar contribuyendo a hacerle el juego a la criminalidad. Este es el dilema.

¿Qué hacer con él?

Una opción es que, de manera autónoma o, si acaso, bajo el estímulo de un grupo de mexicanos con elevada autoridad moral e imparcialidad política, los medios acordaran un código de comportamiento en la actual coyuntura crítica, que incluya criterios para el manejo de la información y reglas del juego aplicables a todos los participantes en materia de divulgación sobre delincuencia, inseguridad, violencia urbana, etcétera.

A pesar de que parece difícil lograrlo, básicamente porque los propietarios de medios son una élite heterogénea, desconfiada, competitiva, y, en muchos casos, incomunicada entre sí, la emergencia actual y los precedentes internacionales podrían hipotéticamente incentivar a explorar esta alternativa. 

En Colombia, bajo el principio “preferimos perder una noticia antes que una vida”, los directivos de tres docenas de medios de comunicación establecieron un “Acuerdo por la discreción” para elevar la calidad y propiciar la responsabilidad en la cobertura periodística de hechos violentos. El Acuerdo de los medios colombianos, suscrito en noviembre de 1999 a iniciativa de la Facultad de Comunicación y Periodismo de la Universidad de La Sabana en Bogotá, estableció compromisos como los siguientes:

- El cubrimiento informativo de actos violentos –ataques contra las poblaciones, masacres, secuestros y combates entre los bandos– será veraz, responsable y equilibrado. Para cumplir con este propósito, cada medio definirá normas de actuación profesional que fomenten el periodismo de calidad y beneficien a su público.

- No presentaremos rumores como si fueran hechos. La exactitud, que implica ponerlos en contexto, debe primar sobre la rapidez.

- Fijaremos criterios claros sobre las transmisiones en directo, con el fin de mejorar la calidad de esa información y evitar que el medio sea manipulado por los violentos.

- Estableceremos criterios de difusión y publicación de imágenes y fotografías que puedan generar repulsión en el público, contagio con la violencia o indiferencia ante ésta.

Otros medios han formulado “declaraciones de principios” que rigen su política editorial e informativa. Por ejemplo, El País, de España, en su Principio 1.5: “Las falsas amenazas de bomba no deberán ser recogidas como noticia, salvo que acarreen graves consecuencias de interés general. Estas informaciones no hacen sino favorecer al delincuente y extender este tipo de conductas”.

Por su parte, el profesor Manuel Vidal Noguera, de la Universidad Javeriana en Bogotá, después de calificar como narcoterroristas a las acciones criminales con las que la delincuencia busca amedrentar a la sociedad y el Estado, explica: “El narcoterrorismo necesita la publicación espectacular de los hechos, y dentro de ella da la bienvenida a los adjetivos que se empleen, aún para condenarla, pues ellos potencian sus nefastos efectos”.

Otra opción es que un conjunto de universidades expertas en el análisis de medios, y con financiamiento público, construyeran un monitor, una especie de ombudsman colectivo, que diseñara una metodología suficientemente rigurosa para evaluar el tratamiento que un conjunto seleccionado de medios dan a los temas de seguridad, delincuencia y violencia, y emitiera un reporte trimestral calificando el desempeño de esos medios en esta materia.

Para el caso actual de México, la sola existencia de un acuerdo en torno a principios básicos sería útil tanto para que los periodistas orientaran la cobertura de hechos suscitados por la delincuencia organizada como para que los televidentes, lectores y radioescuchas evalúen el desempeño de los medios.

Lo único que no puede funcionar en un contexto atípico y tan delicado, es que los medios sigan envolviéndose en el discurso, entre heroico y demagógico, de “libertad a toda costa”. Aún a costa, desde luego, de que el deterioro en materia de violencia e inseguridad sea imparable o de sostener los medios complicidades, tratos, favores y relaciones que no se atreven a decir su nombre.

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